Perdido por perdido, la manta al cuello. Esta es la idea que ha impulsado la decisión del exconsejero de Presidencia Jordi Turull y el expresidente de la ANC Jordi Sánchez de convencer a su equipo jurídico de pasar a una nueva etapa en uno de los procesos judiciales vinculados al referéndum sobre la independencia del primero de octubre de 2017. Según ha podido saber El Món, la defensa de los dos ex-presos políticos, dirigida por Jordi Pina, presentará un recurso ante la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra la sentencia, dictada hace una semana por el órgano de Estrasburgo, que rechazaba la demanda por la prisión preventiva de ambos y de Oriol Junqueras. De momento tienen tres meses de plazo, si bien Turull ya ha dado el ok definitivo, Sànchez quiere aclarar que el recurso tenga más matices que no solo ser un recurso contra la sentencia. Los magistrados consideraron que no se habían vulnerado sus derechos políticos. En cuanto al presidente de ERC, de momento, su defensa descarta esta opción.
El anuncio llega justo un día antes de que otra instancia jurisdiccional europea avance una opinión importantísima respecto al Procés. En concreto, la opinión del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre dos de las cuestiones prejudiciales presentadas por la aplicación de la ley de amnistía. Una opinión que llegará de Luxemburgo al día siguiente de que haya trascendido que, en Estrasburgo, el TEDH inadmitió el pasado mes de septiembre una demanda del exvicepresidente del Parlamento Josep Costa en torno al caso Pegasus y que también haya bloqueado una demanda contra la decisión del Parlamento de no admitir una iniciativa legislativa popular de «regulación del estatus político de Cataluña».
Un camino excepcional y tres meses para presentarlo
La decisión de recurrir a la Gran Sala no es fácil porque se trata de un recurso «muy excepcional». Y más en este caso, en que la decisión de no amparar a los demandantes no recogió ningún voto particular de los magistrados que componían el tribunal, ya que se tomó por unanimidad. De hecho, este recurso es inusual y, sobre todo, es para precisiones de, por ejemplo, ruptura de doctrina o división de los magistrados. En definitiva, las sentencias dictadas por un comité o por la Gran Sala, así como las decisiones de inadmisibilidad, son definitivas y no se pueden recurrir.
Ahora bien, no obstante, las partes pueden, en los tres meses siguientes al pronunciamiento de la sentencia de la sala, solicitar lo que se llama la «remisión del caso a la Gran Sala para que se vuelva a examinar». En este caso, sería un panel de jueces que estudia la demanda de remisión del caso a la Gran Sala y decide la pertinencia y si procede admitir el recurso y posteriormente revisar o confirmar la decisión de la primera instancia europea. Ahora, el equipo jurídico de Sànchez y Turull ha comenzado a trabajar con expertos en el procedimiento europeo sobre cómo formular este recurso a la Gran Sala.
«Centrar la pelota»
En esta ocasión, y teniendo presente la doctrina utilizada para justificar los recursos a la Gran Sala, pasa por, sobre todo «centrar la pelota del recurso». Es decir, puntualizar y sintetizar al nuevo tribunal, los dos o tres puntos que la defensa interpreta que en la primera resolución los magistrados malinterpretaron los hechos o no llegaron a captar el agravio producido en los derechos políticos de Turull y Sànchez.
En este sentido, quieren destacar y subrayar los argumentos que utilizó el juez instructor del juicio del Procés, el magistrado Pablo Llarena, para impedir la investidura de Turull o la participación como candidato a la presidencia de la Generalitat a Jordi Sànchez como diputado electo del Parlamento de Cataluña. Esto es, enfatizar las sospechas de «reincidencia» o bien el hecho de que no se habían redimido de sus objetivos independentistas. En síntesis, quieren profundizar en los motivos alegados por un juez instructor para no permitir que ninguno de los dos pudiera ejercer sus derechos políticos cuando durante el juicio y estando en prisión, participaron de la campaña electoral o, incluso, tomaron posesión de sus escaños en el Congreso.
Además, otro de los márgenes delicados del recurso, será mantener una distancia entre esta demanda y las demandas contra la sentencia del Procés interpuesta por todos los presos políticos. Cabe decir, que si bien la presentaron cada uno por separado, el TEDH decidió unificarlas en un mismo procedimiento porque los hechos y las vulneraciones alegadas coincidían. A pesar de esta prevención jurisdiccional, los letrados tampoco ven un «riesgo de relación» con el entendido de que el caso de Turull y de Sànchez, y también de Junqueras, era contra las decisiones de un juez instructor y no contra la sala penal de la máxima instancia judicial española. En todo caso, contemplan que el recurso no afectaría en nada al actual estado de las cosas.
Cuenta atrás para la amnistía en Europa
La decisión de presentar el recurso a la Gran Sala coincide prácticamente con una fecha muy importante en el camino procesal europeo contra la respuesta judicial española al referéndum. En concreto, son las dos opiniones que el abogado general del TJUE, Dean Spielmann, presentará este jueves sobre la aplicación de la ley de amnistía por dos de las cinco cuestiones prejudiciales presentadas. Spielman razonará sus conclusiones en el proceso abierto por Societat Civil Catalana a raíz del juicio administrativo del Tribunal de Cuentas y, por otra parte, en las cuestiones presentadas por la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) en el marco de la operación Judes.
Estas conclusiones son un paso reglamentario antes de dictar sentencia. Ahora bien, la opinión del Abogado General no es vinculante para los magistrados, pero ayuda a elaborar las decisiones del TJUE. De hecho, normalmente y siguiendo un criterio demoscópico el TJUE acostumbra a coincidir con la opinión pero en muchos casos, y con cierto eco mediático y político, se ha desmarcado diametralmente. Como fue el caso, de las cuestiones prejudiciales presentadas por Llarena sobre las euroórdenes del consejero Lluís Puig. En aquella ocasión, el abogado general Jean Richard de la Tour, expresó lo que se llama su opinión defendiendo la postura de la magistratura española y defendía la tesis del Supremo de que Bélgica no podía entrar a valorar el sistema judicial español. Será, pues, la primera opinión oficial de la arquitectura judicial europea sobre la aplicación de la ley de amnistía. Una vez se haya expresado la opinión, los magistrados fijarán la fecha de la sentencia.
¿Sobre qué debe opinar?
En principio, Spielmann, que fue durante casi diez años juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, debe contestar al Tribunal de Cuentas sobre si es posible amnistiar la responsabilidad contable de los líderes del procés sin afectar los intereses financieros de la UE. De hecho, el abogado de la Comisión Europea aseguró en la vista oral del pasado 15 de julio que no se había gastado ni un euro de los fondos europeos en el Procés.
Por otra parte, también debe responder a la Audiencia Nacional si la ley del olvido penal para el independentismo es compatible con las leyes antiterroristas de la UE. Una pregunta formulada en el caso de la operación Judes donde varios CDR podrían ser juzgados por delitos de terrorismo con acusaciones que oscilan entre ocho y once años de prisión. De hecho, la fiscalía se mostró favorable a la amnistía y la ley establecía un sistema para proteger esta acusación de lo que la legislación europea entiende por terrorismo.
