Solo dos días después de las elecciones en el Parlamento de Cataluña del 12 de mayo. El próximo martes, día 14, es la fecha elegida por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel Garcia Castellón, para citar los dos policías que se han personado en la causa de el Tsunami Democrático como víctimas. El juez los ha citado para las diez de la mañana como testigos-perjudicados. De hecho, la semana pasada la defensa penal de los dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía que resultaron heridos durante las protestas postsentencia iniciaron los trámites para ser reconocidos como víctimas de terrorismo y cobrar la correspondiente indemnización.

En una diligencia de un folio y a la que ha tenido acceso El Món, el magistrado también ofrece a las partes -a la vista de la limitación temporal- la posibilidad de asistir a través de videoconferencia a la declaración de los dos policías. Esta es una de las principales diligencias que necesitaba el juez para continuar adelante con la instrucción y más, cuando el ministerio fiscal, se ha opuesto absolutamente a considerar esta instrucción como una causa de terrorismo.

El juez Manuel García Castellón, el gran instructor contra el Proceso/Europa Press
El juez Manuel García Castellón, el gran instructor contra el Proceso/Europa Press

Unos policías clave

El papel de los policías es clave en la acusación que puerta de jefe el juez. De hecho, gracias a su personación ha podido remitir al Tribunal Supremo, a su sala de lo penal, una exposición razonada para que procesen -como aforados- el presidente al exilio Carles Puigdemont y el secretario de la Mesa de Parlamento, el republicano Ruben Wagensberg. De hecho, los dos ya han sido citados por videoconferencia el próximo mes de junio. La personación de los dos policías fue puesta en entredicho por varios investigados que consideraron que se acordó fuera de plazo. El juez, y posteriormente la sala de apelaciones, avaló la decisión. Al final, sus personaciones como acusaciones eran absolutamente imprescindibles para sostener una acusación de terrorismo que el ministerio fiscal, entonces en manos de Miguel Ángel Carballo, no veía en ninguna parte.

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