El juicio del caso Mito, donde juzgan a Gonzalo Boye, el abogado del presidente en el exilio, Carles Puigdemont, sucede como con el tónico. Cuanto más se bebe, más gusta. Es un juicio que muestra las debilidades de las instrucciones judiciales, del sistema de la alta magistratura y de la barbaridad que suponen macrojuicios con 48 personas y más de cinco entidades jurídicas imputadas. Y, en este caso, además, se aprovecha para hacer sentar en el banquillo de los acusados al hombre que el Estado identifica con el escudo que ha evitado que Puigdemont sea extraditado.
Es difícil encontrar sentido al hecho de que un abogado sea envuelto en el mismo paquete que algunos de los clientes que ha tenido, en un juicio de narcotráfico que mezcla un tiroteo, un barco, unos holandeses y un panadero. Pero la oportunidad de construir una acusación contra Boye por parte de la fiscalía ha sido demasiado tentadora y ha superado los muros de las garantías procesales. La codicia de la acusación, y de hacer un revoltijo del abogado del exilio con el famoso narcotraficante, José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco -quien, por cierto, se pasea con una bufanda Burberry y llega a pie cada día a la Audiencia Nacional- puede debilitarse si hay motivos para la defensa, si hay hechos que desvirtúan la tesis de la fiscalía y si los abogados son lo suficientemente hábiles para combinarlo.
La cuarta sesión del juicio ha tenido todo esto: un policía demasiado creativo, un abogado con oficio, una fiscal demasiado obcecada y un presidente del tribunal, el magistrado Alfonso Guevara, que disfruta con la vista. De hecho, es todo un curso de derecho verlo trabajar y cómo impone disciplina con un tono agudo y agrio a la vez para que el personal togado de la sala no se desboque. Con destreza y un punto de humor, dirige los interrogatorios, reprende, advierte que no lo interrumpan, corta preguntas retóricas, y muestra una memoria prodigiosa sobre el sumario y sobre lo que han declarado los testigos. De hecho, este jueves ha dicho una tan evidente que serviría como lema de cualquier escuela judicial: «Usted, acusación, tiene su visión; usted defensa la suya, pero al final, se impondrá la del tribunal».
Un policía y los errores…
La jornada de este jueves tenía un gancho jugoso. El jefe del grupo de Brigada de Estupefacientes de Madrid del CNP, con tip 90.257, debía terminar su testimonio que en la sesión del miércoles quedó interrumpido por el disciplinado reloj de Guevara, que, a las dos, pase lo que pase, baja la persiana. El policía se fue habiendo implicado a Boye en un encuentro en un restaurante Vips de la calle Ourense de Madrid. Bueno, un encuentro que no se sabe si se celebró, pero que, en cambio, el policía daba por celebrado, porque en un audio hablaban de ello. La prisa por meter a Boye por medio, sin embargo, dejó ver las costuras de una acusación cosida con más venganza que hechos.
El abogado de Boye, Eduardo García Peña, con el tono despreocupado que demuestra en sus interrogatorios, no ha desaprovechado la ocasión, ni mucho menos. El abogado ha recordado al testigo la declaración del día anterior, y como aperitivo, el policía ha tenido que rectificar porque había intentado dar gato por liebre al tribunal, haciendo pasar un nombre de los asistentes al supuesto almuerzo por otro. Después de este primer golpe, las preguntas -ninguna interrumpida por Guevara- han ido dirigidas a desmontar hechos que la policía había remendado para construir la acusación a Boye. El compromiso de la declaración ha sido tan alto que incluso el presidente del tribunal ha hecho un chiste que ha provocado las risas de toda la sala y la situación se ha distendido.
«¿Quiere rectificarlo?»
Hábilmente, el abogado no se ha presentado como el defensor de Boye. Tras la venia, ha ido al grano recordando que en la declaración del miércoles, a preguntas de la fiscal, explicó el supuesto encuentro del 28 de junio de 2017 en el restaurante Vips. «En relación con este encuentro, mencionó una conversación telefónica que había interceptado, que habría sido al día siguiente, entre Adriana Moreno [una procesada] y Manuel Puentes Saavedra [el procesado que estaba encarcelado y que inculpó a Boye a cambio de la libertad]. Adriana Moreno, que estaba en Colombia, le explicaba el contenido de este encuentro en el VIPS», ha expuesto socráticamente.
Una vez el policía se ha reafirmado, el abogado ha formulado la pregunta: «Por el contenido de los oficios, por si quiere usted ratificarlo o rectificarlo, esta conversación, según consta en innumerables informes de ustedes, fue entre Adriana Moreno y Manuel González Rubio, no entre Adriana Moreno y Puentes Saavedra, ¿verdad?«. El choque se ha hecho sentir en la sala y, el abogado le ha suavizado la pregunta. «Quería preguntarle si me puede precisar si fue un error.» Tanto es así que ha comenzado a narrar al tribunal que «hay varias conversaciones». Así, el policía ha admitido que hay conversaciones grabadas entre González Rubio –cliente de Boye a quien le confiscaron el dinero en el aeropuerto de Barajas, causa por la cual el abogado de Puigdemont está procesado– con Adriana Moreno, y de esta con Puentes Saavedra, cuando ambos estaban en Colombia. Ante la insistencia de la conversación concreta, sobre el encuentro en el VIPS, el policía ha admitido que la conversación era con González Rubio. La historia giraba como un calcetín.
El abogado ha proseguido cuando el testigo ya estaba suave, y con un juego de pregunta-respuesta, le ha recordado al policía que González Rubio estaba en el hospital. El policía ha admitido que sabía que tenía problemas de salud, pero «no recordaba» si estaba ingresado. Además, le ha añadido que, entonces, Adriana tenía una relación sentimental con Puentes Saavedra. El policía ha asegurado que no lo sabía porque «no investiga cosas del amor». Una respuesta que ha hecho saltar a Guevara ironizando sobre las continuas declaraciones de los policías que cuando los interrogatorios se complican piden a los abogados que pregunten a los otros policías de las unidades de Costa del Sol, Galicia, Barcelona o Madrid porque «lo llevaban ellos». «Las cosas del amor las lleva otro grupo, ¿verdad?», ha ironizado el juez.
El Sepblac y una maleta
El policía también ha reconocido que de la conversación no se puede desprender que en el almuerzo hubiera alguien del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), ni siquiera que se mencionara en la conversación esta entidad, como se había apuntado. Sin embargo, sí ha aseverado que la conversación remarcaba que se intentaría recuperar el dinero y que lo consultarían con el abogado. Un trámite normal entre cliente y abogado.
Pero el cerco al testigo no ha terminado ahí. El abogado también ha hecho modos para acreditar que Puentes Saavedra estuvo en Colombia entre el 10 de febrero y el 30 de marzo de 2017. Todo por una maleta perdida que recoge personalmente, a petición de la compañía Avianca, en el aeropuerto de Bogotá. Por lo tanto, que las supuestas reuniones que se habrían celebrado en el despacho profesional de Boye para intentar recuperar el dinero confiscado el 6 de febrero en Barajas no se podían haber celebrado porque uno de los hipotéticos cuatro asistentes estaba en Colombia.
Como bonus track, el policía también ha tenido que admitir que no investigaron si Luis García Arango, otro de los que se habría encontrado con Boye, era su cliente por cuestiones de vigilancia penitenciaria. También ha agregado que no investigaron si González Rubio tenía más negocios o empresas en España. De hecho, ha enchufado este trabajo a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la famosa UDEF, la unidad policial que terminó de redondear la acusación a Boye. El abogado ya los espera.
