Hubo un personaje durante el juicio del caso Mito, donde estaba acusado de blanqueo Gonzalo Boye, el abogado del presidente Carles Puigdemont, que levantó todas las sospechas. Era Manuel Puentes Saavedra, quien después de una visita de la policía y la fiscalía pudo salir de la cárcel –a pesar de tener acusaciones muy graves– cuando estaba recluido preventivamente. Pudo dejar el centro penitenciario justo después de cambiar su versión de los hechos, un relato rehecho que sirvió para imputar a Boye y a un buen número de los principales acusados de una trama de narcotráfico y blanqueo que supuestamente dirigía José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco. Una actuación turbia, que ni el mismo fiscal quiso verbalizar en su informe final, ya que no pidió la atenuación de la pena por colaboración, pero sí que se tuvieran en cuenta sus declaraciones para reducirla.
Puentes Saavedra había cambiado las versiones previas después de facilitar a la fiscalía un testimonio de cargo que, por cierto, se deshizo en su declaración. Uno de los detalles de la larga vista oral del juicio fue que Puentes Saavedra llegaba con un vehículo que lo dejaba a una distancia prudencial de la funcional sede de la Audiencia Nacional, unos tres cuartos de hora antes de que comenzara la vista, y se quedaba en la planta baja, alejado y aislado del resto de los acusados. Un comportamiento que hacía pensar que alguien lo acompañaba en coche, pero que no era prudente que se viera quién era.
Pero ahora la casualidad puede aclarar este comportamiento tan sospechoso. Es un caso que se sigue en el juzgado de instrucción número 4 de Madrid, como diligencias previas 3178/2024. Puentes Saavedra también aparece en este caso, pero en esta ocasión como testigo protegido. Y lo que es más grave, el caso sería un “entrega controlada de droga”, es decir, fiscalizada por la policía, que se habría registrado en coincidencia con el inicio del juicio del caso Mito. Un hecho que ha hecho levantar las orejas a los abogados que participaron en el juicio, que no ocultan la indignación por el hecho de que un testigo de cargo realizara trabajos para la policía de manera encubierta mientras negaba al tribunal cualquier acuerdo con los cuerpos y fuerzas de seguridad o con la fiscalía. De hecho, fuentes judiciales y policiales consultadas apuntan que posiblemente Puentes Saavedra sea un “comodín” policial para determinadas operaciones.
Una entrega controlada
El caso del juzgado de instrucción 4 de Madrid es, según las fuentes consultadas, una entrega controlada de 20 kilos de cocaína, es decir, bajo el monitoreo de la policía. Manuel Andrés Puentes Saavedra participó en una reunión con los hoy imputados y presos por esta causa el 14 de noviembre de 2024, el día en que se acordó la compraventa de esta droga. La materialización de la entrega se produjo el día 5 de diciembre de 2024. El 6 de diciembre de 2024 se acordó el ingreso en prisión de todos los investigados. Curiosamente, Puentes Saavedra no fue arrestado. El resto de los participantes en el encuentro, todos de nacionalidad serbia, sí.
Uno de los abogados de esta causa, que normalmente defiende a policías, lo ha propuesto como testigo protegido. Una petición que ha despertado el malestar y mucho recelo en las partes encausadas en el juicio Mito, porque negó al tribunal cualquier acuerdo con la policía o la fiscalía. Además, las fechas aún enturbian más su papel.
La reunión que fue clave para detener a los serbios, propuesta por la policía, se celebró el 14 de noviembre y el juicio del caso Mito se inició cuatro días después. Difícilmente, una persona acusada de narcotráfico y sospechosa de homicidio, podría celebrar una reunión de estas características a cuatro días de un juicio tan importante sin la connivencia policial. Entre el cinco y el seis de diciembre, días de los arrestos, el juicio del caso Mito ya estaba en marcha. Y a pesar de que Puentes Saavedra participó en la reunión, todos sus asistentes fueron arrestados menos él. Un detalle que daría cuerpo a la tesis ya esbozada durante el juicio de que Puentes Saavedra contaba con escolta policial para llegar a la Audiencia Nacional. Además, el mismo ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, blindó a Puentes Saavedra y su relación con la policía en una respuesta parlamentaria a Junts, el pasado mes de febrero. Un hecho que podría resultar un escándalo y restaría credibilidad a la ya de por sí escasa prueba incriminatoria recogida en la vista oral del caso Mito.
