El fiscal del juicio contra los Pujol Ferrusola, Fernando Bermejo, ha sido el encargado de iniciar la cuenta atrás para el final de la vista oral. Bermejo ha comenzado esta mañana la jornada 36 del juicio, ahora ya solo contra los hijos del expresidente Pujol, de quien ayer el tribunal decretó el sobreseimiento libre, y contra varios empresarios que fueron socios de sus hijos Jordi y Josep. El ministerio público ha pronunciado su informe al tribunal de valoración y análisis de la prueba valorada, pero los primeros minutos ya han permitido constatar de qué pie calzaría su conclusión y el carácter político de su intervención.
De entrada, ha utilizado la frase de un testigo que aseguró que en Cataluña era casi una tradición familiar tener dinero en Andorra. A partir de esta afirmación, Bermejo ha aprovechado para introducir la cuña política usando el truco de la tortilla, es decir, da la vuelta a la tortilla y acusa a los otros de haberla quemado. En concreto, el fiscal ha diferenciado entre tres tipos de catalanes: las «familias acomodadas», «los catalanes nacidos en Cataluña» y los «catalanes que llegaron desde otros lugares de España para contribuir a la prosperidad de Cataluña».
A partir de aquí, se ha desgargantado argumentando que el juicio no es «político» porque «no ataca a Cataluña sino que la defiende». Todo ello porque los supuestos delitos cometidos, como el delito fiscal o el blanqueo, hacen que el juicio sea «en defensa de Cataluña». En este sentido, ha contrapuesto el discurso que supuestamente, según el fiscal, alegaba el pujolismo durante sus años de mandato, «España nos roba», con el hecho de ocultar dinero al fisco español. Bermejo ha remarcado «el poder y la influencia del presidente y de su entorno social», y ha asegurado que «no es la persona que hemos visto en esta jornada».
«Perspectiva»
El fiscal Bermejo, consciente de que la prueba es puramente especulativa, ha invertido la carga de la prueba sobre la herencia de Florenci Pujol. De hecho, considera que está obligado a acreditar la existencia del legado. En cambio, sobre el origen del dinero, se ha acomodado en el concepto «perspectiva». Es decir, valorar los indicios recogidos desde la «perspectiva» de la corrupción. Un terreno que ha remarcado porque el fiscal sabe perfectamente que el derecho penal se basa en hechos probados y no en presunciones o «perspectivas».
En este sentido, ha subrayado que el origen del crecimiento de la herencia estaba alrededor de los años 1990 y 1992, «el año de las Olimpiadas de Barcelona», ha enfatizado. Así, ha valorado las compensaciones y los movimientos de los fondos que tenían en Andorra los hermanos como prueba de presuntas comisiones recibidas por parte de supuestas comisiones por hipotéticas adjudicaciones con la administración catalana. De hecho, ha pronunciado el nombre de empresas especialmente elegidas. Una, por haber sido adjudicataria de un contrato de 1,8 millones en la L9 del Metro -sin más explicación- y una imputada en el caso del 3%.
«La familia Pujol tejió una red de clientelismo para defraudar, alcanzar una gran fortuna y perjudicar a la sociedad catalana», ha concluido. Así ha comentado que los empresarios pagaban una «matrícula» a la familia como quien paga una «matrícula de un gimnasio» y después iban pagando cuotas del «3%», recordando la causa, aún pendiente de juzgar del financiamiento irregular de CDC. A partir de aquí, ha continuado insistiendo en los negocios simulados, las compensaciones en Andorra y los negocios poco detallados de Jordi Pujol Ferrusola.
Victoria Álvarez, la policía patriótica y Andorra
En las tres horas largas de su informe, también ha mencionado a Victoria Álvarez, la ex pareja de Jordi Pujol Ferrusola. De hecho, ha puesto en valor la declaración de Álvarez en sede judicial, que durmió el sueño de los justos, y ha negado que se realizaran pesquisas antes del comunicado de confesión del presidente Pujol, en el cual, por cierto, no menciona Andorra. De hecho, ha parecido que el mismo fiscal reconvertía la comida de La Camarga en una primera denuncia contra la familia Pujol-Ferrusola. Una manera de sacar de la ecuación la imagen publicada en El Mundo, con los fondos de la familia en Andorra.
En el mismo sentido, ha expurgado del caso cualquier derivada de la operación Cataluña y de la policía patriótica quitando valor a las testificales practicadas donde se reconocieron abiertamente las presiones por parte de sus integrantes a la dirección de la Banca Privada de Andorra (BPA), la entidad donde la familia tenía el dinero que, teóricamente procedía de la herencia. Una interpretación con la que ha querido remarcar que el juicio Pujol no es un juicio político, aunque, ha enmarcado solo comenzar el informe el papel político de Jordi Pujol y Soley y su familia.
La nueva doctrina de la prueba
El fiscal, en su larguísima exposición, ha querido insistir en la falta de prueba de la herencia, ahora bien sin exponer ninguna prueba de sus acusaciones. De hecho, ha leído el escrito de acusación, que ha hecho suyo aunque lo escribió Belen Suárez, tuneado con algunas de las expresiones de los testigos o manteniendo la interpretación incriminatoria del ministerio fiscal sin hacer caso al resultado evidente de la prueba practicada. Precisamente, de la prueba ha hecho una gran reinterpretación asegurando que «La ausencia de pruebas documentales no es prueba de veracidad, sino prueba de ocultación de quien tiene la obligación de acreditar el origen de los fondos», ha sentenciado.
En este sentido, ha aportado la jurisprudencia establece que el delito de blanqueo de capitales no requiere la acreditación plena del origen de los fondos, sino solo una estructura indiciaria con concurrencia de elementos, como razona que pasa en esta ocasión. «No se ha dado ninguna explicación coherente de los ingresos en efectivo», ha remarcado. De hecho, ha dicho que si las defensas hubieran podido documentar de manera fehaciente la herencia del abuelo Florenci Pujol, la fiscalía habría retirado la acusación.
