La sala del Tribunal Penal conformada por los magistrados del tribunal del Procés, con Antonio del Moral, Andrés Martínez Arrieta y Manuel Marchena, quien ha sido el ponente, ha firmado definitivamente la aplicación de la amnistía para los procesados y condenados por malversación. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional que estimaba el recurso de la exconsejera Dolors Bassa dictada este martes, 6 de octubre, la sala penal del Tribunal Supremo no ha tenido más remedio que aplicar la ley del olvido penal para Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Bassa. La resolución no afecta aún a los procesados Carles Puigdemont, Lluís Puig y Toni Comín, que aún dependen del magistrado instructor, Pablo Llarena, quien ayer levantaba definitivamente las órdenes de detención a la espera de la resolución de la sala penal sobre los condenados.
Ahora bien, Marchena, en doce páginas, no se abstiene de criticar sin miramientos al Tribunal Constitucional a quien reprocha el tono y los argumentos. De hecho, califica de «grandilocuencia innecesaria» del TC en sus argumentos que «revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional» del Supremo. La resolución del Tribunal Constitucional, que aprobaba por siete votos a cinco, la ponencia del mismo presidente de la alta magistratura, Cándido Conde-Pumpido, ordenaba al Supremo aplicar de manera «urgente y preferente» la amnistía. Una decisión que, para el Supremo, rompe la resolución «la propia jurisprudencia histórica” del TC.
Una sentencia, pues, que dictaba doctrina y jurisprudencia y que sirve de formulario para todos los condenados o procesados por malversación, incluso, para los que aún están pendientes de la aplicación de la ley y que se encuentran inmersos en un largo proceso en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como son Lluís Salvadó y Josep Maria Jové.
Duras críticas al Tribunal Constitucional
La resolución resalta que asume «íntegramente» la decisión del TC, pero indica que las críticas a los razonamientos del Supremo son gratuitas. Así resalta que hay manifestaciones en la fundamentación de la ampara que son «manifiestamente prescindibles para otorgar la ampara». En este sentido, reprocha que atribuir a los magistrados de la sala del Supremo la «drástica contradicción», o una «reducción teleológica», una «interpretación expansiva o imprevisible» o acusarla de «distanciarse del sentido común o de la lógica» es «absolutamente innecesarias».
De hecho, hace una metáfora contundente sobre la dureza: «La corteza de estos vocablos, su grandilocuencia innecesaria revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional que corresponde al Tribunal Supremo con expresiones que buscan camuflar la intensidad de la injerencia”. Es decir, cargan las tintas al interpretar que el Constitucional supera los márgenes que le corresponden, en tanto que debe mirar cuestiones de constitucionalidad y no de legalidad, pues esta corresponde a los tribunales ordinarios.
Asimismo, el Supremo levanta la bandera del «no estamos solos». “Es más que evidente que el error o el acierto de una resolución judicial no se puede fijar a partir de parámetros cuantitativos basados en el número de magistrados que suscriben un criterio u otro», apunta. Y añade que «también lo es que el número significativo de magistrados que han expresado su coincidencia con la tesis que ahora rechaza la mayoría del Tribunal Constitucional hace muy difícil aceptar con naturalidad la irracionalidad de la que se acusa». Por tanto, la sala se defiende argumentando que su interpretación sobre el delito de malversación es «reiterada» y «mantenida durante décadas y que forma parte del caudal jurisprudencial”.
Recuperan sus derechos políticos
De esta manera, la sala que preside Marchena hace suyos los argumentos del TC y ha dictado una resolución con la que acepta aplicar la amnistía. Una decisión que los miembros del exilio esperaban para asegurar su regreso y que, por otra parte, permite a los inhabilitados por la condena recuperar sus derechos políticos y de representación política. También ordena la eliminación de sus antecedentes penales al resto de condenados por la sentencia del Procés.
