El presidente al exilio, Carles Puigdemont, ha expresado la suya «alegría sin matices» por el archivo de la causa del Tsunami Democrático por parte del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. En un apunte a su cuenta de la red social X, antes Twitter, el candidato de Juntos a la presidencia de la Generalitat ha remarcado que esta decisión permitirá a gente «acusada y perseguida injustamente en una causa delirante» poder recuperar «una parte de la vida y la normalidad robadas». Aun así, muestra su sorpresa que el magistrado haya cometido un «error tan estúpido». «¿De verdad que en la causa con que quería coronar una larga vida al servicio del Estado, ha podido equivocarse tanto?», se pregunta, y sentencia que la clave para entender todo el asunto «era y es un caso de lawfare de manual».

Puigdemont expone que «sabían que la acusación de terrorismo era delirante, por eso los importaba poco, y menos si eran ellos quienes tenían el resorte para poderlo descarrilar cuando los conviniera», y ha asegurado que «el error» de forma cometido por García Castellón era «conocido desde hacía tiempo y, aun así, ha persistido». Para Puigdemont, el objetivo del juez y de la Audiencia Nacional era «embadurnar durante años, intimidar personas clave y ensuciar la narrativa sobre el independentismo y todos nosotros» y dar la imagen que la independentismo «daba miedo». «Y sobre el miedo se puede hacer política, como bien demuestra la ultraderecha a la cual pertenece La Toga Nuestra«, sentencia.


Así mismo, el presidente al exilio apunta que el magistrado y el tribunal «buscaban el que de hecho ya han conseguido, y cuando la causa ya no daba más de sí y estaba condenada al fracaso, la han lanzado a la papelera». Esta estrategia, a parecer del dirigente de Juntos, evidencia que «España no es un estado de derecho» porque «hay jueces que hace años que instruyen una causa ilegalmente y que deciden no aplicar una ley del Parlamento porque los gusta». «La inseguridad jurídica y la imprevisibilidad en la aplicación de normas que son muy claras son propias otros regímenes, no de una democracia europea donde tendría que existir la separación de poderes y la justicia tendría que ser políticamente imparcial», remarca.

Un ataque a la «reputación» de los encausados

Por otro lado, Carles Puigdemont ha hecho referencia a los encausados y ha lamentado que «el ataque a la reputación y el sufrimiento que ha representado todo esto para muchas personas y sus familias no lo revierte nadie» y, a pesar del archivo de la causa, ha advertido que pueden producirse casos similares. En este sentido, ha opinado que «el supuesto error formal no los disuade de continuar embadurnando y manteniendo las sospechas sobre las cuales han estado construyendo esta causa».

EI, finalmente, el presidente al exilio recuerda que la Ley de Amnistía «acaba con una determinada represión, la generada por la querella del fiscal general del estado en 2017 que da pie a una causa general contra el independentismo», pero alerta que la misma «no acaba con la represión estructural con qué España se relaciona en el conflicto con Cataluña».

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