La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) se encuentra inmersa en una crisis reputacional de primer orden. Las irregularidades contables, contractuales, financieras y laborales detectadas por la Sindicatura de Cuentas en el informe 03/24 han destapado la caja de los truenos de un organismo protegido y, bastante opaco, que hasta ahora se parapetaba en el hecho de que no controlaba la demanda y la especificidad de su servicio, muy sensible socialmente. Un año después del informe de la Sindicatura, según ha podido saber El Món, la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) ha tenido que proteger con un estatuto de apoyo y protección de la ley 2/2023 de protección del informante a uno de los principales denunciantes de las irregularidades de la DGAIA, un asunto que también investiga el organismo dirigido por el magistrado Miquel Àngel Gimeno.
La OAC y la Sindicatura de Cuentas están poniendo la lupa en las cuentas de la DGAIA. De hecho, según confirma la OAC a través de una resolución del pasado mes de agosto, a la cual también ha tenido acceso El Món, ambas instituciones están colaborando en la investigación. En este sentido, y según ha podido saber El Món, la Sindicatura de Cuentas está finalizando un nuevo informe para ser emitido en las próximas semanas que explicaría el sorprendente cese de dos de los máximos dirigentes del organismo, que forma parte del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión, en manos de la consejera Mónica Martínez Bravo. En concreto, se destituyeron a la directora de la DGAIA, Isabel Carrasco, nombrada el pasado mes de septiembre –por el Gobierno de Salvador Illa–, y su subdirector, Joan Mayoral. Y desde hace cerca de seis meses la Síndica de Greuges también se ha sumado al cerco a la DGAIA y ha abierto un expediente sobre las actuaciones de esta dirección general y su afectación para los derechos de las personas.
Otra explicación en el Parlamento
La presión de la CUP, Junts y Vox en el Parlamento sobre la DGAIA comienza a generar las primeras explicaciones por parte de la consejera Martínez Bravo. El miércoles de esta semana, el departamento remitía una respuesta parlamentaria, a la cual ha tenido acceso El Món, en la que presentaba un informe sobre una de las cuestiones más controvertidas de la gestión de la DGAIA. Concretamente, «la supuesta gestión fraudulenta de la prestación de vivienda del servicio de promoción a la autonomía y emancipación (SPAE) por el servicio de pisos asistidos para jóvenes extutelados y por el servicio de seguimiento y valoración de la prestación económica para jóvenes extutelados (SEVAP)». Dos de los servicios más criticados por la Sindicatura de Cuentas en su gestión.
Según Martínez Bravo, la DGAIA inició una «comprobación de las supuestas irregularidades, con el objetivo de valorar, según el resultado de esta investigación, la conveniencia de iniciar uno o varios procedimientos administrativos». Con esta premisa, la consejera asegura que se ha ordenado una «comprobación exhaustiva» y se llevará a cabo «una auditoría completa de los servicios analizados». No obstante, la misma consejera advierte a los grupos parlamentarios que la DGAIA ya ha comenzado a «implementar diversas medidas para mejorar el seguimiento y la gestión de estas prestaciones y servicios». Es decir, del uso de los pisos de jóvenes extutelados y de las prestaciones que perciben por esta condición de extutelados.
Medidas urgentes
En el informe parlamentario, Martínez asegura que aplicarán medidas para detectar a tiempo el fraude. Así, explica que «se agilizarán los procedimientos establecidos para determinar las posibles incidencias, incompatibilidades entre prestaciones y servicios o incumplimientos del deber de informar sobre su situación laboral, económica y de residencia por parte de las personas beneficiarias». De hecho, anuncia que ya han comenzado «sin demora» los procedimientos de suspensión, extinción, reintegro y copago que correspondan.
En este marco, el departamento también ha ordenado redactar «una directriz general para garantizar una mayor eficiencia en la supervisión y seguimiento intensivo y continuado de los requisitos de las prestaciones de los servicios de vivienda, prestación económica de extutelados y prestación SAEJ». En esta línea, el departamento también «evaluará el servicio en su globalidad, en el ámbito normativo, organizativo y de funcionamiento para garantizar una buena prestación del servicio completamente». Un camino que supondrá «posibles cambios normativos para simplificar la gestión y mejorar la supervisión de las prestaciones económicas y de vivienda para jóvenes extutelados».
La consejería abre la puerta a aplicar sanciones y anonimiza los datos de los denunciantes
La consejera también abre la puerta a sanciones y denuncias. Así anuncia que se valorará «la posibilidad de iniciar procedimientos sancionadores en los casos que se detecten incumplimientos por parte de las personas beneficiarias y/o de las entidades responsables de su gestión y seguimiento». También añade en el papel de la prevención las auditorías de los servicios que «ya prevén los contratos y los conciertos en vigor». Unas medidas de precaución primarias que según fuentes de las investigaciones nunca se han cumplido.
Por otro lado, la consejera admite que estas irregularidades fueron denunciadas en la DGAIA antes que en los organismos de control como la Sindicatura de Cuentas, la Oficina Antifraude y la Sindicatura de Greuges. De esta manera se consolidan las sospechas que tienen los diferentes investigadores, que el departamento no se movió hasta que no vio las orejas al lobo de las entidades fiscalizadoras. En todo caso, Martínez Bravo sentencia que el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión «ya ha anonimizado todos los datos de identidad que consten en cualquier expediente vinculado en el que aparezcan los datos de la persona denunciante y mantendrá la confidencialidad de sus datos mientras se mantenga su condición de informante protegido». Una protección que se añade a la establecida por la OAC hacia uno de los principales denunciantes.
Gastos disparados de un año para otro
Precisamente, los pisos asistidos fueron una de las alarmas que hicieron levantar las orejas a la Sindicatura de Cuentas. Desde el organismo, recuerdan a El Món que «el año 2019 un piso asistido tenía un gasto medio por expediente y año de 36,000 euros, y el año 2020 se dispara hasta 56,000». «O que una primera acogida en 2018 costaba 15,077 euros, y dos años después pasa a costar 55,672 euros», añaden. Un aumento y variabilidad del gasto entre los diferentes años, que la Sindicatura ve «sin justificación» y sin que se acredite la relación entre los precios pagados y el costo de los servicios.
Por otro lado, la Sindicatura de Cuentas también recuerda que «el incremento de la necesidad de plazas de acogimiento se cubrió con nuevos servicios por el procedimiento de emergencia, y con sobreocupación de los servicios ya contratados». «La sobreocupación consistió en prestar servicios a un número de menores superior al número de plazas contratadas o del número de plazas de la capacidad de los centros», argumentan desde la Sindicatura, dato que hicieron llegar al Parlamento, en una comparecencia el pasado 21 de noviembre. Un dato que, para la Sindicatura de Cuentas «hizo empeorar las condiciones de la prestación del servicio de los centros, y además contravenía la información del Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos de Servicios Sociales», imprescindible para actuar en este ámbito. En este punto, la Sindicatura de Cuentas y la OAC inciden especialmente porque concluyen que se vulneraron las condiciones de la adjudicación del servicio porque de alguna forma significaba una ampliación del número de plazas registradas y de las contratadas por la puerta trasera y sin los controles pertinentes.
