Finalmente, el Tribunal de Cuentas ha emitido una resolución de 69 páginas a la que ha tenido acceso El Món, con la que absuelve a todos los demandados y ha ordenado el levantamiento de las medidas cautelares adoptadas en la fase de actuaciones previas en la causa del Procés. La decisión se ha comunicado esta mañana a las partes, pocos minutos después de que el mismo organismo también notificara la desestimación del recurso de reposición interpuesto por Societat Civil Catalana, que inició el procedimiento, para intentar abrir una nueva investigación con prueba sobre si se habían utilizado fondos provenientes de la Unión Europea después del referéndum del Primero de Octubre y del Procés soberanista.
La resolución llega después de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 16 de julio con la que respondía a ocho cuestiones prejudiciales presentadas por el organismo responsable de la vigilancia contable de las administraciones. La intención del Tribunal de Cuentas era tratar de esquivar la aplicación de la amnistía alegando que se habían destinado fondos de la Unión Europea al Procés y por tanto, el proceso abierto contra la cuarentena de dirigentes políticos, altos cargos y cargos de la Generalitat, quedaba fuera de la aplicación de la ley del olvido penal por el independentismo.
TJUE y Tribunal Constitucional
Ninguno de los argumentos en forma de duda que sostenía el Tribunal de Cuentas fue admitido por el TJUE que dictó una resolución contundente avalando la aplicación de la amnistía, de acuerdo con el derecho de la Unión Europea, a los procesados por responsabilidad contable. Aun así, el Tribunal de Cuentas intentó reabrir la causa, haciendo oídos sordos a lo que decía el TJUE, pero la ofensiva de las defensas y del ministerio fiscal, así como un aviso encubierto por parte del TJUE en el sentido de que si se le había pedido opinión, esta opinión era relevante, debía aplicarse la amnistía. En todo caso, el Tribunal de Cuentas demoró la aplicación de la amnistía hasta la fecha de hoy, una vez también, el Tribunal Constitucional ha avalado de manera definitiva la ley y, en especial, que los delitos de malversación por los que estaban acusados los líderes institucionales del Procés, debían ser amnistiados.
