«Brevedad, claridad y concisión». Estos tres elementos configuran la Santísima Trinidad de un informe final tras un juicio oral. Es la norma que expone el magistrado Manuel Marchena, en su imprescindible manual Claves prácticas para la defensa penal (Amazon, 2022) y que esta mañana ha cumplido con creces, oficio y elegancia, Cristóbal Martell, el abogado de Jordi Pujol Ferrusola, principal acusado del juicio contra la familia del expresidente en la Audiencia Nacional que ya suma 39 jornadas.
Martell ha tenido claro que después de seis horas de informes de las acusaciones -vale decir, que con afirmaciones bastante sesgadas y de un alto contenido político- no debía jugar al mismo estilo. El letrado ha tenido presente que ante el tribunal presidido por José Ricardo de Prada, valora más el jogo bonito que no el juego raso y golpe al tobillo. De hecho, Martell ha dejado caer una expresión en la valoración de una de las acusaciones que lo decía todo «dar golpes a los derechos constitucionales» y con el tiempo empleado, que no ha superado las dos horas y media.
El letrado ha preparado a conciencia su informe final siguiendo al pie de la letra los escritos de acusación del ministerio fiscal y de la abogacía del Estado. Hábilmente, ha querido subrayar en la sala -no sin ironía- que el fiscal y los letrados de la Moncloa en la sala han heredado los escritos que han dejado hechos otros. «¡Han recibido una herencia!», ha destacado todo pícaro. En resumen, ha hecho una especie de excel en prosa. Es decir, seguir los delitos de los que se acusa a su representante y compararlos con la prueba practicada y esquivando cualquier elemento político, al revés de lo que hicieron las acusaciones. «Debemos responder al festín punitivo al que hemos sido invitados», ha espetado. Y la respuesta ha sido evidente, clara y convincente: «¿Dónde está la prueba que satisface las exigencias de los delitos de blanqueo, delito fiscal, asociación ilícita, falsedad documental y alzamiento de bienes?».
El «frontispicio»
De entrada, el abogado ha recordado el «frontispicio de la acusación» basado en el «mercadeo de las adjudicaciones» y «reparto de comisiones de las administraciones catalanas bajo control de CDC». El letrado ha recordado que no se ha presentado ninguna adjudicación, ningún contrato que «se haya manipulado» ni en la fase de instrucción del procedimiento judicial ni en la vista oral. «Lo que se afirma se debe probar», ha remarcado al inicio de su informe. Este «frontispicio» ha generado una «intoxicación en la vida económica de Jordi Pujol Ferrusola acusándolo de negocios simulados». Un hecho que ha generado una paradoja jurídica de primer nivel, y es que las acusaciones «no han acreditado no solo el negocio simulado, sino aún menos el negocio disimulado».
El informe se ha dividido en dos grandes partes siguiendo el relato acusatorio. Por un lado, Andorra y por otro, sobre la actividad de sus empresas (IMISA, Project Manager o Active). En cuanto al dinero en Andorra, el planteamiento ha sido muy claro. Las acusaciones no han demostrado el origen delictivo de los fondos y las defensas han construido un «relato nada extravagante» de la herencia de Florenci Pujol, padre del expresidente, que tenía una vida económica de cambista de divisas, banquero y evasor fiscal que dejó un «colchón a los nietos porque estaba aterrado por la situación política de su hijo que ya había estado en prisión». Bien mirado, el abogado ha argumentado que se ha acreditado más la herencia que no el origen ilícito del dinero que la familia tenía en Andorra y que ha generado toda la cadena de delitos.
Sin prueba
En este sentido, y siguiendo los hechos que supuestamente, para las acusaciones cuadran con los delitos acusatorios, ha acusado al ministerio fiscal y a la abogacía del Estado de «pintar con brocha gruesa» el derecho penal. Así, ha ido desgranando los elementos de todos los tipos penales y comparándolos con los hechos probados aportando las normas de doctrina de interpretación de sentencias firmadas por magistrados como Luciano Valera, Ana Ferrer, José Ramón Berdugo, o Cándido Conde Pumpido, togados que inspiran a los magistrados que configuran el tribunal.
Especialmente duro ha sido con el instructor policial de la causa, el inspector Álvaro Ibáñez, el tip 89140. Además, lo ha hecho sin mencionarlo, pues ha enfatizado el informe clave de la acusación de la UDEF, titulado «Reconstrucción operativa del vínculo del delito antecedente para el blanqueo». Un informe que ha calificado de «pretendido informe con tintes de saber pericial» y que ha destrozado punto por punto remarcando la falta de «reputabilidad», de «concreción», de «hechos punibles» y del famoso «mercadeo de la función pública».
En todo caso, y yendo hecho por hecho, se ha registrado una nueva paradoja: el abogado ha podido demostrar que las acusaciones no han podido demostrar el origen ilícito de los fondos que conforman el delito de blanqueo. Si este delito no existe, cae como un castillo de naipes, el resto de acusaciones que ha bautizado como «tipicidades de acompañamiento» como el delito fiscal, la falsedad documental o la asociación ilícita. De hecho, el letrado no ha ocultado que ha sentido «rubor» al escuchar algunas de las descripciones de los análisis entre los hechos expuestos por las acusaciones al compararlo con la conclusión que ofrecía la prueba.
