La historia también sucede. El ejemplo se pudo constatar este jueves en la sala de vistas del Tribunal Supremo, cuando el presidente de la sala penal, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, pronunció el «visto para sentencia y abandonen la sala» que marca el ritual, en la última sesión del juicio al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Un juicio histórico, donde por primera vez, toda una institución de la Constitución se sentaba en el banquillo de los acusados, en una biosfera contaminada por la compleja vida política y de poderes de Madrid.
La última jornada sirvió para la presentación de los informes de la defensa, de las acusaciones y del ministerio fiscal, que no acusa y pide la absolución. Una jornada intensa, dura, que terminaba con seis sesiones en las que desfilaron 40 testigos y donde todos llevaban el agua a su molino. En un juicio de estado en el que García Ortiz se juega una condena de hasta seis años de prisión y 12 de inhabilitación por revelación de secretos. Concretamente, haber filtrado supuestamente un correo de la negociación de conformidad entre el fiscal y el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para esquivar una condena de prisión por dos delitos de fraude fiscal.
«Una sentencia popular»
Los informes de las acusaciones se pueden resumir en una idea. García Ortiz ha tenido que escuchar que había utilizado la prensa para tener «cobertura legal» para imponer al empresario una «sentencia popular». De hecho, afirmaron que hay suficientes indicios y prueba directa para asegurar que García Ortiz filtró el mail. «No es que se transmitiera a los medios la existencia de un procedimiento penal, es que se transmite que es un confeso delincuente. Se tiene una sentencia pública de condena», denunció la acusación particular de González Amador. En esta línea, acusó a García Ortiz de convertir a la pareja de Ayuso en «moneda política» bajo un «relato institucional» que se ha ido «apuntalando día a día por el gobierno». «Tenemos representantes políticos ejecutando esta sentencia popular diariamente», criticó.
La réplica no se hizo esperar. La defensa de García Ortiz, hoy en la toga del abogado José Ignacio Ocio, justificó el comportamiento de García Ortiz la noche del 13 de marzo, para aclarar una información de El Mundo, ante la «gravedad» de las acusaciones publicadas por el diario contra la Fiscalía. «El fiscal general es inocente», exclamó. Además, apuntó a González Amador como el primer responsable de revelar a los medios de comunicación, en una conversación de la mañana de aquel 13 de marzo con el periodista que firmó la pieza. «Cuando el titular de un secreto hace partícipes a terceros de ese secreto, este pierde el carácter reservado», razonó, para rematar que los «actos propios» son «un elemento delimitador» de «cuando un secreto pierde este carácter».
