Los sindicatos de docentes y el Departamento de Educación no encuentran la solución al conflicto que tensa el sistema escolar este tercer trimestre del curso. La última discrepancia, en el marco de la discusión salarial, ha alejado unas posturas que se habían acercado mínimamente con el despliegue de nuevos recursos para la escuela inclusiva. Los recursos son la clave, defienden muchos docentes, para que el modelo actual funcione. En 2017, la Generalitat aprobó, con el visto bueno de una mayoría sindical, un decreto que impulsaba –dicho resumidamente– una manera de hacer en la que la mayoría de alumnos con necesidades especiales participan de la escuela ordinaria. Pero la falta de recursos ha estancado la llegada de buenos resultados y divide a los sindicatos.
Un informe de la Sindicatura de Greuges de Catalunya concluye que, en los últimos años, los alumnos no se han reducido en los centros de educación especial. Dicho de otra manera: casi nueve de cada diez alumnos con necesidades especiales van a una escuela ordinaria. “En parte, porque Cataluña ha doblado el número de alumnos con estas necesidades», explica a El Món la adjunta a la síndica para los derechos de los niños y adolescentes, Aida Rodríguez. El informe de la sindicatura confirma que, a medida que los alumnos crecen, tienden a desaparecer de la escuela ordinaria. Este hecho, recogido en el informe, se explica por el contexto de escolarización de la ESO; centros más grandes y aulas con ratios más elevadas, con profesorado que cambia en cada asignatura, con entornos de aprendizaje más formales y “académicos”. La secundaria, admite la adjunta, “tiende a ser menos inclusiva”.
Especialmente críticos con el decreto son los referentes de Profesores de Secundaria –con representación solo en los institutos– que piden directamente revertir el decreto de inclusiva. La sindicatura admite que puede haber diferencias entre el día a día de primaria y secundaria, pero defiende que los cambios “necesitan tiempo y más recursos” y sobre todo “cambios culturales entre los profesionales”. “Hace falta dar más apoyo a la secundaria, comenzando por la formación del profesorado», concluye Rodríguez.
En líneas generales, y con la excepción del sindicato de secundaria, las organizaciones ven el decreto como una serie de buenas intenciones que ha conseguido que los alumnos estén en la escuela ordinaria, pero la falta de recursos ha frenado el progreso de una parte. El cambio de modelo, defienden los partidarios, permite al conjunto del alumnado hacer vida en sociedad y convivir con el conjunto. Y viceversa, facilita al alumnado de la escuela ordinaria encontrarse todo tipo de casos conductuales o sociales. “No es que el modelo falle, es que no lo hemos dotado de recursos para que funcione”, defiende por ejemplo el sindicato mayoritario USTEC.
Profesores de Secundaria apuesta por retroceder
“Si la educación no es inclusiva, no es educación. En eso estamos todos de acuerdo, pero hay que ver si el modelo actual responde a las necesidades de ahora. Nosotros defendemos que se debe estudiar caso por caso”, detalla en este diario el secretario general de Profesores de Secundaria, Ignasi Fernández. El sindicato cree que insistir en más recursos no servirá de nada “sin repensar el modelo actual”. “¿Cuántos miles de especialistas debemos tener”, se pregunta Fernández, “para abordar todas las realidades que tenemos”.
Algunos ejemplos que aparecen en su argumentario son los alumnos recién llegados que no saben el idioma, para los cuales la organización preferiría separarlos en otra aula para “insistir” en la lengua; o alumnos con un autismo muy desarrollado, para los cuales recomiendan las escuelas especializadas. “Evidentemente, un alumno que ha sido agredido en casa o con una enfermedad crónica debe estar en un centro ordinario”, detalla, a favor del mantra “caso por caso”. “El decreto –concluye Fernández sobre el modelo– se ha hecho como quien quiere construir un puente entre Barcelona y Mallorca sin calcular cuántas toneladas de hormigón se necesitan”.
Más recursos para impulsar el modelo
La visión del sindicato de secundaria, que representa el 19% de todo el colectivo, contrasta con las opiniones expresadas en otras organizaciones. La USTEC insiste en el modelo, aunque admite que la inclusiva “no se está abordando bien” en secundaria. “En infantil y primaria los currículos son más flexibles; en los institutos, a la presión de cumplir el expediente se le suma que es la etapa con ratios más altas”, detalla la coordinadora del grupo de inclusiva, Patrícia Morales. La CGT y la Intersindical también suman voces a favor, pero también ven pocos recursos sobre la mesa.
La sensación es que el modelo funcionará cuando la Generalitat destine un 6% del PIB a Educación, tal como marcan las bases de la Ley de Educación de Cataluña (LEC). Y actualmente, lamentan los sindicatos, es solo del 2%. Sin contar la inversión en universidades. “La pregunta es si el Gobierno quiere fijar o no este horizonte”, remarca Morales. Por ahora, lo que propone el ejecutivo es un incremento de 2.405 efectivos, de los cuales 1.165 (el 56%) serán figuras especialistas en inclusiva; educadores sociales, psicólogos, técnicas de audición y lenguaje o de apoyo intensivo para alumnos con necesidades especiales, por ejemplo.
Este pacto del pasado febrero, defiende a la vez la UGT, hará que todos estos efectivos sean estructurales. Hasta ahora, explica Lorena Martínez, muchos de ellos formaban parte de programas específicos con fecha de caducidad. “Los íbamos moviendo y esto es lo que provoca que muchos docentes sientan que quitan la figura de sus centros”, comenta. El pacto también incorpora 200 nuevas plazas para Centros de Educación Especial. Martínez no lo ve como una enmienda al modelo actual: “Cambiarlo todo de golpe es difícil y se debe entender que la mayoría de estos centros son privados y unos pocos municipales. Se habrán dado cuenta de que también se debe compensar la oferta”.
El resto de sindicatos que no forman parte del pacto cuestionan estas dotaciones. En el marco de las negociaciones actuales, USTEC, CGT e Intersindical han pedido ampliar las dotaciones para el modelo de inclusiva hasta los 6.500 efectivos los próximos dos años. “Queremos saber cómo se concreta todo esto que hay en el pacto de cara a septiembre”, afirma Morales. La melodía actual suena bien. Si no más, suena mejor que la partitura de la negociación salarial.
