Pocas instituciones están más divididas que el Consejo General del Poder Judicial español. Parecía que el acuerdo entre PSOE y PP y el nombramiento de la magistrada Isabel Perelló habían supuesto una tregua en el eterno Vietnam que jueces progresistas y conservadores mantienen en el CGPJ y que se desenmascara en la alta magistratura española. Esta mañana, el pleno ha vuelto a mostrar las vergüenzas de la división del órgano de gobierno de la judicatura en la falta de acuerdo para el nombramiento de dos puestos claves del Tribunal Supremo.
En concreto, los 21 integrantes del pleno del Consejo han constatado que son incapaces, por ahora, de elegir un relevo en la presidencia de la sala penal del Tribunal Supremo, es decir, un sustituto para el influyente Manuel Marchena, y para la presidencia de la sala del Contencioso Administrativo, la segunda, en la cual se encuentra en funciones Pablo Lucas, el juez encargado de vigilar la actividad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de dirigir los litigios contra las decisiones del poder ejecutivo. Por lo tanto, dos puestos fundamentales en la estructura de los poderes del Estado. Así, los progresistas han votado sus candidatos y los conservadores, los suyos. Perelló ha votado en blanco.
Ahora, la presidenta del CGPJ ha devuelto a la comisión de calificación los candidatos, para que los vuelvan a presentar, tal como obliga la Ley Orgánica del Poder Judicial. De hecho, esta comisión se ahorrará abrir terna para nuevos candidatos y se centrará en presentar los mismos. Los más optimistas dentro del Consejo aseguran que la pérdida de la votación de hoy se daba por «descontada» pero que servía para darse tiempo para negociar durante todo el mes de mayo, mes que ha dado de plazo Perelló.
Diversas votaciones
El pleno ha celebrado cuatro votaciones, pero todas fallidas. De hecho, la propuesta de nombres era la tercera vez que llegaba al pleno, pero, sin embargo, la primera que se votaba. Hasta ahora se había evitado la votación y los miembros del pleno solo debatían. Los cuatro aspirantes son Andrés Martínez Arrieta, sustituto por edad de Marchena y candidato conservador, y Ana Ferrer, -que formuló voto particular en la amnistía- candidata progresista, para dirigir la Sala Penal, y Pablo Lucas, conservador y presidente en funciones y la progresista, Pilar Teso, para la Sala Contenciosa Administrativa.
Las votaciones han sido claras: diez votos del bloque progresista para Ferrer y Teso y los diez del sector conservador para Martínez Arrieta y Lucas. Perelló, por su parte, ha votado en blanco. El ala progresista buscaba que la presidenta del CGPJ y del TS se retratara en esta votación, dado que fue ella quien decidió forzarla. Pero no ha caído en la trampa.
Perelló y el vocal progresista Carlos Hugo Preciado han votado con los conservadores para nombrar letrados del CGPJ, menos uno que ha sido por aclamación. Una unanimidad que se ha repetido para renovar a Joaquín Silguero como director del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), la plataforma de jurisprudencia del Consejo. En cambio, se ha retirado del orden del día el nombramiento del director de la Escuela Judicial, ubicada en Barcelona, por falta de acuerdo. Un detalle más del desacuerdo persistente en el poder judicial español.
