Dos querellas. Este es el balance inmediato, en solo unas horas, de las consecuencias de la publicación de los whatsapps del expresidente de la Audiencia Nacional José Ramon Navarro a José Luis Ábalos, entonces ministro, para informarle de la absolución del mayor de los Mossos d’Esquadra y actual director general de la policía, Josep Lluís Trapero, dos meses antes de que se publicara la sentencia. Los primeros en presentar la querella han sido la asociación Hazte Oír. Pero pocas horas después se ha sumado el parasindicato de funcionarios Manos Limpias.
Por parte de Hazte Oír, la querella se ha presentado en el reparto de los juzgados de instrucción de Madrid. En cambio, la de Manos Limpias, ante la sala segunda del Tribunal Supremo. Todo porque los primeros consideran que no es aforado porque Navarro ahora se encuentra en excedencia de la carrera judicial, y Manos Limpias considera que el magistrado mantiene el aforamiento. La querella de la asociación ultra, de diez páginas y a la cual ha tenido acceso El Món, plantea un delito de revelación de secretos. En cuanto a la de Manos Limpias, amplía la acusación a los delitos de soborno y tráfico de influencias. Solicita inspeccionar el móvil de Navarro y llevar como testigos tanto a Pedro Sánchez como a Ábalos.
«Un impacto político»
Hazte Oír interpreta que Navarro habría cometido un delito de revelación de secretos al «divulgar de manera anticipada y deliberada información reservada relativa a una resolución jurisdiccional de especial trascendencia, vulnerando de manera directa el deber de cuidado impuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial y por el principio de independencia judicial». Todo ello en el procedimiento que se dirigía por sedición contra Trapero y la cúpula del Departamento de Interior a raíz de su participación en el referéndum del Primero de Octubre y durante las protestas del 20 de septiembre en relación con los registros de la Guardia Civil.
Precisamente, la organización que firma la querella insiste en que este juicio «tenía un impacto político de primer orden, ya que se producía en paralelo a las negociaciones para la aprobación de los presupuestos generales del Estado por parte del ejecutivo de Pedro Sánchez, que dependían de los votos de fuerzas soberanistas como ERC y PDeCAT». Por eso, remarcan que en este contexto aún tenía más valor el carácter «confidencial de la sentencia». «Era consciente de estar incumpliendo el deber de reserva, y por tanto por su condición de magistrado, era igualmente consciente de estar satisfaciendo el tipo penal del cual se acusa», indica la querella de Hazte Oír.
Por su parte, Manos Limpias no trabaja con la intensidad de Hazte Oír y la querella ocupa apenas dos páginas, en las que se argumenta que ningún juzgado ni ningún miembro del ministerio público se ha activado ante la «notitia criminis» de la información aparecida en El Mundo. «La revelación ha causado un grave daño a la causa pública», argumenta el parasindicato, que reclama comenzar la investigación.
