Los docentes de la Cataluña Central están llamados a una huelga en septiembre en contra de un macrodesalojo que afecta a una decena de niños escolarizados en Manresa, una medida de presión pionera en el sistema educativo que amplía aún más la brecha entre los docentes y la administración. Los maestros advierten que un desalojo frena en seco el desarrollo educativo de un niño y cuestionan la falta de información que les proporcionan las instituciones en casos como este. La coordinación entre departamentos, señalan sindicatos y plataformas de docentes, es más o menos ágil cuando hay situaciones de maltrato familiar, acoso u otras violencias, pero es prácticamente inexistente en casos de desalojo.
Israel Falcó, miembro de la plataforma Docentes por la Vivienda de la Cataluña Central, subraya la “vulnerabilidad” de las familias afectadas por el macrodesalojo de Manresa, amenazadas por el fondo Cerberus después de que no se haya podido materializar la compra pública del inmueble. “No hemos podido activar ningún protocolo en las escuelas porque no hay”, se queja Falcó. “Tenemos una guía de buenas prácticas que han creado algunas entidades, pero, evidentemente, no es de obligado cumplimiento. Cuando comunicamos casos de estos, Educación nos dice que depende de otros departamentos”, concluye.
El Departamento de Educación confirma a El Món que “no hay ninguna indicación concreta” en los centros que se encuentran con niños desalojados, pero sí que hay un protocolo de actuación “ante cualquier clase de violencia en el ámbito educativo”. El documento en cuestión, que no cita concretamente los desalojos, describe “qué se considera violencia” y pide “incorporar la perspectiva interseccional” al aplicarlo, remarca el ejecutivo. Es decir, que el protocolo pide analizar todo tipo de situaciones que rodean un caso antes de actuar, “entre ellas la precariedad económica o la aporofobia”.
En todo caso, las plataformas de docentes mantienen que la administración ha ignorado casos que se han comunicado a través de los canales actuales, como el Protocolo de prevención de situaciones de maltrato infantil y adolescente en el ámbito educativo o el Registro de Violencias del Alumnado (REVA). “Consideramos que un desalojo puede entenderse como un caso de maltrato cuando hay menores implicados, pero siempre nos han dicho que el protocolo no está pensado para estos casos”, detalla Joan Artigal, miembro de Docentes 080, la plataforma antidesalojos creada por docentes de Barcelona.
En el área de Barcelona, más poblada que el resto del país, la problemática se acentúa. Según datos del Consorcio de Educación recogidos por Docentes 080 el año de su creación (2024), solo 47 centros de Barcelona (el 11% del total) concentran más de 200 desalojos. “En el cómputo global, el Ayuntamiento contabiliza unos 400 niños afectados, pero solo tiene en cuenta los casos con intervención judicial. Hay muchos otros en los que no se llega a este extremo, pero que el estrés y la vulnerabilidad que se provoca en el niño es la misma”, remata Artigal.
Los docentes piden “más información”
Desde Manresa, Falcó pone el acento en la necesidad de “tener la información”. “Puede haber un alumno con un nivel académico bajo porque sufre una situación de inestabilidad grave y que el claustro no lo sepa”, afirma el docente. Ambos activistas admiten que son informaciones “delicadas” y que hay familias “que prefieren no explicarlo”, pero reiteran que el impacto de un desalojo en el día a día de un alumno es lo suficientemente alto como para dar una respuesta “global”. En este sentido, Falcó pide “encontrar las mejores vías” para acompañar a los afectados. “La administración tiene los datos y podría pasárnoslos de forma confidencial. Servicios Sociales nos informa de todo tipo de casos menos de los desalojos”, le complementa Artigal desde la capital catalana.
Todas estas plataformas se inspiran en la rebelión que hubo en Salt (Gironès) en contra de una cadena de desalojos previstos el invierno de 2024. “No ha cambiado nada, solo en cuanto a la visión de los docentes”, explica a El Món el profesor Jeremy Buck dos años después de la revuelta. “Aquello sirvió para poner en común una inquietud que, en el fondo, es compartida por mucha gente. Quizás había desaparecido un poco del mapa, pero afecta a muchos niños y ahora ha vuelto a situarse en el centro”, detalla el docente.
A pesar de todo, Buck admite que el infravivienda se ha cronificado en el municipio gerundense y que la administración “no es capaz de formular una respuesta estructural ni un acompañamiento psicológico adecuado”. El año 2023, el departamento creó el Registro de Violencias del Alumnado, una base de datos pensada para agrupar todas las situaciones de violencia que recibe un niño escolarizado. Pero tampoco esta herramienta ha terminado de convencer al profesorado para gestionar casos de infravivienda. “Hemos intentado recoger los desalojos en este aplicativo, pero no recibimos ninguna respuesta”, cuestiona el docente.
El profesorado critica así la dejadez con que las instituciones gestionan la vulnerabilidad residencial en el ámbito educativo. El departamento resta importancia y remarca que “el recurso principal” de que disponen las escuelas para atender a niños en situación de desalojo tiene que ver “con la garantía del bienestar psicosocial”. En este sentido, Educación menciona la labor de los psicopedagogos y el programa Bienestar, que dispone de una quincena de docentes liberados para asesorar a las escuelas sobre cuestiones emocionales.
“Nosotros hemos cuestionado esta visión, porque desvía el impacto principal de un desalojo”, responde Buck. “Es una cuestión material: no tener un lugar donde dormir o hacer los deberes es el motivo principal que genera este malestar emocional”, reitera en este caso. Eso sí, más allá de seguimientos particulares, los docentes de Salt han exigido en los últimos años la creación de una mesa de trabajo. Los protocolos “podrían incluso encorsetar la realidad”, defienden en Girona; por tanto, la apuesta por una herramienta global y estable para abordar la segregación escolar y la pobreza estructural aparece de forma prioritaria en su hoja de ruta.
