La Sala Penal del Tribunal Supremo y el instructor de la causa del Procés, Pablo Llarena, han recibido este miércoles la sentencia del Tribunal Constitucional que les ordena aplicar la amnistía. Lejos de tomar una decisión rápida, han dictado dos providencias con las que trasladan a las partes la resolución para que en el plazo de cinco días formulen las alegaciones que consideren pertinentes.
En sendas providencias, a las que ha tenido acceso El Món, tanto la sala penal como el juez instructor admiten haber sido notificados de la sentencia del TC y la trasladan al ministerio fiscal, a la acusación popular de Vox y la abogacía del Estado para que aleguen su opinión sobre la resolución. Una decisión que, aunque podría ser esperada, existía la posibilidad de no tramitarla dada la contundencia de la sentencia aprobada este martes por siete magistrados contra cinco. El plazo de cinco días más el tiempo de deliberación y resolución del Supremo puede alargar más de una semana la decisión de si amnistían o no a los afectados.
«Preferente aplicación»
Una resolución que ordenaba la aplicación «urgente y preferente de la amnistía» a la exconsejera Dolors Bassa y, de rebote, a todos los procesados y condenados por malversación. En concreto, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig y la misma Bassa. De hecho, el magistrado instructor de la causa del Procés, Pablo Llarena, ayer mismo retiraba las órdenes de detención advirtiendo que era el levantamiento de una medida cautelar que no presuponía la aplicación de la amnistía. Así informaba que dictaría una interlocutoria cuando tuviera el texto íntegro de la sentencia del Constitucional.
Unas explicaciones que obligaron a los afectados a mostrar «cautela» hasta que sea definitiva la aprobación de la amnistía por parte del Supremo, aunque hay escasas posibilidades de que el alto tribunal tenga algún as bajo la manga para eludir la obligación del TC. Por ejemplo, la posibilidad de que se presente a instancia de la acusación popular la presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). De hecho, Llarena también hizo el sordo al TJUE porque entendía que aunque desestimaba las prejudiciales del Tribunal de Cuentas, el caso no tenía nada que ver con su concepto de malversación.
