Los buenos juicios, como los buenos partidos de fútbol, tienen vida hasta el último minuto. Aunque sean largos, tediosos o complejos, un buen juicio es una puesta en escena que, bien llevada, es entretenida. Contempla una liturgia casi antropológica donde se puede llegar a intuir por qué alguien se hace abogado, empresario, bailarín, juez, agente de la UDEF, fiscal o, incluso, abogado del Estado con el objetivo de representar como si fuera uno de los protagonistas de Tirant Lo Blanc a la Agencia Tributaria. Incluso, un juicio es útil para conocer de primera mano los prejuicios de una sociedad o de su poder, o cómo se puede pervertir una figura tan delicada e importante para un estado como es la justicia. De hecho, la justicia por sí misma es una entidad bastante compleja de funcionamiento porque es un servicio público esencial y, al mismo tiempo, un poder.
Todo esto se está viviendo en el juicio contra los Pujol Ferrusola. Un caso que hace quince años que ronda y que, tal como afirmó su principal acusado, Jordi Pujol Ferrusola, se ha convertido en una «trituradora». Una definición que he oído a uno de los abogados con más olfato que hay en Cataluña. Ahora el juicio está viviendo lo que podrían ser los últimos minutos, con las declaraciones de los acusados después de semanas de testimonios y peritajes que han animado a las defensas a plantar cara a las acusaciones del ministerio fiscal y los letrados de la Moncloa respecto del origen del dinero de la familia del expresidente en Andorra y los negocios de su primogénito. Unos minutos en que los acusados han decidido jugar a la ofensiva y aprovechar sus declaraciones para profundizar en las grietas de los escritos de acusación.
Después de las declaraciones de los hermanos Pujol Ferrusola –solo Jordi respondió a la fiscalía, durante dos jornadas–, han comenzado a desfilar por el estrado empresarios, socios y colaboradores de Jordi y Josep, que de una manera u otra hicieron negocios o proyectos juntos. Unas iniciativas que la fiscalía y la Abogacía del Estado sostienen que eran actividades empresariales y societarias «falsas» o «simuladas» para encubrir cobros de comisiones irregulares por adjudicaciones de la administración en Cataluña. Pero este mediodía, cuando terminó la sesión, las caras de las defensas eran de una gran satisfacción y las de las acusaciones, más bien de manzanas agrias. Hasta el punto de que alguno de los declarantes, lejos de achicarse ante la toga, más que sacar un escudo sacó una lanza y se enfrentó con las acusaciones, con repreguntas sagazmente planteadas y respuestas que dejaban en evidencia los agujeros negros de la instrucción, de la investigación policial y, en cierta manera, el escandaloso seguidismo de los escritos acusatorios respecto de los relatos de la UDEF.
Francesc Robert, el ‘Linus Larrabee’ de Andorra
En este ambiente, después de las declaraciones de Oriol, Marta, Mireia, Oleguer y Pere Pujol Ferrusola, ha sido el turno de Francesc Robert. Un nombre clásico y repetido durante las 34 jornadas del proceso judicial. Uno de los principales socios y colaboradores de Jordi Pujol Ferrusola. Robert ya ha advertido que respondería a su defensa y, si fuera el caso, a otras defensas que lo solicitaran. Pero no respondería a la fiscalía, por su forma de actuar durante la instrucción, en que declaró por videoconferencia y le preguntaron sobre unos documentos que no vio, de manera que entiende que le dieron gato por liebre. Solo al comenzar dijo que no se ratificaba en su declaración de la fase de instrucción. Robert ha explicado su historia personal. Licenciado en periodismo y en Políticas por la UAB, máster en gestión pública y graduado por el MIT en administración. Su primer trabajo fue en ESADE, donde también se graduó, y luego como jefe de proyectos de la Seguridad Social de Andorra. «Mi país», ha remarcado con rotundidad al tribunal.
Pero la herencia de su abuelo, que le dejó 22 millones de euros en edificios, le cambió la vida, porque «con 30 años no quería ser rentista». Por lo tanto, obtuvo liquidez para invertir en proyectos y start-ups. Robert, con el mismo aspecto y talante que el clásico ejecutivo Linus Larrabee de la película Sabrina, ha comenzado a desgranar los negocios que había proyectado y consolidado con Jordi Pujol Ferrusola, con quien había competido en rugby. Con respuestas claras y directas, hasta el punto de que hizo reír al tribunal, incluso a la hierática ponente, cuando preguntado por un nombre y un cobro, especificó. «Es el abogado que tramitó la negociación y ya se sabe que los abogados… ¡siempre cobran!». Robert ha justificado las transferencias con Jordi Pujol Ferrusola y Antoni Zambrano con el mismo argumento que exponía ayer el hijo mayor del expresidente, «operaciones financieras» y «compensaciones de créditos que se hacían mutuamente» de negocios con los que algunos habían obtenido plusvalías y con otros no habían ganado o habían perdido o simplemente no se realizaron, como el intento de internacionalizar televisivamente los partidos de la USAP de Perpiñán, «la capital de la Cataluña Norte, que ustedes le llaman Francia«.
«De donde yo vengo…»
El siguiente empresario de los que ha subido al estrado que ha hecho declaraciones de interés ha sido Bernardo Domínguez Cerecedes. Un empresario mexicano con una similitud increíble con Octavio Paz y un verbo tierno, trabajado, casi tan poético que, si en lugar de mexicano fuera de Sabadell, podría haberse llamado Josep Carner. Domínguez ha contestado al ministerio fiscal y a la Abogacía del Estado, pero con una advertencia: que solo lo haría sobre el delito por el cual lo han acusado, falsedad documental. La tesis de la fiscalía es que firmó unos documentos de préstamo con Pujol Ferrusola para ocultar una transferencia de dinero sin trazabilidad y, por lo tanto, servía para blanquear. El hombre, sin embargo, le ha dado una especie de subida y, a preguntas del letrado del Estado, Ignacio Ocio, ha ido más allá, hasta que su abogado le ha llamado la atención. Domínguez ha detallado que pagó dos créditos de Jordi Pujol que había firmado su padre personalmente. Una petición que le hizo su padre antes de morir. En total, siete millones de euros en dos líneas de crédito, que en un principio devolvió a través de transferencias de bancos españoles como el Santander.
Poco a poco, y ante el tono de las preguntas de la Abogacía del Estado, el hombre ha hecho emerger la contundencia del charro mexicano y ha dicho basta de este color. En este sentido, ha recordado que tiene 120 empresas, con 2.800 trabajadores, y que factura 300 millones de dólares al año en siete países. Pero, ha sido especialmente conciso cuando se dirigió al tribunal, cuando ni su defensa lo esperaba, y se preguntó qué necesidad podía tener él de blanquear 7 millones de euros. Domínguez, con un rictus románico, tomó aire y, tras un suspiro controlado, afirmó: «Mire, de donde yo vengo, las oportunidades de hacer este tipo de situaciones sobran, y por cantidades infinitamente superiores; nosotros no tenemos más tamaño y más capacidad económica porque nos hemos negado rotundamente, no somos una empresa pública, creemos en la empresa y tenemos vocación de permanencia». Una manera bastante poética, y bien plástica, para recordar al tribunal que, en México, las oportunidades de hacer el gánster son múltiples y más si tienes de vecino al cártel de Sinaloa.
Domínguez también ha reprochado al tribunal que el hecho de que los pagos de Jordi Pujol Ferrusola se hicieran una vez estaba investigado les cerró las puertas del Banco Santander, donde tenían su tesorería corporativa después de «estar años trabajando allí». «Me llamó la presidenta mundial de la entidad», ha relatado, para explicarle que tenían que dejar de trabajar con ellos. Domínguez finalmente, se ha vuelto a dirigir al tribunal para advertir que, si lo llegan a saber, no reclaman el crédito de Jordi Pujol, porque les ha costado «más el caldo que las albóndigas». El presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, no ha ocultado la risa.
Los vertederos
Especialmente entretenidas han sido las declaraciones de Gustavo Buesa y Josep Mallola, con quienes Jordi Pujol y Mercè Gironès invirtieron en el proyecto de los vertederos de Tivissa y Vacamorta. Ambos se han sentado en el estrado con ganas de gresca y parecían suplicar al tribunal que los interrogara el fiscal. La sensación es que ambos querían un combate entre iguales después de tenerlos imputados diez años. Ganas de explicarse y ganas de replicar desacomplejadamente, hasta el punto de que el presidente del tribunal les ha pedido no repreguntar al fiscal. Con una desenvoltura que ha sorprendido al ministerio público, han replicado todas y cada una de las acusaciones y se han permitido un lujo muy difícil de ver en un juicio de esta índole: enmendar, en directo, errores clamorosos del escrito de acusación, como números de cuentas corrientes o un desconocimiento profundo del funcionamiento de la administración o del derecho societario.
Sin tapujos, con actitud de sheriff, al fiscal le ha pasado como a Quint, el pescador del tiburón blanco de la película de Spielberg, que cuando menos se lo espera es el pez quien intenta cazarlo a él y no al revés. El fiscal, Fernando Bermejo, abandonado en esta acusación, se ha tenido que poner a la defensiva ante el juego en ataque y triangulación de los dos empresarios. De hecho, en Osona hay un dicho previsor que recomienda «no tocar aquello que no suena a los que remueven la basura o desollan los cerdos». Y bien que se ha constatado que puede ser cierto. Tanto Buesa como Mallola han defendido sus inversiones en un sector donde nadie se quiere meter y donde es difícil sacar adelante licencias a pesar de la necesidad real social de prestar este servicio. Han explicado cómo se obtienen las licencias, cómo prepararon los proyectos, que eran a riesgo, cómo obtuvieron una plusvalía y cómo FCC se benefició antes del plazo programado de amortización de la inversión. La goleada ha sido de partido de fútbol de cadetes. Y los defensores han aplicado la gran frase de Jorge Valdano, «el fútbol, como la vida, es un estado de ánimo». Y hoy, estaban contentos.
