«La sentencia prejudicial no se reinterpreta: se cumple». Este es el hilo conductor y argumento central del escrito que ha presentado la defensa del presidente Carles Puigdemont, ejercida por Gonzalo Boye, contra la resolución adelantada por El Món este lunes del Tribunal de Cuentas que dilata y aplaza la aplicación de la amnistía reinterpretando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en respuesta a las cuestiones prejudiciales que presentó el mismo organismo. Las defensas de los perjudicados, pues, comienzan una nueva batalla en el Tribunal de Cuentas.
En un escrito, de veintidós páginas y al que ha tenido acceso El Món, el abogado de Puigdemont reprocha al organismo administrativo que su decisión es contraria al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del efecto vinculante de una sentencia del TJUE. Tanto es así que el escrito resalta la reserva de acciones «a los efectos de la acción de responsabilidad patrimonial del Estado por violación del derecho de la Unión y de las actuaciones ya iniciadas ante la Comisión Europea».
Asimismo, recuerda que la ley de amnistía no permite «Convertir a los actores públicos en titulares de un derecho de veto que la ley no les atribuye», como sería el caso de Sociedad Civil Catalana, que ha impulsado la continuación del procedimiento reclamando ahora indagar el origen de los fondos, pero que en ningún caso se ha opuesto a la aplicación de la amnistía tras la decisión del TJUE. Las alegaciones también enfatizan que tanto la Generalitat, administración a quien teóricamente se deben devolver los dineros, solicitó la aplicación de la amnistía y, por su parte, también lo hizo el ministerio fiscal criticando que el tribunal de Cuentas abriera un nuevo plazo para practicar nueva prueba.
El origen de los fondos, cuestión cerrada
El escrito carga las tintas contra el alambique argumental del Tribunal de Cuentas sobre el origen de los fondos europeos y su interpretación «restrictiva» o «amplia». «El origen de los fondos es una cuestión cerrada», sentencia la defensa del presidente exiliado. Así, los abogados sostienen que ninguno de los demandantes de los procedimientos en el Tribunal de Cuentas «alegó en ningún momento que los gastos reclamados se hubieran sufragado con fondos del presupuesto de la Unión». De hecho, recuerda que ambas identificaron como perjudicada la Hacienda de la Generalitat y a quien solicitaron el reintegro.
Incluso, insiste en que «el Abogado General del TJUE constató que la interlocutoria de remisión no recoge ningún elemento que indique que se utilizaran fondos procedentes del presupuesto de la Unión o administrados por la Unión o por cuenta de esta». Por lo tanto, la reinterpretación del origen de los fondos ya está resuelta, incluso, dentro del mismo procedimiento del Tribunal de Cuentas. Por otro lado, acusa a SCC de maniobrar para dilatar la aplicación de la amnistía. En esta línea recuerda que la presidenta de la entidad anunció públicamente tres días antes de la providencia del Tribunal de Cuentas dando diez días de plazo para volver a revisar la prueba del caso, que pedirían «reabrir la contabilización de los gastos y demorar la aplicación de una ley avalada por el Tribunal Constitucional y el TJUE». Por eso reclaman que, sin más dilación, se declare la absolución, la extinción de la responsabilidad y el levantamiento de las medidas cautelares a los 35 procesados.
