Una nueva polémica salpica de lleno a la Moncloa a raíz de la crisis de Ceuta. El gobierno español se ha visto superado al hacerse público que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) remitió a la Audiencia Nacional un informe que atribuye a los cuerpos y fuerzas de seguridad de Marruecos haber alentado la entrada masiva de inmigrantes en el enclave español en el norte de África el pasado 30 y 31 de julio. El informe ha generado una grave crisis institucional y política porque ningún mando policial había advertido ni a la Moncloa, ni al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya que fue un «requerimiento» de la titular del Tribunal Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, que lo ordenó como policía judicial y les prohibió comunicarlo a sus superiores.
La importancia del informe es clara por su contenido y por el hecho de que refleja la delicada situación que sufre Ceuta, un punto muy débil en la seguridad del Estado español. Ahora bien, no es, ni de lejos, el primer informe firmado por autoridades españolas sobre la peculiar situación de la ciudad autónoma y los riesgos que conlleva. Al contrario, documentos emitidos por diferentes organismos de la seguridad y la defensa del Estado señalaban ya hace tiempo el riesgo de los flujos migratorios, del polvorín para la polarización que supone Ceuta y del riesgo que conllevaban las llegadas de inmigración irregular nadando.
Tres ejemplos son clave. En primer lugar, la Estrategia Nacional de Seguridad 2021 (ESN), la principal guía para los servicios de información y de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado. En segundo lugar, está el Informe de Seguridad Nacional 2025, el último editado. Y, en tercer lugar, un documento del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), del Centro Superior de Estudios de la Defensa (CESEDEN), el gran think tank de análisis del Ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles. De hecho, este último documento proponía una «política diferenciada de estado para puertos como los de Ceuta y Melilla, cuyo aislamiento especial requiere una estrategia específica de enclave fronterizo singular». Asimismo, lamentaban que no había suficiente inversión ni preocupación para afrontar las amenazas.
«Un plan de seguridad integral»
Vamos por partes. En primer lugar, hay que tener presente la Estrategia Nacional de Seguridad 2021 (ESN), un documento que el poderoso Consejo de Seguridad Nacional, que depende de la Moncloa y es el principal asesor en riesgos y amenazas a la presidencia del gobierno español. Este documento se renueva cada cinco años -desde abril de 2024 se está elaborando el nuevo- y sirve de plan de actuación en las políticas de seguridad y prevención. La ENS establecía como prioridad el «desarrollo de un plan integral de seguridad para Ceuta y Melilla». De hecho, era una de las «20 líneas de actuación» que establecía el documento para prevenir situaciones de crisis. Una medida que se sumaba a la creación de una «reserva estratégica de recursos», «el incremento de las capacidades de defensa y disuasión» y el refuerzo de la lucha antiterrorista. «Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, por su localización geográfica en el continente africano y por la especificidad de la frontera española y europea, requieren una atención especial por parte de la Administración General del Estado para garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos», advertía el documento que lleva la firma de Pedro Sánchez.
Siguiendo este camino, hay que añadir el Informe de Seguridad Nacional 2025, que evalúa la seguridad del Estado y el seguimiento de las directrices de la Estrategia de Seguridad Nacional. En este caso, los analistas destacaban que, a pesar de la caída general de entrada de inmigración irregular a Ceuta y Melilla por vía marítima y terrestre, sí que se había detectado «un incremento de entradas a través del perímetro fronterizo en la Ciudad Autónoma de Ceuta».
Así, el documento decía, negro sobre blanco, que «el año 2025 la migración irregular hacia España (entradas por vía marítima y las terrestres por Ceuta y Melilla) se ha reducido cerca de un 43% respecto del año 2024, alcanzando las cifras más bajas desde el año 2022». Y aducía que «a pesar del descenso, cabe destacar el notable aumento de llegadas a las Islas Baleares, así como el incremento de entradas por el perímetro de la frontera de Ceuta», como ocurrió masivamente a finales de julio. «En cuanto a las rutas a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, la presión migratoria se ha visto notablemente incrementada debido principalmente al fenómeno de nadadores que tratan de acceder sorteando el perímetro fronterizo a través del mar, lo que supone en sí mismo un riesgo grave para sus propias vidas» advertía el documento. Y apuntaba que gracias a Marruecos y al despliegue de sus fuerzas armadas se había conseguido «mantener un control bastante riguroso que ha contenido este fenómeno». Es decir, los analistas de la seguridad del Estado admitían que dependía de Marruecos contener la seguridad de Ceuta y los flujos de inmigración irregular.
«Polo de fricción»
El Informe de Seguridad Nacional 2025 también alertaba de las consecuencias políticas y sociales que suponía la delicada situación de ciudades como Ceuta y Melilla. De hecho, las describe como «polos de fricción geográficos y simbólicos». Una línea de análisis que coincide con la actual disputa política a raíz de la crisis, con un rotundo movimiento del nacionalismo de estado español, grotescas acciones de movimientos de la extrema derecha y actuaciones con olor a racismo en la misma ciudad. En síntesis, el informe avisaba que Ceuta era uno de los lugares que podía abonar la confusión del binomio seguridad e inmigración.
En este sentido, afirmaba que Ceuta, como Melilla, es donde «la narrativa sobre migración se enreda con la inseguridad y se instrumentalizan episodios sociales para proyectar un deterioro de la seguridad pública». «La difusión en idiomas locales y el uso de material audiovisual fabricado incrementan su poder de persuasión», indicaba el documento. De hecho, ponía el ejemplo de lo que podía pasar en Ceuta con el episodio de Torre Pacheco (Murcia), de julio de 2025, que «evidenció la capacidad de la desinformación para traspasar dimensiones» con un «aumento de actividad digital sobre la inmigración ilegal donde la intensidad narrativa precedía la escalada de violencia física». «Se estableció una correlación directa entre la saturación cognitiva en las redes y la materialización de los riesgos para la seguridad pública», razonaba el documento, y cómo generaba un «impacto en la defensa nacional».
Ceuta, «espacio que requiere una atención prioritaria»
Otro documento que resalta la importancia y los riesgos de Ceuta es el Cuaderno de Estrategia 234 Puertos del Estado y la defensa nacional, del Instituto Español de Estudios Estratégicos a través del CESEDEN, editado en marzo de este año. Un interesante dossier del think tank del Ministerio de Defensa que analizaba la situación de los puertos españoles y que proponía planes de defensa, prevención y disuasión ante las diversas amenazas. Este cuaderno analiza con profundidad la situación de Ceuta y de Melilla que enfatizan que son un «espacio que requiere una atención prioritaria». Sobre todo, por el punto más clave de estas ciudades, los puertos.
«Los puertos de Ceuta y Melilla representan una excepción dentro del sistema portuario español, no por su tamaño o volumen de tráfico, sino por el papel que ejercen en la seguridad nacional, la soberanía territorial y la proyección exterior del Estado«, resalta el informe. Además, subrayan que son las «únicas fronteras marítimas exteriores de la Unión Europea en África y eso es lo que les confiere una función fronteriza única, tanto en términos logísticos como geopolíticos». De hecho, los define como «nodos clave en el control del tráfico marítimo internacional, el abastecimiento energético, la movilidad de bienes y personas y la proyección de las capacidades del Estado en el entorno del Mediterráneo occidental y el Magreb».
«Más allá de su dimensión geoestratégica, Ceuta y Melilla son infraestructuras esenciales para garantizar la continuidad de los servicios públicos, el acceso a los productos básicos y la conectividad con la península», destaca el dossier. «Su carácter insular y fronterizo, sin alternativa terrestre ni ferroviaria, les confiere una dependencia total del transporte marítimo, lo que incrementa su criticidad en términos de operatividad, abastecimiento y bienestar ciudadano», destaca. Su conclusión es clara: «El valor de Ceuta y Melilla radica en su función estructural para la seguridad nacional, la soberanía territorial y la proyección marítima del Estado». Por ello, los analistas del Ministerio de Defensa insisten en decir que «no son solo enclaves singulares por su localización geográfica, sino territorios plenamente integrados en la soberanía nacional, cuya presencia institucional y funcional debe ser garantizada de manera continua y prioritaria».
«Alta sensibilidad estratégica»
El cuaderno describe Ceuta como un enclave «de alta sensibilidad geoestratégica que requiere una gobernanza diferenciada, inversiones sostenidas y protocolos de seguridad adaptados a la singularidad territorial». De hecho, razona que es un «espacio con singularidad que requiere una atención prioritaria» con un sistema que integre «el conocimiento del entorno, presencia, vigilancia y disuasión». En este sentido, destaca que «la entrada irregular de ciudadanos en Ceuta que ya se registró en mayo de 2021 y la reclamación de los territorios por parte de Marruecos permanentemente contestadas por España, aconsejan medidas específicas a nivel estatal». Es decir, advertía que era necesario tomar contramedidas para evitar una nueva entrada masiva de inmigrantes en un enclave permanentemente reclamado por Marruecos.
Así, el centro de pensamiento y prevención alerta que, a pesar de la «importancia de Ceuta y Melilla», los dos enclaves «muestran signos de fragilidad institucional y operativa». En este sentido, remarca el riesgo del aislamiento logístico por un conflicto o un sabotaje, lo que convierte cada operación portuaria en una «línea de vida». Es decir, sin el puerto bien vigilado y defendido, Ceuta estaría a disposición de Marruecos. En la misma línea, el cuaderno alertaba ya entonces, hace cuatro meses, de la «presión migratoria ha sido utilizada a veces como elemento de desestabilización, lo que introduce una variable de seguridad híbrida constante». Por ello reclamaba «sistemas específicos para gestionar situaciones de entrada masiva o de tránsito irregular por vía marítima» en un lugar donde existe «un déficit estructural en inversión tecnológica, digitalización y protección cibernética, lo que limita su capacidad de respuesta ante amenazas complejas».
En resumen, el diagnóstico de Defensa manifestaba «la necesidad de avanzar hacia un modelo de gobernanza específico para Ceuta y Melilla, basado en su condición de puertos de estado y de nodos geopolíticos prioritarios». «No se trata de establecer privilegios ni excepciones arbitrarias, sino de reconocer una realidad operativa que exige soluciones adaptadas, sostenibles y sólidamente integradas en la arquitectura nacional de seguridad», argumentaba el cuaderno. «En definitiva, Ceuta y Melilla deben ser tratadas como lo que son: espacios de soberanía estratégica», sentenciaba el informe. «Proteger su operatividad, gobernanza y resiliencia no es solo una necesidad logística o territorial, sino una obligación institucional con las personas que viven allí y con la estabilidad del conjunto del Estado», avisaban los analistas del ministerio que dirige Margarita Robles.
