Después de casi 9 años en el exilio, siete años después de la sentencia del Proceso por sedición, tras una reforma del Código Penal, un indulto y una ley de amnistía muy costosa y larga, el instructor de la causa contra el exilio, el magistrado Pablo Llarena, ha confirmado la retirada de las órdenes de detención al presidente Carles Puigdemont y los consejeros Lluís Puig y Toni Comín. Un primer paso para la aplicación definitiva de la amnistía que deja en manos de la sala penal que juzgó la causa, presidida por Manuel Marchena. En una resolución dictada este lunes, el juez ha decidido aplicar la interpretación de la malversación del TC, de manera que deja el terreno completamente allanado para archivar la causa en aplicación de la amnistía, aunque técnicamente deja la última palabra a la sala de enjuiciamiento.
Llarena, sin embargo, retira las órdenes pero remarca que le chirría la decisión del TC. En este sentido, subraya que la «necesidad de completar esta tramitación no justifica conservar unas órdenes cuya razón para mantenerse ha quedado privada de eficacia por la doctrina constitucional aplicable, por lo que su levantamiento debe ser inmediato». El magistrado destaca que la doctrina del Tribunal Constitucional debe aplicarse, «aunque no se compartan las razones en las que se apoya, sin que la discrepancia condicione o retrase el cumplimiento de lo que ha resuelto el TC». Incluso, reprocha al TC que critique la interpretación del Supremo de la malversación «como una respuesta que no podía sostenerse razonablemente o que no tuviera una base jurídica suficiente para superar el control constitucional».
Dos resoluciones anteriores
La decisión de Llarena, sin embargo, se enmarca en dos resoluciones anteriores. Por un lado, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 16 de julio, que avalaba la ley del olvido penal para el independentismo y negaba que chocara con la legislación europea. Y, por otro lado, la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 6 de octubre, con la que admitía el recurso de amparo de la consejera Dolors Bassa y ordenaba a la sala penal del Tribunal Supremo aplicar, de manera «urgente y preferente», la amnistía a los condenados o procesados por malversación. La sentencia de Bassa crea doctrina y jurisprudencia para todos los recursos de amparo de los condenados y procesados.
De hecho, el instructor de la causa del proceso no hace más que desestimar el recurso de reforma presentado por la acusación popular contra la resolución de 6 de octubre que dejó sin efecto provisionalmente las mencionadas órdenes de detención. Por otro lado, Vox presentó el sábado un nuevo escrito en el que pide que la sentencia del TC que avala de manera definitiva la amnistía, del pasado 6 de octubre, no se aplique al resto de los encausados. En todo caso, Llarena ordena emitir con «carácter urgente» los mandamientos y oficios necesarios para la observación y el conocimiento de esta resolución, con cancelación inmediata, si procede, de la orden de detención en los registros y sistemas informáticos correspondientes, e interesa confirmación de la recepción de las comunicaciones y del cumplimiento de lo que ha acordado esta mañana.
Sin órdenes de detención
Horas después de la resolución del TC, Llarena levantaba, en base a esta contundente resolución, las órdenes de detención estatales para los tres miembros del exilio. Una decisión contra la cual Vox, acusación popular en el proceso judicial, presentó un recurso. En todo caso, el partido ultraespañolista es el único que sostiene la acusación, porque tanto el ministerio fiscal como la Abogacía del Estado ya han reclamado la aplicación de la amnistía. En aquel momento, sin embargo, el magistrado advirtió que la retirada de las órdenes de detención, como medidas cautelares, no presuponían la aplicación de la amnistía.
En este sentido, la sala penal del Tribunal Supremo, que también había esquivado la aplicación de la amnistía para los condenados por malversación, abría un plazo de cinco días para que las partes alegaran lo que consideraran pertinente después de la sentencia. Justo acabado el plazo, y con las peticiones de las defensas y del ministerio fiscal, Llarena ha dictado orden de sobreseimiento de la causa contra los tres exiliados, decisión que permite su retorno a Cataluña sin que sean arrestados por la causa del Supremo.
