Aviso del Consejo de Europa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por el 25% de castellano en la escuela. Según un informe publicado por el comité de expertos para la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, el organismo ve con una “gran preocupación” la sentencia que obliga a impartir una cuarta parte de las clases en castellano en una escuela con solo que una familia lo pida. El documento considera “incompatible” este tipo de decisiones con los compromisos adquiridos por el Estado español como firmante de la carta y reclama a las autoridades españolas que tomen “todas las medidas necesarias” para revertir la situación.
El Consejo de Europa es una organización internacional —que no se tiene que confundir con el Consejo Europeo, que los forman los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, ni con el Consejo de la Unión Europea— que defiende los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho en Europa. Cuenta con 46 Estados miembros —los 27 de la UE y otros 19, entre los cuales hay Ucrania o Turquía— y seis más que hacen de observadores, como Estados Unidos, Canadá, Japón o Israel.
Preocupación por la aplicación de cuotas generalizadas
“El comité de expertos está profundamente preocupado por una serie de decisiones judiciales adoptadas por los tribunales superiores de justicia autonómicos y confirmadas por el Tribunal Supremo, la ejecución de las cuales ha generado incertidumbres sobre el uso de la lengua en la enseñanza en varias comunidades autónomas”, alerta el informe. El organismo recuerda a España que cuando firmó la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias optó por el nivel de protección “más elevado”, lo cual implica “impartir una enseñanza con la lengua regional o minoritaria como medio de instrucción”.
Así mismo, el comité de expertos del Consejo de Europa defiende adaptar la enseñanza al entorno sociolingüístico de cada centro y rechaza las cuotas mínimas con carácter general. “En determinadas escuelas, según su entorno sociolingüístico, salvaguardar el aprendizaje de la lengua oficial del estado puede comportado la necesidad de reforzar la enseñanza utilizándolo por medio de una o más asignaturas”, explica. “Pero fijar un porcentaje mínimo de enseñanza en castellano para cada centro educativo es claramente contrario a los compromisos aceptados por España en virtud del artículo 8 de la carta europea”.
El catalán, minoritario en los juicios
El Consejo de Europa también considera que el Estado español tiene mucho camino por recorrer para asegurar que el sistema judicial garantiza los derechos lingüísticos de los catalanes. Según el informe del comité de expertos, la legislación española actual “no garantiza que los juzgados puedan llevar a cabo procedimientos en la lengua regional o minoritaria oficial a petición de las partes”. Tampoco “parece que las partes en el proceso sean informadas específicamente de esta posibilidad en ningún momento, independientemente de si la parte tiene conocimiento o no del catalán”. De hecho, la “mayoría” de órganos judiciales deniega las peticiones de recibir documentación en lenguas oficiales regionales o minoritarias y constatan el “bajo” número de diligencias que se hacen en catalán.
