Posiblemente, era uno de los logros que tenía pendiente en su hoja de servicios. El magistrado de la sala penal del Tribunal Supremo y fiscal en excedencia Manuel Marchena ha pasado a formar parte, como miembro de número, de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación Española (RAJYLE), institución presidida por Luis María Cazorla Prieto. Una institución que promueve, alimenta y estudia el derecho español y su doctrina desde 1730.
Este lunes, Marchena pronunció su discurso de ingreso reglamentario, después de que el pasado 7 de abril fuera propuesto como «electo para la medalla número 18» de la institución. El presidente del juicio del Procés articuló su discurso en una de sus obsesiones de estudio, la prueba digital, antesala de otro de sus objetos de estudio, la inteligencia artificial en el proceso judicial. Lo interesante, además, del discurso de ingreso -una vistosa ceremonia- es que la réplica del discurso la hizo otro académico que, precisamente, no comparte la misma visión, el ex fiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce Lifante.
Una ley aprobada cuando no había teléfono
Marchena, fiel a su estilo, no se abstuvo de remarcar que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de la cual se niega a aceptar que se califique de «ley ritual», ha quedado obsoleta ante los avances tecnológicos. De hecho, recordó que la ley se aprobó cuando no existía ni teléfono. En todo caso, su discurso fue una seria advertencia al legislador. El reto de la tecnología como elemento estructural de la vida cotidiana no puede convertirse en una excusa para legislar de manera poco cuidadosa e improvisada. También señaló que no se puede aprovechar la magnitud del poder de la administración del Estado para investigaciones donde «todo vale» bajo el pretexto de reducir el poder jurisdiccional del control de garantías y de derechos.
En este sentido, utilizó la ironía para cargar contra las últimas reformas legislativas penales, incidiendo en los cambios que han «sufrido» en los últimos años el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Reformas que, a juicio de Marchena, «pasarán a la historia como el ejemplo de lo que nunca deben ser las tareas legislativas».
Así, Marchena insistió en la necesidad de actualizar la metodología de la investigación porque «el proceso penal, no ya del futuro sino del presente, no puede permanecer ajeno al impulso imparable de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial». «Una sociedad como la actual, interconectada mediante redes telemáticas que definen un espacio de convivencia inédito hasta hace muy pocas décadas, demanda soluciones jurídicas nuevas, con capacidad para hacer frente a formas de delincuencia que no tienen nada que ver con moldes criminológicos ya superados», reclamó el magistrado.
