«Brevedad, claridad y concisión». Estos tres elementos configuran la Santísima Trinidad de un informe final después de un juicio oral. Es la norma que expone el magistrado Manuel Marchena, en su imprescindible manual Claves prácticas para la defensa penal (Amazon, 2022) y que esta mañana ha cumplido con creces, oficio y elegancia, Cristóbal Martell, el abogado de Jordi Pujol Ferrusola, principal acusado del juicio contra la familia del expresidente en la Audiencia Nacional que ya suma 39 jornadas y unas conclusiones inamovibles de las acusaciones, que mantienen la petición de penas y de las defensas, que abogan por la libre absolución.
Martell ha tenido claro que después de seis horas de informes de las acusaciones -vale decir, que con afirmaciones bastante sesgadas y de un alto contenido político- no debía jugar al mismo estilo. El letrado ha tenido presente que ante el tribunal presidido por José Ricardo de Prada, se valora más el jogo bonito que no el juego raso y golpe al tobillo. De hecho, Martell ha dejado caer una expresión en la valoración de una de las acusaciones que lo decía todo «dar golpes a los derechos constitucionales» y con el tiempo empleado, que no ha superado las dos horas y media.
El letrado ha preparado a conciencia su informe final siguiendo al pie de la letra los escritos de acusación del ministerio fiscal y de la abogacía del Estado. Hábilmente, ha querido subrayar en la sala -no sin ironía- que el fiscal y los letrados de la Moncloa en la sala han heredado los escritos que han dejado hechos otros. «¡Han recibido una herencia!», ha destacado todo astuto. En resumen, ha hecho una especie de excel en prosa. Es decir, seguir los delitos de los que se acusa a su representado y compararlos con la prueba practicada y esquivando cualquier elemento político, al revés de lo que hicieron las acusaciones. «Debemos contestar al festín punitivo al que hemos sido invitados», ha espetado. Y la respuesta ha sido evidente, clara y convincente: «¿Dónde está la prueba que satisface las exigencias de los delitos de blanqueo, delito fiscal, asociación ilícita, falsedad documental y alzamiento de bienes?».
El «frontispicio»
De entrada, el abogado ha recordado el «frontispicio de la acusación» basado en el «mercadeo de las adjudicaciones» y «reparto de comisiones de las administraciones catalanas bajo control de CDC». El letrado ha recordado que no se ha presentado ninguna adjudicación, ningún contrato que «se haya manipulado» ni en la fase de instrucción del procedimiento judicial ni en la vista oral. «Aquello que se afirma se debe probar», ha remarcado al inicio de su informe. Este «frontispicio» ha generado una «intoxicación en la vida económica de Jordi Pujol Ferrusola acusándolo de negocios simulados». Un hecho que ha generado una paradoja jurídica de primer nivel, y es que las acusaciones «no han acreditado no solo el negocio simulado, sino aún menos el negocio disimulado».
El informe se ha dividido en dos grandes partes siguiendo el relato acusatorio. Por un lado, Andorra y por otro, sobre la actividad de sus empresas (IMISA, Project Manager o Active). En cuanto al dinero en Andorra, el planteamiento ha sido muy claro. Las acusaciones no han demostrado el origen delictivo de los fondos y las defensas han construido un «relato nada extravagante» de la herencia de Florenci Pujol, padre del expresidente, que tenía una vida económica de cambista de divisas, banquero y evasión fiscal que dejó un «colchón a los nietos porque estaba aterrorizado por la situación política de su hijo que ya había estado en prisión». Bien mirado, el abogado ha argumentado que se ha acreditado más la herencia que no el origen ilícito del dinero que la familia tenía en Andorra y que ha generado todo el rosario de delitos.
Sin prueba
En este sentido, y siguiendo los hechos que supuestamente, para las acusaciones cuadran con los delitos acusatorios, ha acusado al ministerio fiscal y a la abogacía del Estado de «pintar con brocha gorda» el derecho penal. Así, ha ido desgranando los elementos de todos los tipos penales y comparándolos con los hechos probados aportando las normas de doctrina de interpretación de sentencias firmadas por magistrados como Luciano Valera, Ana Ferrer, José Ramón Berdugo, o Cándido Conde Pumpido, togados que inspiran a los magistrados que configuran el tribunal.
Especialmente duro ha sido con el instructor policial de la causa, el inspector Álvaro Ibáñez, el tip 89140. Además, lo ha hecho sin mencionarlo, pues ha enfatizado el informe clave de la acusación de la UDEF, titulado «Reconstrucción operativa del vínculo del delito antecedente por blanqueo». Un informe que ha tildado de «pretendido informe con tintes de saber pericial» y que ha destrozado punto por punto remarcando la falta de «reputabilidad», de «concreción», de «hechos punibles» y del famoso «mercadeo de la función pública».
En todo caso, y yendo hecho por hecho, se ha registrado una nueva paradoja: el abogado ha podido demostrar que las acusaciones no han podido demostrar el origen ilícito de los fondos que conforman el delito de blanqueo. Si este delito no existe, cae como un castillo de naipes, el resto de acusaciones que ha bautizado como «tipicidades de acompañamiento» como el delito fiscal, la falsedad documental o la asociación ilícita. De hecho, el letrado no ha ocultado que ha sentido «rubor» al escuchar algunas de las descripciones de los análisis entre los hechos expuestos por las acusaciones al compararlo con la conclusión que ofrecían la prueba.
Josep Pujol, también sin prueba
La providencia ha querido que Jaime Campaner se haya dedicado a la abogacía y no a la carrera fiscal. Así lo ha demostrado con su informe final en defensa de Josep Pujol, acusado de delito fiscal y blanqueo. Una exposición rotunda y pronunciada con un tono buscadamente dirigido a hechos muy concretos de precisión técnica y correcciones a las afirmaciones de las acusaciones más falsas que no débiles. La excelencia de su informe aún gana más valor con el antecedente de todo el curso penal que ha ofrecido su antecesor, Cristóbal Martell.
De entrada ha reprochado a la acusación que afirmara que «todas las defensas» pidieron el testimonio de Victòria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, y al final renunciaron. Campaner la ha dejado en evidencia. Solo lo pidió una defensa y, además, si para la fiscalía, como aseguró, era uno de los orígenes importantísimos del caso, ha formulado la pregunta clave: «¿Por qué no pidió su testimonio?». En este contexto, ha resaltado que la denuncia durmió el sueño de los justos durante 18 meses, hasta la aparición de la portada de El Mundo.
Campaner ha sacado el hilo para perforar la acusación, sobre todo, de la Abogacía del Estado. En esta línea, ha remarcado el oxímoron que representa que lo acusen de blanqueador por hacer de «prestamista» en una operación que, por otra parte, declaró siguiendo las instrucciones del inspector de Hacienda con quien conformó el acta. En todo caso, en la valoración de la prueba practicada y en relación con la actual redacción del delitos fiscal, el pago sobre los 800.000 euros que Josep Pujol tenía en Andorra a Hacienda no conforma de ninguna manera delito fiscal, por tanto, no puede haber blanqueo. En definitiva, ha cargado contra «el imperialismo jurídico de la Agencia Tributaria» y de la constante «banalización de la presunción de inocencia».
El contexto del Procés y «el objetivo» de la familia
La defensa de Oriol Pujol, Francesc Sánchez, le ha tocado la carta política de la partida recogiendo los planteamientos de la acusación. De hecho, ha podido abrir una puerta una vez las dos primeras defensas, han aclarado el panorama de la falta de prueba y de la falta de elementos del delito de blanqueo. Ha sido hábil en reconvertir la expresión del fiscal Bermejo que había que ver el «contexto social y político» de los hechos juzgados. Sánchez le ha dado la vuelta, y le ha recordado el invento de las cuentas falsas de Xavier Trias, Artur Mas, de la mujer de Oriol Pujol y Jordi Pujol, o la cuenta falsa de Jordi Pujol y Soley en Suiza o las diversas actuaciones de la policía patriótica contra el Procés durante el inicio y la instrucción del caso. Y, sobre todo, el pendrive de los Pujol y la condena que supuso para el director adjunto operativo del Cuerpo Nacional de Policía y las presiones de la brigada política contra la BPA.
Ha rematado la faena, Pau Ferrer, letrado del resto de hermanos. Con su tono de fisioterapeuta, es decir, suave en la forma de explicarse pero tocando nervio con movimientos que, si bien curan, hacen daño. Ferrer ha insistido en la «plausibilidad» de la herencia como origen del dinero en Andorra, que en 2014 fueron regularizados. Así ha valorado la prueba periférica aportada para certificar la posibilidad de la herencia porque no se ha aportado ninguna prueba, ninguna concreción de la acusación sobre supuestas comisiones. Afirmaciones que «no pueden ser refutadas» porque no son ni concretas. De hecho, ha reprochado que las acusaciones hayan forzado «los hechos y el derecho para acusarlos de blanqueo». En esta línea, ha subrayado que la viscerabilidad acusatoria contra sus cuatro defendidos tiene el origen en que son hijos del presidente Pujol. Ha concluido con más contundencia, Oriol Rusca, letrado de Mercè Gironès con una frase bastante concluyente: «El instructor de la policía dijo trabajaban con hipótesis, y eso es mentira, trabajan por objetivos, y el objetivo era la familia Pujol y su entorno».
El abogado del andorrano Francesc Robert, socio y amigo de Jordi Pujol, Ferrusola, Fermín Morales, que con su mirada desmañada y con pose y tono de teniente Colombo de la abogacía ha agradecido que al menos, la abogacía del Estado que ha retirado la acusación de falsedad documental. Morales ha ido a lo «esencial» y es «de qué no se acusa a mi cliente». Una ironía que ha ayudado a desarrollar el resto de la acusación sobre todo de las malas praxis del jefe de la investigación policial de la UDEF a quien ha acusado de escribir «creaciones acusatorias literarias».
