«No se trata de un hecho incidental generado por un factor ocasional o espontáneo». Esta es una de las principales conclusiones del informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), del Cuerpo Nacional de Policía, entregado por esta unidad a «requerimiento» del Tribunal Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional, en manos de la magistrada María Tardón. Un atestado, de 55 páginas al que ha tenido acceso El Món, que analiza las circunstancias anteriores y posteriores de la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta entre el 30 y el 31 de julio. Un evento que ha provocado una grave crisis institucional, política y de seguridad en el Estado español y en el gobierno de Pedro Sánchez, que insiste en negar la implicación de Marruecos.
El informe tampoco ha estado exento de polémica porque el mismo ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha admitido que no sabía nada y ha pedido explicaciones al director general de la Policía, Francisco Pardo. Ni uno ni otro tenían ninguna información –llegaron a negar el contenido del texto–, porque la policía había actuado comisionada directamente por la magistrada de la Audiencia Nacional con la prohibición expresa de explicarlo a los superiores policiales y políticos. Una medida legal en el sistema judicial y policial español.
En todo caso, el informe, cuya existencia había adelantado el diario El Español este miércoles –aunque no reproducía ninguna parte literal del texto–, apunta directamente a la colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad de Marruecos en la entrada masiva de inmigrantes que desbordó la seguridad de la frontera española en el enclave de Ceuta. Los analistas de la policía concluyen que la policía marroquí contribuyó a la entrada masiva de migrantes. Una llegada que los agentes del CENIF ven muy diferente de las entradas que se habían registrado anteriormente. De hecho, aseguran que fue una «acción mucho más compleja y elaborada que en otras ocasiones». Así, descartan que fuera la acción de las mafias que actúan normalmente en la zona y destacan una «preparación previa» a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo que declaró ilegales las devoluciones en caliente. Una de las conclusiones es que toda la acción fue una «acción de contrainteligencia de manual» dirigida desde Marruecos.
«Finalidad migratoria aparente»
Para los analistas, la «finalidad migratoria solo opera como una cobertura formal que sirve para fomentar, impulsar y dirigir un flujo masivo de personas a la frontera de Ceuta». Tesis que consideran confirmada por «el hecho incontestable de que el perfil de la mayoría de los inmigrantes no busca permanecer en territorio español», ya que solo se quedarán «un 10% de la cantidad total estimada» de los que cruzaron la frontera «ilegalmente». Además, añaden que la existencia de una segunda convocatoria «mucho más explícita para el 15 de agosto» reafirma su tesis y más, teniendo en cuenta que fue «absolutamente controlada por la estructura de seguridad marroquí, que estuvo inoperante en un proceso que duró más de 48 horas durante los días 30 y 31 de julio».
A todo esto, suman la «difusión de mensajes posteriores que, incluso en el ámbito oficial, justifican por parte de Marruecos una reivindicación territorial que cuestiona la soberanía de España sobre Ceuta y Melilla». En la misma línea, remarcan «la existencia de una planificación previa y, por tanto, una autoría intelectual anterior y otra de material simultánea que supone funciones de seguimiento y control». Toda una estrategia que, a juicio de la policía española, solo podían dominar los servicios de seguridad de Marruecos, porque «va mucho más allá de lo más evidente de los sujetos activos que entran y salen irregularmente de territorio español» y a la cual España está acostumbrada a responder.
En este sentido, los autores del informe policial destacan que el lugar elegido, la zona concreta de Ceuta por la que se accede y la fecha y las horas en que se activan las «diferentes fases y perfiles de acceso, son elementos cuya concurrencia concertada para todos revela la existencia de planificación previa». Una circunstancia que conduce a los analistas a razonar que había una «dirección estratégica y operacional» y que los participantes en la entrada masiva actuaron «de acuerdo con procedimientos perfectamente definidos a través de las diferentes fases de ejecución del proceso».
Marruecos, detrás
Para la policía española fue «un proceso predefinido con objetivos diferentes a los migratorios». De esta manera, destacan la «facilitación generalizada de las rutas y los traslados para concurrir en un lugar concreto, en unos tramos horarios también muy definidos y una gestión que se proyecta en dos coordenadas diferentes que operan simultáneamente tanto en la entrada como en la salida del territorio español». Estos dos elementos son, en primer término, «la escasa presencia de fuerzas y cuerpos de seguridad de Marruecos», y, en segundo lugar, el «guiado activo de la masa hacia los lugares de paso, por parte de estos cuerpos y fuerzas de seguridad marroquíes».
El CENIF suma el hecho de que la operación requirió un «alto nivel de especialización que no está al alcance de ninguna estructura criminal de las conocidas por la policía en esta zona y que se encuentran muy lejos de las capacidades de las pocas estructuras importantes que operan en el ámbito de la inmigración irregular en Marruecos». Es decir, que la llegada masiva fue demasiado profesional para ser organizada por las mafias. Los agentes, además, exponen a la magistrada «la existencia de una organización y de una coordinación que exige un componente de control sobre el terreno». Es decir, la detección de virtuales agentes encubiertos del servicio de información marroquí. Una conclusión a la que llegan porque «se pone de manifiesto claramente la detección de individuos cuyo perfil, actitudes y acciones no se corresponden con las de masa de personas que entran y salen irregularmente del territorio español».
Dos objetivos y muchas consecuencias
En conclusión, la policía española señala que la operación tenía un doble objetivo inmediato. En primer lugar, el «colapso del sistema de gestión de fronteras en un punto y una forma concreta» con personal que «llevaba un equipamiento preparado para este objetivo». En segundo término, este colapso provoca «la apertura de puertas», y el objetivo ya es «eliminar la capacidad de respuesta por parte de España». Para ello, los analistas subrayan el «cambio progresivo del perfil de personas que acceden irregularmente a territorio español que, además del perfil de la primera fase, pasa a incorporar familias (mujeres y niños)». «Esto provoca que cualquier reacción de control del perímetro fronterizo tenga un alcance nulo o muy limitado», sentencian.
Con este preámbulo, los analistas ven más efectos y constatan intenciones más estratégicas. Por un lado, «saturar las capacidades de prevención, contención, respuesta y asistenciales de todo tipo» en Ceuta, con «el impacto económico y organizativo que supone». También avizoran el impacto en la sociedad civil en «el ejercicio de derechos civiles porque se agita un perfil sociopolítico, la desinformación, la confianza en las instituciones, el deterioro de la seguridad pública, el impacto en el sistema sanitario». Además, añaden un «efecto colateral geopolítico de deterioro de la imagen de España». También integran una «evidente desestabilización política interna y desajustes en la integración de las respectivas acciones de respuesta de las diferentes estructuras del Estado que están implicadas.» Y como efecto «añadido y con especial trascendencia», el CENIF afirma que la acción comporta el «cuestionamiento del CNI en la detección de lo que ha pasado». «La escalada de la cuestión se ha convertido en lo que podríamos calificar de una acción de contrainteligencia ofensiva de manual», concluyen.
