«Hace muchos años que estamos invisibilizadas. Durante décadas no ha habido ninguna mejora». El personal de atención educativa del Departamento de Educación, es decir, los profesionales que forman parte del colectivo de técnicas especialistas en educación infantil, educadoras de educación especial, técnicas de integración social, educadoras de guarderías, auxiliares de educación especial, logopedas, audioprotesistas y fisioterapeutas que trabajan de la mano con los docentes en la escuela catalana, lleva años batallando para conseguir «dignificar» su sector, ya que denuncian que han sido históricamente «invisibilizados» por parte de la administración catalana. El principal problema es que el personal de atención educativa está incluido en una categoría profesional inferior a la que consideran que les correspondería: «Estamos contratados en una categoría inferior a la que nos corresponde por titulación», lamenta Laia Llensa, técnica especialista en educación infantil y representante sindical de CGT Laborals Enseñanza, en conversación con El Món.
En detalle, actualmente, los miembros de este colectivo se encuentran en la categoría C -estipulada en el VI Convenio colectivo del personal laboral de la Generalitat-, aunque aseguran que les correspondería formar parte de la categoría B. En el caso de los fisioterapeutas la situación es la misma, pero con dos categorías diferentes, ya que actualmente forman parte del grupo B, pero deberían estar incluidos dentro del grupo A1. Desde las organizaciones sindicales del sector argumentan que con la reforma de la normativa española -la LOE- las titulaciones que tienen estos profesionales deberían hacerles subir de categoría, ya que el título de técnico superior pasa a ser considerado como título superior al mismo nivel que la educación superior, como los estudios universitarios.
Esta clasificación incorrecta no solo comporta un «menosprecio» del colectivo, según denuncian, sino que también supone un agravio económico: «La reclasificación profesional hasta el nivel que les corresponde comportaría un incremento de 300 euros mensuales», argumenta la portavoz nacional de USTEC, Iolanda Segura, que alerta que el personal de atención educativa no está «valorado como se debe» dentro del sistema escolar catalán. Una cantidad que, multiplicada por las 14 pagas, escala hasta los 4.200 euros anuales. Este aumento salarial, pues, permitiría desahogar económicamente a estas profesionales que cobran, de media, un sueldo mensual de 1.300 euros: «Hay muchas que no llegan a fin de mes, o que tienen que buscar más de un trabajo para poder vivir», denuncia la portavoz del sindicato mayoritario del sector.
Un convenio colectivo «desfasado»
Para la sindicalista, el agravio de la infracategorización radica en el hecho de que el convenio colectivo está completamente «desfasado»: «El convenio sobre el cual se basan las categorías profesionales, que es del 2008, es una anomalía», exclama la portavoz del sindicato mayoritario. En esta línea, la educadora de educación especial de la Escuela Mediterrània de Roquetes Carme Expósito apunta que es fundamental «revisar» el convenio actual para adaptarlo a las nuevas necesidades del sistema educativo: «Ahora estoy cobrando unos 1.400 euros al mes por un trabajo que conlleva mucha responsabilidad», lamenta Expósito, que detalla que, además de la infracategorización, también se encuentra en una situación de incertidumbre laboral: «Estoy trabajando para cubrir una vacante que ahora ha salido a concurso de traslados, y no tengo ninguna información sobre qué me pasará. Ni siquiera sé cuándo se me acaba el contrato», asegura la educadora de educación especial.
En este sentido, Expósito también asegura que para «dignificar» la profesión y trabajar en la «inclusión real» dentro de la escuela -una situación que consideran que no se está cumpliendo- también sería necesario reformular las tareas: «Pedimos también que se reduzcan las horas de atención directa [es decir, las horas que se dedican a los niños con necesidades especiales] a partir de los 55 años, ya que son tareas con mucho desgaste físico y psicológico«, argumenta la educadora de la Escuela Mediterrània de Roquetes, que considera que, a partir de esa edad, se podrían hacer más horas de tareas de preparación, por ejemplo. Este cambio, pues, también contribuiría a mejorar las condiciones laborales del sector: «Tenemos un trabajo muy importante, pero necesitamos cambios. Mientras se apuesta por más inclusión en la escuela, parece que la administración va en línea contraria», concluye Expósito.
Niubó da un primer paso adelante
La batalla para «dignificar» al colectivo de personal de atención educativa lleva décadas arrastrándose, y hasta ahora había quedado bastante en un segundo plano. La presión sindical y de los trabajadores de este colectivo, sin embargo, ha terminado dando sus frutos. El martes 8 de abril, coincidiendo con la jornada de huelga convocada por USTEC y la CGT -la cual tuvo un seguimiento del 6,85%, según datos facilitados por la consejería de Educación-, representantes de las organizaciones de trabajadores se reunieron con varios altos cargos de la cartera que lidera Esther Niubó para abordar el conflicto. De este encuentro, fuentes del departamento aseguran a El Món que la consejería se ha comprometido a «revisar todos los puestos de trabajo [es decir, las funciones, la formación necesaria, la categoría…]» y, una vez revisados, «evaluar si hace falta una reclasificación». Es decir, que desde el departamento abren la puerta a esta reclasificación profesional, pero no aseguran al cien por cien que se termine llevando a cabo.
Por otro lado, en relación con el Comité Intercentros, las mismas fuentes apuntan que «se han pactado dos propuestas de trabajo para revertir la situación del personal laboral de educación y se pondrán en marcha este mes de abril con dos mesas de negociación». Concretamente, estos encuentros se llevarán a cabo el 30 de abril. Estos compromisos de la consejería, pues, suponen un primer paso adelante para resolver la histórica lucha del colectivo: «Es un paso adelante que hasta ahora, durante veinte años, no se había conseguido», argumenta Iolanda Segura. En esta línea, desde la CGT también comparten que la administración encabezada por Niubó también ha demostrado que hay «una voluntad de cambio», pero mantienen que la batalla continuará hasta conseguir resolver las reclamaciones del sector: «Somos conscientes de que los cambios se consiguen desde la calle. Y lo seguiremos haciendo», mantiene Laia Llensa, que asegura que, durante la reunión, la consejería les dejó claro que comprendían que «las necesidades han cambiado» y que, por tanto, había que adaptarse a las nuevas. Este primer paso adelante de la administración catalana, sin embargo, aún no pone el punto final a un conflicto histórico dentro de la comunidad educativa.
