La defensa de la ex consejera de Educación en el exilio y actual eurodiputada, Clara Ponsatí, quiere llevar su detención en Barcelona del pasado 28 de marzo ante la justicia europea. Isabel Elbal y Gonzalo Boye han presentado un incidente de nulidad de actuaciones con el que, además de pedir abandonar su procedimiento por desobediencia dirigido por el Tribunal Supremo, pide al juez presentar tres cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Quieren aclarar en qué condiciones se puede practicar una detención a un cargo electo europeo protegido por la inmunidad parlamentaria.
El incidente de nulidad presentado, al que ha tenido acceso El Món, destaca que Ponsatí fue detenida por los Mossos d’Esquadra a pesar de tener la condición de eurodiputada y manifestarlo a los policías y llevar su credencial «muy visible». Además, ponen en entredicho la orden estatal de detención que alega que cumplieron actuando. Ante el arresto, la defensa de Ponsatí presentó solicitud de Habeas corpus a favor de la ex consejera que la jueza de guardia, del Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona, rechazó instruir.
Vulneración de derechos fundamentales
El recurso resalta que se han vulnerado derechos fundamentales como el derecho a una tutela judicial efectiva. En concreto, la defensa razona que la jueza no tiene presente que quién ordenó la detención es «una autoridad que es manifiestamente incompetente». Una situación que impide la tutela judicial de los derechos fundamentales como por ejemplo el derecho a la libertad personal de la persona privada ilegalmente de libertad. Es más, añade que la resolución que impide tramitar un Habeas corpus no está bastante motivado y lo acusa de ignorar el principio de primacía del Derecho de la Unión Europea, sobre los derechos estatales.
En este sentido, el recurso recuerda que la jurisprudencia de la justicia europea afirma que no se puede privar de la libertad de un eurodiputado sin haber conseguido antes el suplicatorio de la cámara europeo. Un hecho que «evidencia la ilegalidad de la detención». Por otro lado, indica que la resolución no está bastante motivada y esto vulnera el derecho a tener una respuesta argumentada y fundamentada sobre Derecho por parte del juez.
