Nueva sesión del juicio por el caso Mito en la Audiencia Nacional. Una macrocausa donde juzgan a la presunta organización de narcotráfico que dirigía José Ramon Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, y, de rebote, Gonzalo Boye, abogado del presidente en el exilio, Carles Puigdemont, por un supuesto delito de blanqueo. Una sesión que ha comenzado con un gesto que describe cómo es el presidente del tribunal, Félix Alfonso Guevara, que desde el estrado ha llamado al hijo del procesado muerto el sábado para darle el pésame en público en nombre de la sala.
Después de siete jornadas, el juicio gana interés, se detectan clamorosas debilidades de la instrucción y lo que es más importante: tribunal, acusaciones y defensas ya se han tomado las medidas. La pelota rueda con más fluidez y las defensas ya le han visto las orejas al lobo, y ahora sí que ya no están dispuestas a aceptar que la acusación les haga pasar gato por liebre. La prueba de que se ha entrado en una nueva fase ha sido la última petición del fiscal que dirige ahora la acusación, Ángel Bodoque -ya que el gran arquitecto de la acusación del caso, Ignacio de Lucas, ha sido premiado con un escaño en la fiscalía europea y está en la vista oral.
Bodoque ha pedido la palabra este martes antes de comenzar la sesión bajo la atenta mirada del astuto Guevara, que ya se olía las intenciones. Cabe recordar que el magistrado sabe tanto por viejo como por diablo. Y su rostro ante la petición de Bodoque certificaba que la petición no le ha resultado extraña. En concreto, Bodoque quiere un cambio de orden sintomático en las testificales que apunta que las cosas en el ministerio público no le están yendo como quería.
Hacer una vista «sólo» por el blanqueo
El fiscal -que dirige la estrategia pero no se encarga personalmente de los interrogatorios a las decenas de agentes de policía que van pasando por el estrado, que son labor de otra representante del ministerio público- ha rogado al tribunal un cambio de orden importante. Así, ha solicitado cambiar los días de las testificales de las dos instructoras del caso de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), de los tres policías que confiscaron el dinero en el aeropuerto de Barajas -la recuperación de los cuales es el gancho para imputar a Boye -y de una perito del Servicio de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac). El objetivo, y así lo ha hecho saber el fiscal a la sala, es «ordenar las testificales» y dejar el asunto del blanqueo para el final. Es decir, agrupar la vista oral del blanqueo y separarla del resto de la causa.
Lo que está haciendo el fiscal en realidad es una maniobra para intentar amortiguar el efecto de las pruebas hasta ahora practicadas, que no han sido muy favorables a la acusación. Y quiere hacerlo dando menos tiempo a las defensas para preparar la estrategia contra el blanqueo. Si seguía con el calendario previsto, las inspectoras en jefe 127263 y 129615, instructoras de la UDEF, habrían declarado a la acusación antes de la parada por Navidad, y por tanto los abogados defensores habrían tenido suficiente margen para replantear su estrategia según el resultado del interrogatorio de la fiscalía, porque habrían tenido al menos una semana de margen para prepararse. Con la propuesta hecha ayer, el ministerio público intenta aislar el blanqueo del resto de la causa por tráfico de drogas y dejarlo para finales de enero. Subrepticiamente, esta distinción está pensada para intentar esquivar que las carencias de los agentes operativos que están testificando contaminen otra parte de la causa.
Investigar sin tener una causa
Una vez puestas sobre la mesa las peticiones de la fiscalía, la vista se ha reanudado con la testifical que quedó a medias el lunes, la de un agente de GRECO Galicia operativo que defendía las vigilancias que había llevado a cabo. El abogado de Sito Miñanco, Jacobo Teijelo, se lo ha pasado bien. De entrada ha blandido, como ya es habitual, una carpeta dentro del sumario bautizada como a Mocus-Mito. Mocus fue otra operación de narcotráfico que aún está misteriosamente camuflada. En esta carpeta, y según iba apuntando el letrado, dosificando la información a la sala, hay toda una serie de escuchas y localizaciones que nutrieron los dos sumarios.
La razón por la que va sacando esta carpeta a los investigadores es enseñar al tribunal que la policía utiliza las mismas escuchas y vigilancias para diversas causas policiales. Una especie de corta y pega para ir repartiendo las grabaciones según el sumario que se instruye. Es decir, la misma escucha podría servir para inculpar por dos hechos a la vez o para encubrir una investigación de carácter prospectivo. La insistencia del letrado con esta carpeta, con una sagacidad bien disimulada, se ha visto muy clara con un segundo testigo que presumía de hacer las «sonorizaciones» y las transcripciones.
El policía se ha animado un poco demasiado y ha caído en la trampa, cuando ha delatado que escuchaban las conversaciones pero no actuaban porque, en definitiva, no sabían de qué estaban hablando ni qué hipotética operación llevaban a cabo. No relacionaban las conversaciones con ninguna operación concreta. De ahí que las detenciones de los principales implicados no llegaron hasta cuatro meses después del abordaje del barco Toran. Es decir, que, en el peor de los casos, no hicieron nada para detener una posible macroentrada de droga o bien, una vez atrapado el barco, tramaron una investigación para endosarle la mercancía a Prado Bugallo.
La hipótesis policial sobre un coche accidentado que no fue al taller porque faltaba poco para Navidad
Uno de los puntos calientes de la investigación es un accidente de un Citroën C5 que sufrió en Portugal el 21 de diciembre de 2017, cuando pasaban cinco minutos de un cuarto de dos de la madrugada. La tesis policial es que en el vehículo había 1,8 millones de euros escondidos que también procedían de las drogas. Por eso, el conductor hizo gestiones con la compañía de seguros y la grúa para llevar el coche al domicilio de Manuel Duran, que murió el pasado sábado, y no a un taller. Una decisión que, según la policía, se tomaba para que el coche no fuera a parar a un taller que descubriera el supuesto dinero escondido dentro del coche.
Aquí ha habido una disputa donde incluso el presidente del tribunal ha tomado partido. La defensa ha remarcado que el conductor hizo lo que es una gestión normal como llamar al seguro y la grúa. Hecho que ha aceptado el policía. Ahora bien, el agente ha reprochado que lo llevaran a un domicilio particular y no a un taller. Una decisión que el abogado ha replicado con oficio recordando que eran fiestas de Navidad y no querían dejar el vehículo en la calle. El policía ha contestado que las compañías de seguros llevan los vehículos a depósitos compartidos.
El juez ha entrado en el debate explicando que en verano, estando de vacaciones en Lepe (Huelva), el coche le hizo una avería y la grúa, como era fiesta, le guardó el coche en un depósito. El abogado ha insistido que no dejarían el coche en un taller de Portugal y como tenían lugar en casa prefirieron guardarlo y después, finalmente, enviarlo a un taller y posteriormente a un desguace. El policía ha reconocido que no encontraron ningún resto ni rastro de dinero, de droga ni siquiera de huellas. Principalmente, porque habían pasado semanas hasta que la policía no lo intervino y ya no valía la pena que la policía científica buscara restos porque biológicamente habrían desaparecido. Por lo tanto, curiosamente, ni siquiera les avisaron.
Portugal y unos pechos operados que no se sabe de quién son
Portugal también ha sido protagonista de otra parte de los interrogatorios cuando uno de los abogados de la defensa ha aprovechado una buena mano. Un seguimiento iniciado en Galicia que entró en Portugal. Pero he aquí que el agente ha hablado de más y ha dejado caer que habían seguido a un ciudadano portugués, un tal Agostino, que no estaba investigado ni en España ni en Portugal. Y eso de seguir a un ciudadano no investigado en otro país y sin pedir permiso, como mínimo, chirría. Aquí el abogado ha hurgado con destreza y ha puesto en guardia al policía, que primero dijo que suponía que su jefe había pedido permiso, y más tarde, alegó que sólo lo habían seguido unos «veinte minutos». No se levantó ninguna acta de vigilancia, solo un oficio. Punto para la defensa.
Uno de los momentos más oníricos de las testificales de este martes ha sido con el policía 109193, un agente operativo de seguimientos y de sonorizaciones. El policía ha comentado una conversación grabada en un Peugeot con matrícula 1423 FXV que servía para desmontar una supuesta relación laboral entre dos investigados, Alberto Palma y Claudia Viviana. Es decir, que ambos transportaban 300.000 euros por cuestiones empresariales, pero que era una fachada sobre todo para tapar la relación sentimental entre ambos. Según el policía, Palma se quejaba a Viviana de que se hubiera gastado dinero en operarse los pechos. Una prueba irrefutable de que tenían una relación más allá de la profesional con la que como empresarios tapaban dinero que procedía hipotéticamente del narcotráfico. Pero a medida que ha avanzado el interrogatorio y a preguntas de otro abogado de las defensas, el policía ha aceptado que quizás no hablaban de la operación de los pechos de Claudia Viviana sino de la señora Maria Angeles Toro, que nunca ha sido investigada en la causa. Los reproches no eran más que un chisme.
