Finalmente, después de las peticiones por parte de la defensa así como de los dos informes médicos sobre su estado de salud, un médico forense adscrito al partido judicial de Barcelona ha realizado la revisión médica al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, de 95 años. Una revisión ordenada por el tribunal de la Audiencia Nacional que ha de juzgarlo, en una larga vista oral que, en principio, debe comenzar a celebrarse el próximo 24 de noviembre.
El objetivo de la revisión es examinar si su estado de salud le permite quedar exento de ir personalmente a Madrid a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, en Madrid. Con los informes presentados, será el tribunal quien decida si el estado de salud del presidente es lo suficientemente delicado para evitar que tenga que desplazarse a Madrid. De hecho, la defensa propone declarar por videoconferencia. Al final, las primeras jornadas de la vista oral servirán para exponer las cuestiones previas al Tribunal, una de las cuales implica remitir el caso a los juzgados de Barcelona por falta de competencia objetiva de la Audiencia Nacional dado el relato de las acusaciones.
Un cuadro patológico complejo
En los informes presentados, los médicos aseguran que padece una «severa alteración de la memoria verbal que lo lleva a confundir hechos y personas». Es decir, un «deterioro cognitivo grave» que la defensa reclama que analice el médico forense. En síntesis, el tribunal, siguiendo la petición de la defensa, también quiere asegurarse de que Pujol entiende los términos de la acusación por la cual está procesado. Además, Pujol tiene reconocido un 75% de grado de discapacidad, es decir, un grado de «gran dependencia para las actividades básicas» y una movilidad muy reducida. Los médicos también subrayaron las patologías óseas y funcionales que padece que responden a su edad.
