Nueva vía en la ofensiva del exilio contra la causa judicial del Proceso. El presidente Carles Puigdemont y el consejero Antoni Comín han registrado una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el magistrado instructor del Proceso, Pablo Llarena. Los argumentos de la denuncia, a la cual ha tenido acceso El Món, son «la desatención y el atraso injustificado y reiterado en la tramitación y resolución de los recursos de reforma interpuestos en la causa especial n.º 20907/2017, vinculados a la aplicación de la ley de amnistía».
En esta línea, la denuncia recoge que el 19 de junio se presentaron escritos reclamando la amnistía. Un documento que abría el que la defensa de Puigdemont y de Comín, orquestada por el abogado Gonzalo Boye, describe como la obra de la Sede, por su tardanza. Un atraso que considera premeditado y que ha generado dos recursos de impulso procesal para que sea aplicada o se pueda abrir otra vía jurisdiccional para tramitar y aplicar la ley del olvido penal.
De hecho, se acusa Llarena «de incumplir reiteradamente» el plazo para resolver los recursos de reforma sobre la aplicación de la ley de amnistía. Todo ello, el escrito concluye que «los hechos denunciados son indudablemente constitutivos de infracción disciplinaria de conformidad con el que dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial». En concreto, podrían llegar a ser calificados de «falta grave».
Retraso en los recursos, en contraste con la suspensión de las vacaciones por si se detenía a Puigdemont
La denuncia enfatiza la agravante que supone tener más de treinta días sin resolver un recurso, no solo de las defensas, sino del ministerio fiscal y la abogacía del Estado. Además, resalta que la causa es especialmente grave porque sobre los dos recaen medidas provisionales como órdenes de detención y que afectan la libertad personal. Por otro lado, reprocha al magistrado que no se apresure a responder y, en cambio, sí que solicitara «dejar sin efecto su licencia de vacaciones con el anhelo notorio de supervisar la captura de Carles Puigdemont», finalmente frustrada, el pasado ocho de agosto.
