La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de San Lorenzo del Escorial, Míriam Matias, ha decidido abrir el procedimiento iniciado por la familia de un catalán enterrado en el Valle de los Caídos, ahora llamado Cuelgamuros. Todo esto después de que hace cuatro meses que Teresa Álvarez Miret y Josep Montmany Álvarez, hija y nieto respectivamente de José Álvarez López, tras un ingente trabajo durante más de quince años, presentaran una denuncia contra el Estado español por crímenes de guerra, delito que no ha prescrito aún.
Ahora se ha alcanzado el primer paso. Una primera fase absolutamente imprescindible y que ha tardado en llegar. La fiscal del caso, Margarita Ranz, se ha hecho esperar porque tenía desde hace semanas sobre la mesa la petición de posicionamiento sobre la competencia del juzgado en la cuestión. Finalmente, en un denso escrito de tres páginas, pidió al juzgado avanzar con la petición de exhumación y de reconocimiento de los hechos que postulaban los impulsores del proceso que “el cadáver de un soldado catalán republicano fue secuestrado por el Estado y enterrado en una fosa común». Ahora la jueza, habiendo escuchado a las dos partes, ha dado el pistoletazo de salida a lo que se prevé será un largo camino judicial.
Plena competencia objetiva y territorial
Según la interlocutoria dictada por la jueza, el pasado 25 de marzo, a la que ha tenido acceso El Món, el juez admite su competencia objetiva y territorial, y aleja el caso del contencioso administrativo. De hecho, la resolución tiene cierta relación con la sentencia que esta semana ha dictado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que permite las exhumaciones en el mausoleo a través de Patrimonio Nacional, el organismo del Estado. En todo caso, la instructora considera que tiene toda la competencia para investigar las «violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura así como el período que va desde la muerte del dictador hasta la entrada en vigor de la Constitución española, para asegurar el derecho al conocimiento de la verdad, que fue largamente ocultada, y la tutela judicial efectiva de las víctimas y sus familiares, que permita la declaración de hechos pasados ante la jurisdicción civil».
Es decir, la jueza determina que es competente para el reconocimiento de que «José Álvarez López murió durante la Guerra Civil, formaba parte de las tropas republicanas, y sus restos fueron trasladados, durante la Dictadura, al Valle de los Caídos, habiéndose confirmado por la misma dirección del Valle que los restos están registrados con el núm. 5.289 y situados en el Columbario nº 1.226, lugar correspondiente a la Cripta Derecha». Una vez este procedimiento termine puede haber el reconocimiento judicial porque, según la resolución, «se trata de establecer la realidad y las circunstancias de hechos pasados determinados». Por tanto, una vez completado este primer trámite judicial, queda la vía para la estrategia de la denuncia por crímenes de guerra que pretende la hija de la víctima y su nieto, acompañados del abogado Josep Rosell que se ha mostrado satisfecho con la nueva resolución. De hecho, no contaba al cien por cien con el apoyo del ministerio fiscal en la primera fase del procedimiento.
Desenterrado en 1959
José Álvarez López fue un combatiente republicano que cayó abatido en la batalla del Ebro y fue enterrado en el cementerio de Horta de Sant Joan (Terra Alta). Pero en el año 1959, veinte años después de su muerte, y con el desconocimiento de la familia, José fue desenterrado y trasladado a la basílica franquista del Valle de los Caídos, el mausoleo fascista levantado por prisioneros de guerra y con la cobertura de la Iglesia católica española.
