Todas las tramas tienen un inicio. Aunque el inicio haya sido interrumpido por causas que «aún se desconocen». La trama que había detrás de las consultoras de Cristóbal Montoro y su hermano, que se centran en la sociedad Equipo Económico, por utilizar información privilegiada y cambiar legislación a cambio de dinero de las empresas favorecidas por las reformas legales, estuvo a punto de cerrarse sin investigar. Una denuncia anónima fue archivada por la Fiscalía y un posterior informe de los Mossos d’Esquadra la rescató, alertando que la actividad detectada y denunciada era «detestable» y «execrable».
Así lo delata el sumario del caso, al cual ha tenido acceso El Món, que relata cuál fue la progresión de una investigación que ha estado bajo secreto de sumario durante siete años. En un principio, la investigación se inicia a raíz de una entrada y registro, el 9 de noviembre de 2017, en la sede de la empresa gasística Messer Ibérica de Gases, SA, a raíz de unas diligencias, las previas 220/2017, sobre delitos contra la administración del Estado a través de las cámaras de comercio, que no tenían nada que ver con el caso Montoro y que estaban en el mismo juzgado de instrucción número 2 de Tarragona.
Unos correos electrónicos intervenidos en este registro al director técnico de la compañía, Rubén Folgado, alertaron a los Mossos d’Esquadra, que pidieron abrir otra investigación que fue a parar al juzgado de Instrucción 6, pero que la devolvió al 2. Con los correos sospechosos pidieron ayuda a la Fiscalía Anticorrupción y Crimen Organizado. Fue entonces cuando se descubrió que la trama liderada por Equipo Económico ya había sido denunciada el 24 de marzo de 2017, con todo detalle, por una persona anónima que temía por su futuro laboral. Una denuncia que terminó archivada y sin ninguna investigación en firme.
«Les comunico hechos presuntamente delictivos»
La denuncia, a la que ha tenido acceso El Món, tiene fecha de 13 de marzo de 2017, pero fue registrada en la Fiscalía Anticorrupción el 24 de marzo de 2017. El escrito no se anda con rodeos y en el primer párrafo ya indica las intenciones. «Mediante este escrito les comunico hechos presuntamente delictivos relativos a la empresa Equipo Económico», empieza el denunciante, que no revela su identidad «por motivos laborales».
En esta denuncia expone, con todo tipo de detalles, que la empresa fundada en 2006 por Cristóbal Montoro «opera como un lobby al que empresas muy importantes se ven obligadas a contratar para influir en decisiones gubernamentales que repercutirán sobre su cuenta de resultados». «A algunas empresas se les sugiere la contratación desde el mismo gobierno», indica. Otras, destaca, lo hacen voluntariamente.
Además, el denunciante propone cómo investigar y qué documentación consultar para corroborar los hechos descritos en la denuncia. Por ejemplo, qué modelos de declaración de Hacienda utilizar para contrastar las iniciativas gubernamentales con los negocios y cuenta de resultados de las empresas clientes de Montoro. En este sentido, invita a los investigadores a comparar los «momentos sensibles en los marcos reguladores» con los contratos de asesoría de Equipo Económico.
La reunión Beteta y Ferrovial
Uno de los hechos que aportaba concretos fue un historial de Antonio Beteta, que había sido jefe de gabinete de Montoro y después fue secretario de Estado de administraciones públicas, que dependía del ministerio de Hacienda. Beteta, durante la segunda legislatura de José María Aznar, fue secretario general de Política Fiscal, Territorial y Comunitaria del ministerio de Hacienda. Además, en el año 2008, como consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, a través de la empresa pública Madrid Network, firmó un contrato de asesoría con Equipo Económico de dos millones de euros. También incluye en la denuncia los negocios de la consultora con Abengoa.
Uno de los hechos que destaca la denuncia fue una reunión con Ferrovial sobre un «determinado marco regulador que implicaba el cambio de leyes». Beteta, según el relato de la denuncia, les propuso contratar a Equipo Económico, que facturó a Ferrovial 300.000 euros para elaborarles un informe que habría encubierto las actividades de lobby para cambiar un determinado marco regulador. En este sentido, el denunciante alertaba a la fiscalía que «conoce bien» el sector que se relacionaba con la consultora de Montoro, y por eso les avisa que «no será fácil que estas empresas confiesen los verdaderos motivos para contratar a Equipo Económico». «Hay malestar en empresas que se han visto obligadas a contratar informes que no necesitaban», añadía el denunciante. La fiscalía archivó la denuncia.
Se incorpora a la causa y entran en escena los Mossos… y la UCO
Más de un año después, los Mossos d’Esquadra una vez han encontrado la documentación y los mails que les hacen levantar las orejas, escriben al juez instructor. Es el 20 de abril de 2018. En este «informe» sintetizan las sospechas y piden al instructor que la investigación, hasta ahora conducida por la División de Investigación Criminal de los Mossos de Tarragona, sea liderada por la Unidad Central de Anticorrupción de la policía. El juez lo permite.
Los Mossos destacan varios mails, pero subrayan uno de especial importancia que consideran la clave de todo. Un correo de Rubén Folgado donde explica a Karl Hauck, miembro de la patronal gasística, que recurrirá a Montoro para agilizar los cambios normativos que deben facilitar más ingresos a las empresas del sector del gas, renovables y energéticas en general.
«Utilizando mi cargo de presidente de la comisión de energía de AEQT -Asociación de Empresas Químicas de Tarragona- he contactado con parlamentarios catalanes para que defiendan en Madrid esta discriminación contra nuestro sector, pero eso llevará tiempo. La vía más directa, como siempre, es pagar a este Equipo Económico, que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Si necesitas más detalles no dudes en contactar», proponía en el correo electrónico. Los Mossos comienzan la investigación y la fiscal del caso, el 2 de abril de 2019, es decir, dos años después de que fuera presentada, pide incorporar la denuncia anónima a la causa. Una petición que el juez admite.
«Detestable» y «execrable»
El 11 de junio de 2019, los Mossos de la Unidad Anticorrupción presentan un denso informe de 62 páginas en el cual no se abstienen de criticar los trabajos de Equipo Económico. Según los investigadores, «la actividad que realizaba Equipo Económico excedía de lo que sería el traslado de las posiciones de grupos de interés, yendo mucho más allá». «Aprovecharon la estrecha colaboración con miembros del gobierno que, por formar parte del Consejo de Ministros, participaban en la iniciativa legislativa a través de los proyectos de ley, e incluso en la aprobación de normas con rango de ley (en el caso de los decretos ley)», añaden. «El engranaje legislativo sería rentabilizado por Equipo Económico para el enriquecimiento de los socios», concluyen.
Los Mossos van un paso más allá. «Si el tipo de actividad analizado es detestable, ya que la mayoría de las veces obedece y prioriza el interés de unos pocos en detrimento de la mayoría, en el caso particular de Equipo Económico se presenta como especialmente execrable por el hecho de que los que ejercían o habían ejercido cargos públicos se han beneficiado de su posición privilegiada con la única finalidad de enriquecerse patrimonialmente», reprochan los Mossos. En el mismo informe, los Mossos, «en atención a la gravedad que presentan los hechos descritos y con el ánimo de aclarar su verdadera magnitud» ven «necesario ampliar el ámbito de la investigación a los nuevos sectores identificados que se pudieron ver ilícitamente beneficiados por la actividad desarrollada por Equipo Económico». Así, piden al juez que además del sector gasista y de las energías renovables, pidan investigar la distribución de energía eléctrica (Red Eléctrica Española); la obra pública (Ferrovial); y lo más concreto referido a Madrid Network. Curiosamente, las empresas denunciadas anónimamente hacía más de dos años.
No será hasta el 9 de marzo de 2021 que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil elaborará un informe de 120 páginas sobre el contenido de la denuncia anónima. Las conclusiones son claras. Los analistas del instituto armado aseguran que la documentación y la investigación realizada «han puesto de manifiesto que tanto las gasísticas como los grupos empresariales mencionados, a través de varias de sus mercantiles, han mantenido relaciones comerciales con Equipo Económico, y han abonado al despacho elevadas cuantías durante determinados períodos, coincidiendo algunos con reformas legislativas de las cuales habrían obtenido beneficios fiscales». Todo ello, cuatro años después de la denuncia anónima.
