Fiscales del Tribunal Supremo han firmado un texto dirigido al Fiscal General del Estado español, Álvaro García Ortiz, para reprocharle la falta de posicionamiento hacia la futura ley de amnistía, que ha empezado el suyo periplo parlamentario este mismo martes. En este documento muestran su «decepción» por la «carencia de voluntad» del máximo representante de los fiscales en la hora de tomar partido y posicionarse en relación con esta cuestión. Según ha avanzado la cadena SER y ha confirmado posteriormente la ACN, lo acusan de no querer «salir al paso de las insinuaciones injuriosas» sobre las actuaciones de los miembros del ministerio público que intervinieron a la causa penal del proceso y las derivadas, «plasmadas en el acuerdo de investidura» de PSOE y Junts bajo el término ‘lawfare’. El motivo principal de su enojo es que García Ortiz ha evitado posicionarse hasta que no sea ley.

Desde su punto de vista, el comunicado que emitieron el 16 de noviembre no fue nada más que una forma «de ignorar deliberadamente la respuesta a la situación gravísima que vive el Ministerio Fiscal» ante los ataques que, en su opinión, están recibiendo con el acuerdo firmado entre juntaires y socialistas como pieza clave para la investidura del nuevo presidente del gobierno español Pedro Sánchez. Todo este malestar rae de la misiva que envió García Ortiz, en la cual remarcaba que su posicionamiento tenía que ser «técnico y jurídico«, por lo cual prefería no hacer ninguna valoración hasta que la ley esté publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Álvaro García Ortiz, en un momento de su discurso ante el monarca español, Felipe de Borbón, y el presidente del Tribunal Supremo en funciones, Francisco Marín/CGPJ
Álvaro García Ortiz, en un momento de su discurso ante el monarca español, Felipe de Borbón, y el presidente del Tribunal Supremo en funciones, Francisco Marín/CGPJ

Demandas de dimisión

La Asociación de Fiscales pidió la dimisión de García Ortiz porque consideran que se ha mostrado muy «pasivo» ante la amnistía que ha pactado el independentismo. Es por este motivo que el máximo representante de los fiscales en el Estado sentenció el siguiente en su carta dirigida a los miembros del ministerio público: «El Fiscal General del Estado tiene que mantener una posición pública que refuerce el principio de imparcialidad del ministerio fiscal, en virtud del cual actúa con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le sean encomendados».

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