Una ceremonia de estado que puede convertirse este viernes en un sonado boicot de la magistratura más derechista en España. Todo ello, por la carta del bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con la que reclama a su presidenta, Isabel Perelló, que actúe contra la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, procesado por revelación de secretos, y del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la apertura del año judicial. Un acto solemne que preside el monarca español y que abre oficialmente el curso de las tareas de los tribunales españoles.
La carta de los vocales se añade a un durísimo comunicado emitido por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Fiscales (AF), mayoritarias en sus ámbitos respectivos, y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), todas conservadoras y desacomplejadamente contrarias a García Ortiz desde que fue nombrado. El comunicado carga contra la presencia del Fiscal General tachándola de «acto de desprecio» al estado de derecho.
La misiva enviada a Perelló, a la cual ha tenido acceso El Món, va firmada por los diez vocales más conservadores y llega un día antes de que Felipe de Borbón celebre la apertura en la sede del Tribunal Supremo, en el convento de las Salesas en Madrid. El texto es bastante contundente. Los togados piden a Perelló que haga saber a García Ortiz, «la inconveniencia» de intervenir en el acto de apertura del año judicial «en las circunstancias actuales». En el mismo sentido, también proponen que el ministro de Justicia sea relegado fuera de las tribunas oficiales por sus «ataques injustos e injustificados» al poder judicial. Una manera de mostrar ostentosamente la separación de poderes del Estado. Un detalle importante es que los conservadores intentan implicar a la casa real española en su protesta.
«Tensión política»
Los conservadores del CGPJ no se están de entrar en el debate político y aseguran que es «difícilmente comprensible que esta situación se tolere». «La consecuencia es una tensión innecesaria para la Fiscalía General del Estado, para el Poder Judicial y, en última instancia, para el mismo jefe del Estado, que preside el acto», argumentan. De hecho, enmarcan la situación en el «contexto político de extraordinaria tensión», del cual hacen responsable al presidente español Pedro Sánchez, por haber afirmado este lunes en TVE que «hay jueces que hacen política».
Así, reprochan las «acusaciones genéricas» que el jefe del ejecutivo español vertió «contra jueces y magistrados». Asimismo, recuerdan que Sánchez reiteró sus acusaciones a la prensa internacional, un hecho que agrava más el malestar entre los togados conservadores. De hecho, afirman que las palabras de Sánchez «no solo resultan injustas, sino que lesionan la confianza en uno de los pilares del estado democrático de derecho».
Los jueces aseguran que aceptamos «críticas» pero no «deslegitimación»
Los firmantes insisten en que la independencia judicial «no es un privilegio corporativo, sino una garantía para todos los ciudadanos». «Las críticas a resoluciones concretas son legítimas, pero la deslegitimación global de jueces y tribunal erosiona el sistema constitucional mismo», argumentan. Asimismo, intentan envolver al monarca español en su cruzada, y piden a Perelló que «haga saber a la Jefatura del Estado esta situación a los efectos de la adecuada coordinación institucional».
Por otro lado, subrayan su «preocupación» por la situación del ministerio público y la posición de García Ortiz como procesado y a punto de sentarse en el banquillo de los acusados. En esta línea, recuerdan que un subordinado suyo quedaría fuera de estos actos si estuviera en la misma situación que él.
