La cúpula de los fiscales apoya al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en su pugna con el Tribunal Supremo por la presunta revelación de secretos en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. El alto tribunal le ha abierto una causa por difundir datos del empresario, acusado de dos delitos de fraude fiscal y otro de falsedad documental. Este miércoles, García Ortiz convocó de urgencia la Junta de Fiscales, quienes por amplia mayoría han apoyado al Fiscal General en su decisión de no dimitir.
Fuentes de la reunión han explicado que solo 8 de los 35 fiscales le han recomendado dar un paso al lado para no perjudicar la institución. El Fiscal General ha asistido a la reunión para dar explicaciones y defenderse de las acusaciones del Tribunal Supremo. García Ortiz ha mantenido que no ha cometido ningún delito y ha defendido su gestión del caso. Una veintena de fiscales le han dado apoyo explícito, y aunque solo ocho verbalizaron la necesidad de que dimita, otros también han criticado la manera de proceder del Fiscal General.
Críticas de Ayuso y presión de los fiscales de base
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado que el Tribunal Supremo haya abierto una causa contra García Ortiz y ha asegurado que lo han “imputado por obedecer las obsesiones del presidente del gobierno conmigo”. El Fiscal General está acusado de difundir datos de la investigación sobre la pareja de Ayuso. “Los poderes del Estado han actuado contra un ciudadano a quien han vulnerado su derecho a la defensa y a quien han condenado políticamente y mediáticamente”, ha sentenciado. “Son unos mafiosos y unos estalinistas trabajando contra el adversario”.
Aparte de Ayuso y la dirección del PP, la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) también piden la dimisión de García Ortiz. “La AF considera que no puede mantenerse en el cargo si valora la dignidad de la carrera fiscal, de la fiscalía, de la institución garante de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos”, recoge el comunicado de la asociación mayoritaria de fiscales, de carácter conservador. Solo la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha mostrado su “total discrepancia” con los argumentos del Supremo.
