Este martes se ha comunicado formalmente a todos los investigados por la supuesta trama rusa del Procés que la causa se archiva definitivamente. Ha sido por un durísimo auto de la sección 21 de la Audiencia de Barcelona, que, además de dar carpetazo al caso, reprende sin rodeos las maneras del juez instructor de la causa Volhov. Una decisión que llega cuando falta justo un mes para la jubilación del veterano magistrado instructor, el controvertido Joaquín Aguirre, que dirige desde hace muchos años el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona.
El juez ya tiene el permiso del Consejo General del Poder Judicial para jubilarse el próximo 15 de enero. Aunque ya, a raíz de una baja laboral, el juzgado está en manos de la titular de otra togada que conoce bien el Procés. En concreto, la titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Alejandra Gil, que todavía tiene pendiente aplicar la amnistía, por motivos de un embrollo procesal, a la macrocausa del Procés, que se inició en su juzgado cuando lo dirigía Juan Antonio Ramírez Sunyer, ahora ya fallecido.
En todo caso, la jubilación de Aguirre llega también en plena instrucción del caso Negreira, sobre presunta compra de árbitros por parte del FC Barcelona, y todavía con los recursos pendientes en causas como el caso de la chica a quien los Mossos le vaciaron un ojo en una protesta por la detención y entrada en prisión de Pablo Hasél. Aguirre cierra una trayectoria con otro fiasco de instrucción, la macrocausa Macedonia de corrupción policial que terminó con sonoras absoluciones. Y con grabaciones y anotaciones que apuntan a su colaboración con la policía patriótica en algunos de los casos contra el independentismo, especialmente, en el caso Josep Lluís Trapero.
De Rusia a Cuevillas, pasando por el CNI
De hecho, el origen del archivo de la trama rusa se encuentra en un recurso interpuesto por la defensa de Xavier Vendrell y de Toni y Roc Aguilera, propietarios de la empresa Events, que reclamaban a la Audiencia cerrar el caso por vulneración de varias garantías procesales. Entre estas, una importante es la vulneración del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece la limitación de la duración máxima de la instrucción. Un artículo que se cambió gracias a la conocida como reforma Cuevillas, un cambio normativo que impulsó el abogado Jaume Alonso-Cuevillas cuando era diputado en el Congreso por Junts per Catalunya. De hecho, es el mismo artículo que sirvió para cerrar el caso Tsunami Democràtic y que puede ser concluyente en el caso Judas, si no se termina aplicando la amnistía.
La decisión de hoy es especialmente grave para el juez por la contundencia del archivamiento. El juez se despide de la toga con una censura contundente por parte de un órgano judicial superior en un caso al que ha dedicado miles de euros de recursos públicos y ha obligado a la movilización de equipos legales para intentar detener el golpe. De hecho, la trama rusa ya fue archivada dos veces. Por un lado, otro magistrado bastante conocido y ya jubilado como el extitular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que también investigó en secreto y durante un año la virtual trama rusa del Procés y que cerró sin nunca levantar el secreto.
De hecho, cuando Aguirre le pidió el sumario, García Castellón se negó porque la investigación de la Audiencia Nacional obligó incluso a la movilización del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que no le hacía ninguna gracia molestar a Rusia, cuando se estaba negociando la distribución de su gas antes de la Guerra de Ucrania. La segunda vez fue, el pasado mes de junio cuando la Audiencia de Barcelona obligó a cerrar el caso porque ninguna de las nuevas investigaciones ni datos recogidos justificaba la continuidad de la prórroga de la instrucción. El juez evitó el embate con lo que los magistrados de la Sección 21 califican de «subterfugio» y abrió una nueva pieza separada. Una decisión que ha molestado visiblemente a los magistrados que han decidido cerrar el caso con una reprimenda insólita.
Un caso lleno de opiniones personales
Ahora se ha cerrado un caso en el que, como reconoce el auto de hoy, está basado en «opiniones personales» sin ninguna relevancia penal. De hecho, la resolución reprocha las «consideraciones generales vertidas por el instructor en el acto recurrido sobre la guerra híbrida y la injerencia rusa». Asimismo, destaca «la cita de informes trabajos doctrinales y periodísticos, divagaciones sobre cuestiones políticas y filosóficas, así como la exposición de datos biográficos de algunos investigados». Y reprocha especialmente las «opiniones puramente personales del instructor y su propia visión sobre la evolución histórica del denominado Procés – lo que no tiene relevancia a los efectos jurídicos penales».
En este sentido, cabe recordar las grabaciones de las declaraciones que tomaba a los principales implicados del caso en las que el magistrado divagaba, opinaba y criticaba, cuando no faltaba al respeto, a los declarantes. Asimismo, la sección recuerda cómo se aprovechó de su poder para instruir una pieza que no tenía ni pies ni cabeza y cómo cambió los delitos -de malversación a traición- con el objetivo de esquivar la aplicación de la amnistía. Aguirre, que se estrenó en la judicatura mediática con el caso del fraude para escapar del servicio militar o el famoso Gran Tibidabo, que terminó con penas mínimas, deja el estrado con una seria reprimenda de la sección que revisaba sus causas.
