Según los últimos datos facilitados por el Departamento de Educación, 34 alumnos están afectados por sentencias sobre el catalán en la escuela. La consejera de Educación, Esther Niubó, ha manifestado que la judicialización de la lengua en la educación “no ha aportado grandes soluciones” y ha creado a menudo “tensiones y conflictos innecesarios”.
En una comparecencia parlamentaria de este lunes, Niubó ha explicado que en total se ven afectadas unas 12 familias, ya que la cifra total incluye hermanos. Además, ha asegurado que “en ningún centro educativo se vulneran los derechos lingüísticos del alumnado ni de sus familias”, y ha aseverado que estas familias “tienen todo el respeto” del Departamento. Niubó ha asegurado que aquellos “casos puntuales” que han sido objeto de queja se han podido resolver a través de la inspección educativa, siguiendo las normas “con rigor y proporcionalidad”. En cuanto a la judicialización de la lengua en la escuela, la consejera ha añadido que “en los casos más graves ha promovido una falsa imagen de conflicto que no corresponde a la realidad”.
Las explicaciones de la consejera llegan en plena polémica por la firma del Pacte Nacional per la Llengua, que se rubricó la semana pasada entre críticas de Junts y la CUP por la falta de ambición. Entidades como Plataforma per la Llengua y Òmnium, que sí han firmado el pacto, han alertado que lo consideran “insuficiente” y que la Generalitat deberá responder con contundencia a la inminente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que podría acabar imponiendo el 25% de castellano en las escuelas catalanas. Los partidos catalanistas y la sociedad presionan al Gobierno de Salvador Illa para que no se limite a “acatar” la sentencia y luche por mantener la inmersión lingüística.
Actuación ante el retroceso del catalán
En este sentido, la consejera ha calificado el Pacte per la Llengua como muestra de consenso en torno a la lengua: “No nos podemos permitir quedarnos de brazos cruzados ante el retroceso del catalán”. Niubó ha querido destacar la consolidación de las aulas de acogida lingüística, que se ampliarán en 200 más el curso próximo llegando hasta las 1.583 en total.
Por último, la consejera de Educación ha considerado “esencial” garantizar un modelo educativo que sea “inclusivo y plurilingüe”, donde se garantice el pleno dominio de las lenguas oficiales y la suficiencia en al menos una lengua extranjera.
