«Después del análisis de la resolución del Tribunal de Cuentas, la Societat Civil Catalana presentará un recurso de apelación al discrepar de los fundamentos jurídicos de la resolución y de la aplicación de la ley de amnistía a quienes, según sentencia condenatoria del Tribunal Supremo, malversaron caudales públicos». De esta manera, la entidad españolista comunica que piensa persistir contra los líderes institucionales del Primero de Octubre en la supuesta responsabilidad contable de la cuarentena de altos cargos de los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont que ayer quedaron exonerados. Incluso, la entidad da un paso más allá «si este recurso de apelación no es suficiente, acudiremos a instancias superiores».
A través de un comunicado, SCC aprovecha para cargar contra la ley de amnistía y contra los líderes independentistas a quienes reprocha que «no han pedido ni perdón a la ciudadanía». Por tanto, considera que aún hay recorrido jurídico para continuar y persistir en reclamar los fondos sobre los que organizaron el referéndum del Primero de Octubre. «Entendemos que Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de los investigados no merecen ser amnistiados», concluyen. SCC tampoco se está de cargar las tintas contra los «políticos» que «han mentido» cuando en la campaña de las elecciones de 2023 negaron que aprobarían una amnistía al independentismo.
«No han pedido perdón»
La asociación política insiste en que la amnistía no se puede aplicar a los procesados por el Tribunal de Cuentas «porque ni siquiera han pedido perdón a la ciudadanía catalana y del resto de España que resultó sumamente ofendida por el golpe institucional del otoño de 2017». «Un golpe contra la legalidad vigente que, además, fue sufragado con dinero público de los mismos perjudicados», insiste. Además, el comunicado niega que «la aplicación de la amnistía haya mejorado la convivencia».
De hecho, consideran que si hay más normalidad es por la represión del Estado. «Si hoy hay menos disturbios en las calles relacionados con el separatismo es porque el Estado desactivó el atropello mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución española», argumentan. «El nacionalismo rupturista tampoco gobierna, en estos momentos, las instituciones que se alzaron contra el orden constitucional. Esto no impide que la ideología separatista, excluyente y tóxica, haya contaminado toda España de crispación y polarización», defienden.
En este sentido, propone preguntar «directamente a los demandados absueltos en función de una autoamnistía» si «piden perdón por la revuelta que llevaron a cabo en 2017 y acatan el Estado de Derecho vigente en el país que los ha amnistiado» y si «se comprometen a no repetir ningún otro golpe institucional». «No se trata únicamente de un problema jurídico o político -que también-, sino de la propia dignidad de una sociedad civil gravemente perjudicada por unos y engañada por otros, donde unos y otros han acordado beneficios mutuos», concluyen.
