Los docentes de la Cataluña Central dan marcha atrás y no harán huelga el próximo 23 de septiembre, convocada inicialmente para apoyar a los afectados de un gran desalojo que repercutía en una decena de niños escolarizados en Manresa. La administración ha terminado adquiriendo el inmueble afectado por un valor superior al medio millón de euros y ha detenido así el lanzamiento previsto en septiembre. Según ha podido saber El Món, la intención es detener la protesta y convocar una reunión en septiembre de la mesa sindical para redactar “un documento de evaluación”.
La plataforma Docentes por el Derecho a la Vivienda de la Cataluña Central había impulsado, con el apoyo de tres sindicatos de docentes, la primera huelga de estas características en Cataluña. El objetivo era apoyar a los nueve niños de la zona que viven con sus familias ocupando el Bloc 8 del pasaje de Tudela (Manresa) y estaban amenazados por una denuncia impulsada por el fondo Cerberus, propietario del inmueble.
Después de casi un año de negociaciones fallidas, el Ayuntamiento de Manresa y la Agencia de Vivienda de Cataluña han anunciado la compra final del inmueble. La Generalitat se hará cargo de 540.000 euros y la administración local asumirá los 60.000 restantes, una decisión celebrada por los movimientos activistas y criticada por la oposición. Junts y el PP se han desmarcado asegurando que el consistorio ha “claudicado” por no afrontar las quejas en un caso cada vez más mediático. El movimiento recuerda al de la Casa Orsola de Barcelona, que se había convertido en un símbolo de la vivienda y finalmente pasó a vivienda pública con dinero del Ayuntamiento de Jaume Collboni.
Inspirados en la rebelión que hubo en Salt hace dos años
Los docentes habían convocado huelga para poder desplazarse al lanzamiento y forzar un nuevo aplazamiento. Habría sido la primera gran parada del mundo educativo ante un desalojo, inspirada en otros movimientos menos drásticos impulsados en otras localidades. Una rebelión en Salt (Gironès) el invierno de 2024 en contra de una cadena de desalojos puso este tipo de acciones en el centro de las miradas. Docentes gerundenses agrupados en la plataforma Docentes 17190 –el código postal de Salt– acusaron entonces a Educación de inacción ante los desalojos, forzando a la administración a reunirse con los activistas y las escuelas implicadas.
Dos años más tarde, desde la plataforma aseguran a El Món que la infravivienda se ha “cronificado” en Salt y que la administración “no da una respuesta estructural”. En el año 2023, el departamento creó el Registro de Violencias del Alumnado, una base de datos pensada para agrupar todas las situaciones de violencia que recibe un niño escolarizado, pero tampoco esta herramienta ha terminado de convencer al profesorado. “Hemos intentado recoger los desalojos en esta aplicación, pero no recibimos ninguna respuesta”, ha apuntado Jeremy Buck a este diario.
Otras plataformas de docentes en favor del derecho a la vivienda, como Docentes 080 (Barcelona), también critican la falta de acompañamiento de las administraciones a los niños que viven en riesgo de desalojo. Desde la capital piden tanto a Educación como al Ayuntamiento que les faciliten los datos de desalojo de forma confidencial para poder hacer un mejor acompañamiento a los niños afectados.
