La decisión del fiscal del Tribunal Supremo, Álvaro Redondo, de considerar que la causa del Tsunami Democrático no es terrorismo ha estallado en el seno de la fiscalía. En principio, el fiscal remitió su dictamen, de unas cien páginas, donde consideraba que los hechos instruidos por el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel Garcia Castellón, no podían ser considerados como un delito de terrorismo y, que en todo caso, solo podían constituir un delito de desórdenes públicos graves. La opinión del fiscal, que le tocaba hacer de poniente por turno de reparto, tenía que defender su tesis a la Junta de Fiscales prevista por este martes.
Ahora bien, en las últimas horas se han difundido informaciones que apuntaban a presiones del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz a Redondo para mantener la tesis que no es terrorismo, como ha hecho el fiscal antiterrorista de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo. Unas presiones que han sido negadas en redondo en sendos comunicados emitidos por el mismo Fiscal General del Estado como por el mismo Redondo. Las dos comunicaciones, a las que ha tenido acceso El Món, niegan «rotundamente» estas presiones. García Ortiz, además, carga contra una información que «cuestione la profesionalidad y honorabilidad» de los dos fiscales que, tanto a la Audiencia Nacional como al Tribunal Supremo, han informado sobre la causa del Tsunami.
De hecho, apunta posibles acciones jurisdiccionales contra los autores de estas informaciones. En todo caso, las informaciones se circunscriben en la batalla interna dentro de la fiscalía en el marco de la negociación de la amnistía y las ganas del sector duro de imputar por terrorismo el presidente al exilio Carles Puigdemont.
Dura respuesta de Redondo
En la carta remitida por el fiscal Redondo deja clara de manera bastante desenvuelta que el Fiscal General no ha tenido nada a ver en su decisión. «Desmiento haber recibido ninguna instrucción del Fiscal General en relación con este asunto», sentencia. «Reitero: no recibí, no ya una instrucción, sino tan solo una mínima sugerencia por parte del Fiscal General del Estado sobre la postura jurídica que tenía que asumir, como poniente, ante la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo», aduce.
«Tengo sesenta y ocho años, 46 de los cuales he estado al servicio del Derecho: siete años como magistrado, carrera en que continúo en excedencia, y los otros como Fiscal», avisa Redondo. En este marco, avisa que su «único criterio de actuación es y ha estado siempre la más estricta aplicación de la ley y la promoción de la justicia, desde la más absoluta imparcialidad, y sin aceptar ninguna presión de nadie, actuando siempre en defensa de la ley, y cumpliendo además con rigor los principios éticos que tienen que orientar la actuación de los magistrados». «Este continuará siendo mi único criterio de actuación», concluye.
