El PSOE de Pedro Sánchez no pasa por su mejor momento. Ni mucho menos. Pero el PSOE está bastante vacunado históricamente para aguantar los vaivenes de los escándalos. Con toda la vorágine de corrupción y de terrorismo de Estado que acosó a los gobiernos y al partido de Felipe González, todavía ganó, contra las apuestas, las elecciones de 1993 y obtuvo una «dulce derrota» por todavía no 300.000 votos en 1996 que llevó a José María Aznar a la Moncloa, lo que inició lo que Manuel Vázquez Montalbán bautizó como la era de la Aznaridad. Aunque ya han pasado casi 30 años de aquella etapa en la cual, cabe recordar, no existían las redes sociales y las televisiones privadas no pasaban de tres.
El panorama judicial y de escándalos que tiene delante Sánchez ya no es una bomba de relojería sino más bien un artefacto de expansión, con protagonistas principales de la historia de la actual España, es decir, la judicatura y la Guardia Civil, en especial la Unidad Central Operativa del instituto armado (UCO). Y, ahora, con el añadido de la fiscalía anticorrupción dirigida por Alejandro Luzón que ha visto como, incluso, el fiscal general del Estado ha sido inhabilitado durante dos años del cargo por la poderosísima sala penal del Tribunal Supremo.
En todo caso, Sánchez se enfrenta a un caso de «cloaca», es decir, de un aparato clandestino del partido para buscar información delicada de los adversarios bautizada como el caso Leire; además de los casos Koldo que han derivado en el caso Ábalos y el caso Cerdán; además del caso Begoña Gómez, de su esposa, y la última explosión el caso SEPI, que la UCO no se está de relacionar con el caso Cerdán a través del nombre de una empresa que será protagonista de los titulares más inmediatos, Servinavar. Todo ello, aderezado con el caso Hidrocarburos, -también en la Audiencia Nacional- donde surgió uno de los personajes más turbios y que ha generado la fase más agresiva contra el PSOE, el empresario Víctor de Aldama.
Leire Díez, dos casos y una protagonista
El miércoles de esta semana la UCO detenía a la exmilitante del PSOE Leire Díez apodada la «fontanera» del partido, al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández -que la semana pasada fue absuelto por el caso Aznalcóllar- y al empresario Antxon Alonso, relacionado con Santos Cerdán a través de la empresa Servinabar, de la cual incluso, firmaron pero no formalizaron un documento privado de venta de acciones entre ambos. Las detenciones las ordenó el magistrado Antonio Piña, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, encargado por ejemplo, de la profusa causa Tándem, y acostumbrado a instruir casos de corrupción, cloaca y tráfico de influencias.
El caso se mantiene bajo secreto de sumario, pero la UCO y el juez investigan presuntas corrupciones en las contrataciones de la SEPI, la sociedad estatal que procede del Instituto Nacional de Industria. En concreto, se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. El caso tiene todos los elementos de potencia mediática con registros en Madrid, Sevilla y Zaragoza relacionados con empresas vinculadas a Servinabar, la mercantil que según los atestados de la UCO está vinculada a Santos Cerdán, exnúmero tres del PSOE e imputado en otra investigación por cobro de comisiones ilegales por la cual ya ha estado más de cien días en prisión.
Las sedes de Forestalia, SEPI, Mercasa, Conaudura, Enusa, Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, han sido objeto de registros o de peticiones de información. En una causa que algunas fuentes apuntan que habría hasta una docena de investigados, como José Vicente Berlanga, del Partido Socialista del País Valencià. Este sábado, los principales implicados declararán ante el magistrado Piña y se decidirá sobre el futuro más inmediato de la instrucción, como si continúa el secreto en la causa. Esta no es la única causa de Díez.
La segunda causa
La exmilitante del PSOE es una de las principales investigadas en el caso de la «cloaca del PSOE». Es decir, el sumario que instruye el juez Arturo Zamarriego, titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona. Un togado acostumbrado también a casos de operaciones clandestinas recordando que destapó el caso Pequeño Nicolás y de su instrucción apareció el concepto «operación Cataluña». El sumario instruye también presuntos delitos de tráfico de influencias y soborno.
En definitiva, investigan las grabaciones y audios que apuntarían el supuesto ofrecimiento de favores a cambio de información sobre miembros del Instituto Armado y la Fiscalía Anticorrupción que acosaban al PSOE. Curiosamente, uno de los personajes de los cuales buscaban información comprometida era el capitán de la Guardia Civil Antonio Balas, jefe de la sección de delitos económicos de la UCO, que, precisamente dirige la investigación contra Díez en la Audiencia Nacional. De hecho, diversas fuentes aseguran que Balas se reunió con el magistrado Piña para preparar la operación.
El caso Hidrocarburos, el octavo pasajero
El caso que investiga Zamarriego nace por la grabación de una conversación con el empresario Alejandro Hamlyn, en el despacho del abogado Jacobo Teijelo -actual letrado defensor de Santos Cerdán-. Hamlyn es uno de los principales implicados en el caso Hidrocarburos, una megacausa de fraude de IVA con el tráfico de combustibles donde también hay como figura central Víctor de Aldama que delató las presuntas irregularidades de José Luis Ábalos y Koldo García así como Santos Cerdán. Unas explicaciones que le permitieron salir de la prisión provisional. De hecho, es una causa que en el argot se conoce como «octavo pasajero» porque aparece en varios sumarios relacionados con la corrupción de un mismo grupo de investigados.
La investigación del Juzgado de Instrucción número 9, donde también está imputado el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista catalán Pere Russinyol, va por buen camino. Además, se añaden denuncias de los fiscales anticorrupción Ignacio Stampa y de José Grinda por intentos de soborno, y Ábalos se ha añadido como perjudicado. Según el juez, Díez «lideraba» una «actuación delictiva, continuada y coordinada» para «recolectar información comprometida o irregular» con el fin de «anular o malograr» investigaciones en «casos relevantes que afectan a políticos y empresarios».
El caso que sigue el juez Zamarriego se complica aún más después de que Díez declarara el pasado 17 de noviembre que celebró dos reuniones con Cerdán. Aunque advirtió que los encuentros fueron como periodista y que no tiene ningún vínculo con el partido ni ofreció favores. Díez trabajó en Enusa, investigada en la Audiencia Nacional, de donde se retiró en 2021 con una excedencia voluntaria, para incorporarse como jefa de relaciones institucionales de Correos. Para acabar de cerrar el círculo, Vicente Fernández habría recibido de Servinabar, la empresa vinculada a Cerdán, un total de 68.632,48 euros en 2021 y 33.251 euros en 2023. También consta que le fueron retenidos 40.800 euros en 2022. Una información que ha encontrado la UCO en la instrucción que se dirige contra Cerdán en el Tribunal Supremo.
Caso Koldo… caso Ábalos… y caso Cerdán
A todo esto hay que añadir, los casos que investiga el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional y el juez instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente. Ambos más que interrelacionados. Por un lado, el titular del Central 2, el magistrado Ismael Moreno, inició una investigación por las comisiones de las adjudicaciones por el material sanitario para la COVID.
Las pesquisas se aceleraron tras las confesiones de Aldama que abrieron el abanico y derivaron el caso Mascarillas hacia el Supremo porque implicaba al aforado Ábalos, diputado en el Congreso. Este caso se convirtió en una pieza separada que ya ha terminado la instrucción y el magistrado Puente lo ha enviado a juicio con peticiones por parte de la fiscalía de 24 años de prisión para Ábalos y su exasesor Koldo García, ambos ahora en prisión provisional.
A raíz de este caso, se abrió la causa Cerdán. La UCO, a raíz de las pesquisas e indicios obtenidos de las grabaciones que hacía Koldo a través de sus móviles, cosió una trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública y a través del ministerio de Transportes. Cerdán, entonces diputado en el Congreso, dimitió y el juez lo envió a prisión hasta, según el magistrado, recoger todos los indicios que corrían peligro si el exsecretario de organización continuaba libre. El caso continúa en instrucción y también está investigado Antxon Alonso, que la UCO insiste en definir como socio de Cerdán.
Begoña Gómez y acosos
A todo este embrollo, hay que añadir el caso Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez. Gómez está investigada por prevaricación, malversación y apropiación indebida por parte del juez Juan Carlos Peinado en una causa con algunos detalles surrealistas de imputaciones y desimputaciones. Un caso que comenzó por una denuncia de la entidad ultra Manos Limpias y posteriormente se sumaron Vox y Hazte Oír. Peinado ya ha abierto juicio contra Gómez por su relación con la Universidad Complutense y por su labor al frente de la gestión de fundaciones.
Otro de los frentes de Sánchez son los escándalos por acosos sexuales. Si bien, Koldo y Ábalos ya habían abierto el fuego por su supuesto consumo de prostitución, ahora los escándalos se expanden. El caso de Paco Salazar, que estaba en el núcleo de Sánchez, denunciado por acoso por varias trabajadoras del partido o el caso del presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, también denunciado por acoso sexual. Situaciones que han dejado los protocolos internos del partido de protección en duda y que enturbian el discurso feminista del PSOE del cual ha hecho bandera, gracias a la cantidad de voto femenino que recoge.
