La operación judicial a gran escala contra el independentismo está creando una telaraña que, cuanto más avanza, más se enreda. Y se acaban relacionando causas judiciales que, a priori, eran inconexas. La casualidad ha hecho que, en pleno protagonismo del titular del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, por el caso de Tsunami Democràtic, el mismo magistrado facilite volver a poner el foco sobre la trama andorrana de la operación Cataluña. Todo a raíz de un recurso de apelación de Jordi Pujol Ferrusola contra la decisión del juez de no permitir la personación de la familia en la causa Tàndem, que investiga operaciones del comisario de inteligencia José Manuel Villarejo y otros miembros de la policía patriótica.
La decisión de García Castellón ha sido recurrida en apelación ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, su instancia superior. Un recurso puramente procesal y excluido de cualquier argumentación política en que se aprovechan los argumentos del mismo juez para validar el derecho de los Pujol Ferrusola a personarse en el caso como perjudicados por las operaciones de la brigada política espoleadas por la cúpula de Interior en manos de Jorge Fernández Díaz. Ahora bien, la decisión del juez ha permitido, de retruque, validar el proceso abierto en Andorra contra miembros de la policía patriótica por la operación contra los Pujol.
La decisión, además, llega en un momento en que la jueza andorrana está estudiando la ampliación de la querella presentada por el Instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDHA) y la entidad Drets. Una causa con una ingente cantidad de pruebas que de momento tiene imputados el expresidente español Mariano Rajoy y los exministros Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro, a pesar de las argucias procesales que están usando a través de los tribunales españoles para esquivar personarse. De momento, la jueza ha aceptado nombramientos de abogados por parte otros implicados, como por ejemplo el ex secretario de Estado Francisco Martínez, y ha nombrado abogados de oficio andorranos para algunos de los otros imputados.
Un error de base de García Castellón
Andorra ha vuelto al epicentro despacio desde la semana pasada, cuando el juez desestimó un recurso de reforma interpuesto el noviembre de 2021. De hecho, el juez ha tardado más de dos años a resolver un recurso de los Pujol Ferrusola sobre su personación, alegando que se había traspapelado. El argumento de los Pujol Ferrusola son las notas de inteligencia policial firmadas por Villarejo, reconocidas por el mismo comisario, donde detalla como fue la acometida contra los Pujol. Además, hay el informe de la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policial de mayo de 2022, donde se reconocía la contratación de los servicios de Villarejo para el denominado Proyecto Ole, una investigación sobre Oleguer Pujol Ferrusola que posteriormente acontecería la pieza de los «3.000 millones de los Pujol»·
El razonamiento del juez para impedir que los Pujol entraran a la causa Tàndem se puede dividir en dos cimientos. Por un lado, que los trabajos que investiga él son de la actividad privada de Villarejo –a pesar de que con conexiones con la policía patriótica–, cuando en la causa andorrana actuaban como funcionarios policiales. Un argumento recogido ya cuando los responsables de la Banca Privada de Andorra intentaron también personarse a la causa como perjudicados.
Por otro lado, García Castellón asegura que los hechos que se investigan en Andorra son los mismos por los cuales se quieren personar en la Audiencia Nacional. Un hecho que los letrados de los Pujol Ferrusola, Albert Carrillo y Cristóbal Martell, desmienten porque en Andorra reclaman por un delito de revelación de secretos, por la filtración del famoso pantallazo con las supuestas finanzas de la familia. En todo caso, el recurso de apelación ahora deja muy claro que la Audiencia Nacional tiene la obligación de perseguir el delito aunque en Andorra lo estén investigando. Pero, se coja por donde se coja, el juez reconoce que los Pujol fueron perjudicados por las actividades de la policía patriótica.
Coincidencias temporales
La decisión de García Castellón y el recurso interpuesto coinciden además con un momento procesal en que la sección de instrucción especializada 2 de la Batllia Andorrana, el juzgado especializado del principado, estudia los últimos flecos de la ampliación de la querella presentada el pasado 18 de octubre por parte de IDHA y de Derechos. Un escrito de 192 páginas con una cantidad ingente de documentación que ha emergido en varias causas judiciales paralelas, como ahora la causa Tándem o el Emperador, la causa Gao Ping de la BPA, a la Audiencia Nacional española, o a través de documentos y audios difundidos por este diario. Según fuentes próximas al caso, la jueza ya ha digitalizado toda la documentación y está estudiando la base legal de ampliar los imputados e incorporar a la investigación el delito de asociación ilícita y un delito de falsedad documental.
De hecho, la causa se encuentra en estudio por la complejidad del asunto. En este sentido, hay la insistencia del juez de la Audiencia Nacional en el hecho que el que denuncian los Pujol en España es mismo el que investiga Andorra. Un argumento que sirve para espolear la investigación en Andorra dando por sentado que se da por hecho que hubo una actuación irregular de funcionarios policiales españoles en el Principado. Una operación parapolicial para encontrar fondo y cuentas corrientes de la familia del expresidente que acabó con una fotografía de unos saldos bancarios a la portada de
Las tres fases de Andorra
Hoy por hoy, la instrucción de la causa andorrana se ha dividido en tres fases temporales que articularían la operación Cataluña en el Principado. En primer término, la «fase de presión diplomática», que tenía como objetivo obtener información bancaria de los Pujol. En segundo lugar, la fase político-policial, que englobaría las amenazas y las coacciones a la BPA, la entidad donde la policía sospechaba que tenía el dinero la familia del expresidente. Y, en último término, una fase internacional, que pasaría por la utilización del Tesoro norteamericano para provocar la intervención de la BPA. Las tres fases habrían estado «supervisadas políticamente». Este es el algoritmo de salida a los juzgados andorranos sobre las actuaciones en el principado de la policía patriótica en su objetivo de parar el Procés.
La personación reclamada a la Audiencia Nacional incluye pruebas de intrusiones en el domicilio, captación bajo precio de testigos pretendidamente de cargo y elaboración de documentación mercantil falsa o coacciones relacionados con Villarejo y otros policías con recursos policiales y parapoliciales, siempre «financiados con dinero público». Esta sería la actividad desplegada en Andorra. De hecho, la misma policía española admite en un informe policial que estas actividades eran delictivas, una conclusión que el juez incorporó en una interlocutoria el 28 de octubre de 2021.
La negación de la condición de perjudicados a los Pujol Ferrusola y, por otro lado, concluir que hay relevancia penal de los hechos, como entendió la policía al comprobar las notas informativas de Villarejo, ha trasladado de nuevo el foco en Andorra. La justicia española avala la investigación andorrana y abre una rendija ancha para certificar que los Pujol fueron víctimas de la Operación Cataluña, como demostraría la trama andorrana de la operativa de la policía patriótica.
