El titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha decidido enviar al Tribunal Supremo la polémica causa que investiga Tsunami Democrático, que el 6 de noviembre reactivó con una interlocutoria que hizo saltar todas las alarmas, pensada para intentar vallar el paso a la amnistía, puesto que pretende encausar por terrorismo Carles Puigdemont, Marta Rovira y diez personas más. La misma proposición de ley de la amnistía que se tramita en el Congreso recoge que los casos de actas terroristas tipificados por la directiva 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2017 sobre esta cuestión no pueden ser amnistiados.
Los redactores de la ley tuvieron en cuenta este punto para dar seguridad jurídica –evitar que el TC la tumbe– y están convencidos de que casos como el del Tsunami no pueden pasar de la calificación de desórdenes públicos, y en ningún caso hay terrorismo. Uno de los requisitos para aplicar la directiva europea que excluye casos de la amnistía es que haya muertes intencionadas. Por eso, las defensas de los imputados mantienen que no se sostiene que se los quiera vincular con la muerte de un ataque de corazón que un turista francés al aeropuerto del Prat el día de la protesta contra la sentencia del Proceso. Una muerte, por otro lado, que los Mossos d’Esquadra ya han informado que no encuentran ningún rastro en sus atestados.
El papel de la fiscalía, clave de la maniobra
El magistrado ha sorprendido este martes con una nueva maniobra al centrifugar la causa campo al Supremo. En el que se denomina, en lenguaje judicial, una exposición razonada, alega que traslada el expediente porque «hace falta la práctica de diligencias de investigación» que él no puede practicar porque Puigdemont y el diputado del Parlamento de Cataluña Rubén Wagensberg, uno de los imputados, son aforados.
Para entender este movimiento rápido de García Castellón se tiene que tener en cuenta el factor fiscalía. El fiscal en ningún antiterrorismo de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, saltó inmediatamente contra la interlocutoria del magistrado para imputar por terrorismo doce personas. De hecho, presentó un recurso en contra porque no está de acuerdo con la calificación de terrorismo de las acciones de Tsunami, que no fue nada más que un colectivo para convocar protestas contra la sentencia del Proceso. Irónicamente, Carballo ha acabado haciendo pinza con Gonzalo Boye, que como abogado del jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay –uno de los imputados–, ha presentado ya varios recursos en el mismo sentido.
En cambio, en el Supremo el panorama de la fiscalía es otro: el frente encabezado por Javier Zaragoza, con Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, son el núcleo duro de la oposición más derechista al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que la semana pasada los envió una carta para gritarlos a la orden. En el texto, que hizo llegar a los 2.691 fiscales que actúan en el Estado español, pero que iba especialmente dirigida a los rebeldes del Supremo, los recordaba su autoridad en una institución que es jerarquizada y alertaba que el posicionamiento -en todo caso técnico-jurídico- de la fiscalía española sobre la amnistía se hará cuando toque «a través de los caminos estatutarios y a los procedimientos en los cuales demanda la intervención del ministerio público”. “En consecuencia, el Fiscal General del Estado tiene que mantener una posición pública que refuerce el principio de imparcialidad con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses”, añadía.
A pesar de la batalla que está intentando García Ortiz, la resistencia es fuerte, y todo indica que García Castellón busca fiscales afines que le afinen la imputación contra el Tsunami por terrorismo. Las dos Españas se enfrentan también en esta partida.
