No ha habido cambio de guion. La fiscalía y la Abogacía del Estado apoyan ante el Tribunal Constitucional (TC) que al presidente en el exilio, Carles Puigdemont, se le aplique la amnistía. En sus escritos de alegaciones, piden a los magistrados que declaren vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva.
En los escritos, en el recurso de Puigdemont al TC contra el Tribunal Supremo (TS), adelantados por ‘El Español’, tanto el ministerio público como la abogacía del Estado acusan a la sala penal del Tribunal Supremo de una interpretación «irrazonable» y «arbitraria» de la ley al rechazar amnistiar el delito de malversación a Puigdemont. El fiscal y el abogado del Estado argumentan que la ley de amnistía busca precisamente perdonar los delitos relacionados con el Proceso, y solo excluye los casos de enriquecimiento personal, un hecho que no se ha acreditado de Puigdemont.
Si la magistratura constitucional, como todo apunta, da cobertura a las tesis de los letrados de la Moncloa y del ministerio fiscal, las posibilidades del retorno del presidente Puigdemont son más claras. En cualquier caso, si el Constitucional le otorga el amparo, aún tendría que ser concretada por el Tribunal Supremo, a quien corresponde aplicar la amnistía al caso concreto.
«Sin evidencia de beneficio patrimonial»
Según el argumento de la abogacía del Estado, que precisamente defendía la malversación en el juicio, «no hay evidencia de beneficio patrimonial personal por parte de Puigdemont». De esta manera sostienen que la interpretación del TS contradice el sentido y la finalidad de la ley. La decisión de la sala penal «constituye un supuesto de interpretación no motivada e irrazonable de la ley de amnistía», afirma el abogado del Estado. «Los razonamientos en que el Tribunal Supremo argumenta su interpretación no se ajustan (…) al derecho a una resolución jurídicamente fundada, exenta de error manifiesto, irrazonabilidad y arbitrariedad», afirma, por su parte, el fiscal. Las alegaciones del abogado del Estado hacen referencia al «claro propósito» de la ley de amnistiar el delito de malversación.
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