Cinco municipios de Catalunya Nord han sido juzgados por el tribunal administrativo de Montpellier por haber integrado en su reglamento interno la posibilidad de expresarse en catalán a los plenos municipales. La decisión del tribunal, que se conocerá el 9 de mayo, podría sentar jurisprudencia. Sería un gran paso adelante por la consideración de las lenguas llamadas «regionales» no solo en Catalunya Nord, sino en todo el estado francés, si es favorable a los alcaldes que fueron a juicio. Es lo que espera su defensa, a pesar de la posición beligerante expresada por la relatora o ponente pública del tribunal, una magistrada en teoría independiente que asiste a la vista y propone una solución.
El día de la vista, el 18 de abril, la sala de audiencia del tribunal administrativo de Montpellier estaba llena. Representantes de asociaciones y actores culturales se habían desplazado hasta allí para apoyar a los alcaldes convocados y asistir a un juicio que podría ser histórico. A la audiencia comparecían cinco municipios que se oponían al Estado y a su representante local, el prefecto. El movimiento municipal para integrar el catalán en los debates de los plenos surgió de la iniciativa del municipio de Elna, que fue el primero, en septiembre de 2022, en cambiar su reglamento interno. Los meses siguientes, dieciséis municipios adoptaron la misma decisión, pero la mayoría se retractaron después ante la oposición del Estado francés. El prefecto, Rodrigue Furcy, había pedido a los alcaldes retirar la deliberación en catalán después de un control de legalidad. Según el Estado, la utilización del catalán en el ámbito público discriminaría la os electos no catalanófonos. A pesar de la intervención de la prefectura, cinco pueblos mantuvieron la decisión: Elna, Tarrerac, Portvendres, Els Banys d’Arles y Sant Andreu de Sureda.
Legislación en defensa del francés que usan contra el catalán
Como argumento, el Estado se apoya en el artículo 2 de la Constitución francesa, integrado en el texto en 1992 y que precisa que “la lengua de la República es el francés”. En el momento de aquella revisión constitucional, hace más de 30 años, el ministro francés de Justicia aseguró que “esta precisión no perjudicaría a las lenguas regionales”, sino que el objetivo era luchar contra los anglicismos. Paralelamente, en sus argumentos el Estado también menciona la ley Toubon, que ratifica que el francés es “la lengua de la enseñanza, del trabajo, de los intercambios y de los servicios públicos”. Según la prefectura de Perpiñán, si bien el artículo 75.1 de la Constitución estipula que “las lenguas regionales pertenecen al patrimonio de Francia”, no tienen ningún estatuto oficial ni público. Por esta causa, el Estado se basó, en un primer momento, en el edicto de Villers-Cotterêts del 1539, del rey Francisco I, que impuso el francés en los documentos públicos para luchar contra la influencia de la Iglesia. Una vez más, la defensa del francés cueste lo que cueste, revela una gran paradoja muy francesa, según el alcalde de Portvendres, Gregory Marty: “Es absurdo de ver que, en nuestro pueblo, el Estado nos permite enseñar una lengua que después rechaza cuando la queremos utilizar oficialmente”.
Argumentos de la defensa de los alcaldes enjuiciados
El abogado Mateu Pons lleva la defensa de los municipios de Elna, Tarrerac y Portvendres. Con una sonrisa franca, detalla su estrategia: “El problema no es la lengua catalana, sino las fantasías del prefecto y del Estado, y su desconfianza de cara a los representantes electos”. A la relatora pública le preocupaba que el catalán se use antes el francés, cosa que cree que debilita la primacía del francés.
A Mateu Pons se le oyó exclamarse en la sala de audiencia de Montpellier: «La relatora pública confunde primacía y primicia como velocidad y precipitación. Cómo dice el evangelio de San Mateo, los últimos serán los primeros!». Si bien los debates orales son bilingües, la transcripción escrita se hace solo en francés, y es lo que prevalece a la hora de validar las decisiones. Mateu Pons también insistió sobre el espíritu de la revisión constitucional del 1992, que supuestamente garantizaba que no habría ningún perjuicio para las lenguas llamadas
Esperan una jurisprudencia para todo el Estado
El pasado 9 de marzo, el tribunal administrativo de Bastia consideró ilegal la decisión de la colectividad de Córcega que estipula en su reglamento que “las lenguas de la Asamblea son el corso y el francés”. El prefecto de Córcega, Pascal Lelarge, había topado con una fuerte resistencia del presidente de la asamblea, Gilles Simeoni, que alertó de «la necesidad absoluta de una revisión constitucional». En este sentido, el abogado Mateu Pons parece tener confianza: «Si conseguimos integrar el catalán a los plenos municipales, esta jurisprudencia beneficiará a todas las lenguas regionales del Estado. Desde su humildad, la aportación de la Catalunya Nord a las otras culturas sería inmensa».
