Después de nueve años de un largo proceso judicial a raíz del referéndum del Primero de Octubre, el Tribunal Supremo ha cerrado el caso, incluso con un tono de armisticio. El magistrado instructor de la causa del Proceso, Pablo Llarena, siguiendo a los miembros de la sala penal que presidía Manuel Marchena y que condenaron a los líderes institucionales y civiles del 1-O, ha decidido cerrar el sumario y dejar en manos de la sala penal que aplique la ley de amnistía. Una decisión que afecta a procesados por malversación, después de que la sala penal exonerara a los condenados.
En concreto, los exiliados, Carles Puigdemont, Lluís Puig y Toni Comín, por un lado, que ya tenían retiradas las órdenes de detención, ahora su causa queda cerrada en la instrucción. De esta manera remite las actuaciones a la Sala Penal para que resuelva sobre la finalización de la fase de instrucción y el eventual sobreseimiento libre de las actuaciones por aplicación de la ley de Amnistía. Si la sala replica lo que hizo con los condenados por el 1-O aún inhabilitados por malversación, al aplicarles la ley del olvido penal, ahora solo restarán los procesados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), como son Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, que también tienen pendientes cuestiones prejudiciales en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Pero la defensa de ambos ya prepara escritos para presentar ante el TSJC para que retire las prejudiciales y aplique la amnistía.
La decisión llega después de la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 6 de octubre, con la que, a través del recurso de amparo de Dolors Bassa, los magistrados avalaron definitivamente la ley de amnistía. La resolución del TC venía precedida ya por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que daba el visto bueno a la ley de conformidad con el derecho europeo y que también ha obligado, aunque arrastrando los pies, al Tribunal de Cuentas a aplicar la ley del olvido penal para una cuarentena de cargos y altos cargos de los gobiernos de Artur Mas y de Carles Puigdemont. Y, de manera definitiva, por la providencia de la sala penal que, a pesar de los reproches al TC, aplicaba la amnistía a los condenados.
Dos condiciones
La sentencia del TC dejaba claras dos condiciones: que la resolución marcaba doctrina, es decir, que valía para todos los acusados y procesados por malversación y, en segundo término, que la amnistía debía aplicarse de manera «urgente y preferente». La respuesta fue inmediata. Por un lado, Llarena levantó las órdenes de detención, y por otro, Marchena abrió un plazo de cinco días para que todas las partes hicieran alegaciones. Un plazo que terminó el jueves y que la sala respondió este martes. Llarena, el lunes, advertía que dejaba en manos la decisión de la amnistía al criterio de la sala penal. Ayer no le dejaron más margen.
La posición de las defensas, ministerio fiscal y abogacía del Estado fue unánime, una vez más, a favor de la aplicación inmediata de la amnistía. Solo Vox interpuso su oposición. Por un lado, con un recurso de reforma sobre el levantamiento de las órdenes de detención y después con la oposición de la aplicación de la amnistía. Después de las deliberaciones, el instructor ha decidido dejar en manos del tribunal instructor la ley del olvido penal para el independentismo y cerrar el caso antes de comenzar una agitada campaña electoral.
