Tres imputaciones más en la causa del Juzgado de Instrucción 20 de Barcelona sobre el espionaje con Pegasus a los líderes de ERC en el Parlamento y en el Parlamento Europeo, Josep Maria Jové y Diana Riba. En una rueda de prensa en el Parlamento, tanto Jové como Riba, acompañados del exconsejero de Interior y portavoz del partido en materia antirrepresiva, Joan Ignasi Elena, han anunciado esta mañana la imputación de tres directivos del grupo NSO -la empresa de Israel proveedora del software espía- por el espionaje a representantes políticos.
En concreto, se trata de Omri Lavie, Shalev Hulio y Yuval Somekh, que ya estaban imputados en la causa que se sigue por el espionaje al abogado Andreu Van den Eynde. Por primera vez, están imputados por espiar a políticos. A raíz de estas imputaciones, el grupo de los republicanos en Madrid reclamará al gobierno del Estado desclasificar el caso Pegasus a través de una batería de preguntas registradas en el Congreso siguiendo el hilo de la iniciativa que el lunes hizo pública Irídia reclamando al Consejo de Ministros que deje de obstaculizar el avance de los procesos judiciales por estas causas.
Un paso adelante
De hecho, el lunes de esta semana declaraba en la misma causa, la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, aunque alegó el derecho de reserva para esquivar dar respuestas a las defensas y al ministerio fiscal. Una vez terminaron las declaraciones sí se avanzó que esta semana habría novedades sobre el espionaje y la causa que esta mañana se ha confirmado, la imputación de los directivos de NSO.
Para Jové y Riba se trata «de un paso adelante porque es la primera vez que se imputa a la empresa de Pegasus en causas de representantes políticos». Los republicanos lo consideran, pues, un “hito sin precedentes” en tanto que es un avance en la defensa de los derechos de representantes de la ciudadanía. Con esta imputación y la fallida declaración de Esteban del lunes, ERC también pide y pregunta al ejecutivo de Pedro Sánchez si desclasificará la información para avanzar en las investigaciones, qué medidas tomará para garantizar un control democrático real del CNI y qué compensaciones recibirán las personas afectadas.
También reclaman responsabilidades políticas en caso de que se confirme la implicación de los servicios de inteligencia. ERC critica que el gobierno español invoque la Ley de Secretos Oficiales de 1967 para impedir la comparecencia de exresponsables del CNI. «Una actitud que contradice las recomendaciones internacionales», reprochan los republicanos.
