Respondida contundente, y con tono de serio aviso, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al poder legislativo. El Plenario ha acordado esta mañana, y por unanimidad, «instar el Congreso de los Diputados y el Senado que se abstengan de citarlos» a las comisiones de investigación que se han constituido sobre el caso Pegasus, Operación Cataluña y de los atentados del 17-A. El poder judicial argumenta su advertencia en los artículos 76 y 117 de la Constitución y 396 y 399 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Unos artículos que, según su parecer, no los permite dar explicaciones sobre las actuaciones en su actividad jurisdiccional.
En todo caso, el Consejo enfatiza que si, a pesar de esta advertencia, fueran citados, la Comisión Permanente no se estará de romances y «denegará la autorización de comisiones de servicios a los integrantes del Poder Judicial para que comparezcan». «Con la misma claridad y firmeza que respeta la autonomía parlamentaria, el Consejo General del Poder Judicial tiene que garantizar en todo momento y bajo cualquier circunstancia la independencia judicial», sentencian en la declaración firmada por todos sus miembros. Una decisión adoptada con la complicidad de jueces y magistrados de todo el Estado que han mostrado su inquietud por esta posibilidad.
Respeto por los jueces por encima del legislativo
El comunicado asegura que el Poder Judicial respeta la autonomía parlamentaria para convocar o constituir las comisiones que los parezca. Ahora bien, alertan que «tiene que quedar constancia que estas comisiones parlamentarias no tienen atribuciones para gritar a declarar ante suyo e investigar jueces y magistrados sobre asuntos que estos conozcan o hayan conocido en su tarea de juzgar y hacer ejecutar aquello que se ha juzgado». Así recuerdan que los togados están sometidos a otros regímenes disciplinarios.
Por si no quedaba claro, el Consejo remarca que aunque las Cortes amenacen con responsabilidades penales por no comparecer no se autorizará ninguna comparecencia. En todo caso, reclaman al poder legislativo que en vez de citar los jueces se apresuren a renovar el CGPJ para acabar con «la anomalía constitucional» en que se encuentran desde hace años. «Ha superado con creces el límite de aquello que es tolerable».
