La disputa entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo a raíz de la aplicación de la amnistía a los condenados y procesados por malversación no termina. Como una serie televisiva de mediodía, el guion del enfrentamiento continúa. El último ejemplo, la respuesta del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, en su intervención en la fiesta de la Procura, que organizó este martes por la noche en Madrid el Consejo General de Procuradores de España. Un espacio que utilizó para responder a los magistrados penales del Supremo sus críticas al aval constitucional de la amnistía.
En un breve discurso ante la flor y nata del poder jurisdiccional español, Conde-Pumpido quiso hacer un «llamado claro y conciso a todos los poderes públicos y a todas las instituciones del Estado: respetémonos entre nosotros, respetemos la Constitución así como el Parlamento y respetemos nuestro sistema judicial». Una respuesta contundente a las interlocutorias del magistrado instructor de la causa del Procés, Pablo Llarena, así como a la sala penal del Tribunal Supremo integrada por el presidente Andrés Martínez Arrieta y los magistrados Antonio del Moral y Manuel Marchena que cargaban contra el contenido y el tono de la sentencia del TC que avalaba de manera definitiva la aplicación de la ley de amnistía.
Reproches de un lado a otro
La réplica de Conde-Pumpido debe contextualizarse en los reproches que Marchena, como ponente, de la interlocutoria de la sala penal sobre los condenados y de Llarena, en el levantamiento de las órdenes de detención del exilio, que en sus resoluciones sobre la amnistía cargaban las tintas contra el TC a quien acusaban de «grandilocuente» y de superar los límites constitucionales de sus funciones haciendo interpretaciones de la legalidad ordinaria que no le corresponden. Unas críticas que, a su vez, provenían de la sentencia del TC que estimaba el recurso de amparo de Dolors Bassa y que servía para argumentar la aplicación de la amnistía al resto de afectados. El TC situaba fuera de la «lógica» y del «sentido común» la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía reinterpretando el delito de malversación. Una afirmación que ha terminado por desatar la guerra institucional entre los dos tribunales.
