Las dos últimas sesiones del juicio contra la supuesta organización liderada por José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, han hecho brillar con luz propia dos estrellas. Por un lado, el presidente del tribunal, Félix Guevara, y por otro, un invitado especial, el concepto de «presunción de culpabilidad». La sala dos de la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares ha escuchado los testimonios de varios oficiales de policía explicando los seguimientos y las «sonorizaciones» -las grabaciones- a los casi 50 imputados, entre los cuales se cuenta, Gonzalo Boye, el abogado de Carles Puigdemont.
Boye está procesado por una derivada de la causa principal por blanqueo, por su asesoramiento supuestamente delictivo para la recuperación de unos dineros en el aeropuerto de Barajas. Una acusación derivada de un testimonio que curiosamente cambió su versión de los hechos a cambio de salir en libertad de la prisión, a petición de la fiscalía.
La vista oral ya ha dejado entrever algún atestado chapucero, la combinación de varias investigaciones en una y algún policía que había participado en juicios donde se acusaba a clientes de Boye y que ahora, sin ton ni son, dejan caer que el abogado estuvo en una reunión con algunos de los principales investigados. Un recordatorio que incluso al juez le extrañó, porque era un policía que nunca se ha movido de la Costa del Sol y, de repente, hablaba de reuniones en Madrid. Justo al día siguiente de que el testimonio de otro policía desvirtuara esta prueba de cargo.
Una hipotética antena de comunicaciones, el cálculo de las millas, la velocidad de las lanchas, peleas entre defensores y el tribunal y bromas sobre el galleguismo o el andalucismo de los protagonistas han marcado la dinámica de un juicio en el que Guevara solo quiere centrarse en los hechos y los datos. De ahí que ha cobrado mucha importancia por qué comenzaron las investigaciones y cuáles fueron las razones para decidir a quién se investigaba y a quién no.
La «presunción de culpabilidad» con la que trabajaban los policías contra Boye
Una de las garantías procesales que se encuentra en la pole position de un estado de derecho es la «presunción de inocencia». Un marco básico de interpretación del Código Penal. Por eso sorprendió que un inspector en jefe de las investigaciones de este caso de narcotráfico, narcotransporte, organización criminal y blanqueo, admitiera al tribunal, en una respuesta a un punzante interrogatorio de la defensa, que actuaban por «presunción de culpabilidad». Es decir, investigar a aquellas personas que consideran que tienen conductas que puedan parecer sospechosas.
Estas percepciones policiales derivan en una configuración de la tesis de lo que creen que es un delito. Es decir, amoldar un comportamiento a una conducta o un objetivo delictivo. De esta manera, que vayan a recoger a un comercial de motores náuticos a una gasolinera para llevarlo a un astillero es una «señal» de medida de contravigilancia y de autoseguridad. Un comportamiento o unas determinadas reuniones hacen especular a la policía sobre la preparación de un delito, a menudo reforzado con la idea de que «en Galicia nos conocemos todos».
De ahí que los abogados se hayan aferrado a esta confesión de cómo se preparan las investigaciones para desvirtuar, aún más, las investigaciones, que desde hace días que salen malparadas en esta vista. Las preguntas como «por qué lo investigaban» o «por qué no lo investigaron antes» han tenido como respuesta un «creo» o un «supongo» o un «siempre que». Hasta que Guevara, atento y con su espíritu irrefrenable de síntesis, clamó en la sala su conclusión sobre cuál era el método de investigación, para no darle más vueltas: «Ya lo están diciendo, presumen». Una situación que neutraliza avisando cada vez que puede a las defensas y a las acusaciones que todos pueden decir lo que quieran, pueden interpretar lo que quieran, pero que serán los tres miembros del tribunal los que dictarán lo que consideren y lo que interpreten. Y todo apunta que serán los tres por unanimidad, porque este juicio no tiene apariencia, por ahora, de tener ningún voto particular.
Tensiones y malas pasadas: la misteriosa antena para comunicarse con barcos en alta mar
Guevara se ha tenido que remangar en las dos últimas sesiones hasta el punto de advertir a las partes que «hace diez días que el juicio está en marcha y no se ha avanzado nada». Así, este miércoles y jueves ha marcado de cerca y ha bloqueado en más de una ocasión algún turno de preguntas. Dos defensas se quedaron sin poder preguntar nada a los testigos de la acusación. Una apuesta arriesgada de cara a futuros recursos por vulneración de derechos procesales, pero con el componente balsámico de que en la sala que preside Guevara no se hacen atrocidades con las garantías procesales a la hora de dictar sentencia.
Dos momentos han disparado el sismógrafo de la sala, más allá del desmayo de uno de los procesados, en la sexta sesión de la vista. En primer término, la antena decamétrica en una casa de uno de los procesados. Según el policía que declaró la existencia de esta antena, el aparato servía «para tener comunicaciones con alta mar». Es decir, con el barco Toran que llevaba las más de tres toneladas de cocaína. Pero, ¡ay!, el abogado del dueño de la casa le preguntó si estaba seguro de la existencia de esta antena. Le preguntó cómo la había visto, qué altura tenía, cómo era… Las respuestas cada vez eran más dudosas y el presidente del tribunal, quizá sospechando las intenciones, dejó que el abogado continuara el rondo hasta que disparó a puerta: «¿Cómo es que esta antena no aparece en ninguna de las actuaciones, en ningún atestado, en ninguna vigilancia, en ningún registro?«. Cambio de registro, el policía quedó atrapado y, finalmente derivó la responsabilidad a su superior con un «¡pregúntele al 101.166!». El juez detuvo la carnicería con mala leche admitiendo que el policía había colado en el juicio una prueba nueva sin que constara en el sumario hasta su declaración.
¿Google Earth y reuniones a distancia?
El segundo momento destacado fue a preguntas de los abogados que desvirtuaron los atestados de la supuesta logística en el mar de la distribución de la droga. De nuevo, las coordenadas jugaron una mala pasada a los investigadores. Grados de más de 60 minutos y minutos de más de 60 que según la policía «si se ponen en Google Earth te dan un punto en el mar». Un punto del cual, hábilmente, el abogado de Sito Miñanco, Jacobo Teijelo, supo sacar provecho porque, según los números de la policía, una lancha había recorrido 720 kilómetros en 7 minutos. Una cifra más que improbable, imposible.
No todo han sido críticas a la policía. Aunque el magistrado ha dejado caer que algunos atestados olían a quemado porque podían parecer «un corta y pega» de otros atestados de otros casos, como la operación Globo, también ha habido momentos para quitar hierro a la sesión. Guevara ha tirado de su particular sentido del humor, justo en el momento delicado en que un policía ha explicado que había descubierto una narcolancha en un camión cuando los narcos gallegos la habían entregado a sus colegas andaluces. Según ha narrado el policía, los andaluces se fueron a un bar de copas a relajarse y fue cuando los agentes se pudieron acercar al camión y ver la narcolancha. «Ves, en manos de los gallegos no pasa nada y con los andaluces…», ha comentado el juez mientras la sala ha estallado en carcajadas. Evidentemente, todos son gallegos, y por lo que dice la policía, todos se conocen.
