El magistrado de la poderosa sala Penal del Tribunal Supremo, Vicente Magro, tiene muy claro su programa contra lo que llama las «okupaciones ilegales», con un endurecimiento de la legislación penal, civil y administrativa. Un proyecto que ha sido acogido, y alentado, por el Colegio de la Abogacía de Barcelona, que ayer organizó una jornada sobre ocupaciones, donde participaron más de 300 juristas y donde la decana, Cristina Vallejo, destacó las medidas propuestas por la entidad de derecho público muy similares a las del magistrado Magro.
Cambios en el Código Penal, la creación de un registro de morosos y críticas a las reformas legislativas de los gobiernos del PSOE que, según el magistrado, han «desequilibrado» la relación entre los arrendadores y los arrendatarios. En este sentido, Magro detalló a los abogados barceloneses que la situación actual de la vivienda es «difícil» y que los propietarios tardan entre dos y tres años en recuperar un inmueble arrendado. Una cifra que, según el magistrado, desincentiva ofrecer viviendas en alquiler. De hecho, aseguró que la ley orgánica 1/2025 no ayuda a resolver el problema de «la ‘okupación’ porque el juicio rápido es ineficaz para resolver los casos de ocupación ilegal porque no hay ni detenciones ni atestados policiales que lo sustenten.
Las medidas de Magro
Para «revertir» este panorama, el magistrado Magro presentó un conjunto de medidas que endurecen la legislación contra los okupas. De entrada, propone aprobar una «ley integral sobre la pérdida de posesión de vivienda por incumplimiento contractual y ocupación ilegal«. Un texto que aglutinaría todo el entramado legal actual. Por otro lado, incide en la necesidad de la agilización de los procesos judiciales civiles y penales de recuperación de la posesión. En este sentido, argumenta que no conseguir recuperar los inmuebles en menos tiempo vulnera la tutela judicial efectiva de los propietarios. Incluso, abonó jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), sobre la necesidad de reducir y recortar los plazos para un desalojo.
En el ámbito penal, la idea de Magro es reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para incluir un artículo 544 sexies, con la finalidad de establecer una «medida cautelar» que permita la expulsión inmediata por parte de la sección de instrucción del juzgado correspondiente en un plazo de 72 horas, tanto en casos de “violación de domicilio” como de usurpación de inmuebles. Incluir en el Código Penal, una cláusula antiocupación para tipificar como estafa la llamada “inquiocupación” y permitir el lanzamiento inmediato sin posibilidad de alegar vulnerabilidad. En el mismo sentido, incorpora modificar el artículo 9 de la Ley de Vivienda, en el sentido de que se permita a los juzgados de guardia ordenar la expulsión en un plazo máximo de 72 horas por orden judicial de la sección de instrucción del tribunal de primera instancia competente del lugar del inmueble.
En cuanto al ámbito administrativo, plantea la creación de un registro estatal de impago de rentas, que permita a los propietarios consultar antecedentes de morosidad de posibles inquilinos. Y, autorizar a la policía a llevar a cabo «expulsiones directas en casos flagrantes de ocupación». Así mismo, reformar la ley de Enjuiciamiento Criminal, para denunciar okupas cuando el propietario no lo haga. Una medida que permitiría a las comunidades de vecinos y propietarios iniciar acciones judiciales.
Los abogados de Barcelona, en sintonía
Por su parte, la decana del ICAB, Cristina Vallejo, también defiende medidas similares y que han sido presentadas a los grupos parlamentarios. De estas destacan, en el ámbito penal, una medida cautelar de desalojo inmediato y devolución de la propiedad en un plazo de 48 horas para combatir la ocupación ilegal. Además de esta medida cautelar, la propuesta de la abogacía pasa por la necesidad de derogar la competencia del Jurado en el delito de violación de domicilio, así como incorporar en los delitos leves inmediatos los delitos de usurpación y de violación de domicilio.
En cuanto al ámbito civil, la propuesta se centra en modificar el interdicto actual, incorporando una “medida cautelar civil”, ampliando la legitimación activa a las personas jurídicas para equipararlas con las personas físicas. Un cambio que permitiría recuperar la posesión de cualquier inmueble, no solo de viviendas, y habilitando al presidente de la comunidad de propietarios para que pueda emprender acciones legales para combatir las okupaciones ilegales.
