Ni los recursos del ministerio fiscal ni de la Abogacía del Estado han servido de nada. Finalmente, la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional que preside el magistrado Felix Alfonso Guevara ha decidido archivar de manera definitiva la causa abierta de los «3.000 millones de los Pujol» , la «causa Drago», que se mantenía abierta desde hace más de 9 años, contra Oleguer Pujol Ferrusola a pesar de que se había archivado para el resto de procesados. La resolución ratifica la decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, del pasado 13 de julio donde cerraba la causa por carencia de pruebas ni de ningún indicio que indicara la comisión de ningún delito.
El ministerio fiscal, en manos del fiscal anticorrupción José Grinda y la abogacía del Estado, interpusieron recurso de reforma que fue desestimado el pasado mas de septiembre. La última oportunidad fue interponer el recurso de apelación, al que se adhirieron las acusaciones de Podemos y Grande Tibidabo. Pero este 31 de octubre, los tres magistrados de la sala han convenido cerrar definitivamente el caso con una dura interlocutoria de ocho páginas, a la que ha tenido acceso El Mundo. Una resolución con que critican la vulneración del «derecho a la seguridad jurídica de los procesados» que se ha registrado en un caso, donde incluso, la Agencia Tributaria todavía no ha aportado un informe pedido por el juez hace más de dos años. La resolución no admite jefe más recurso.
No hay ningún indicio más
Los magistrados, en su interlocutoria, aseguran que Pedraz no ha vulnerado ni de lejos la tutela judicial efectiva del ministerio fiscal y la abogacía del Estado para justificar el archivo de la pieza de manera «breve». Antes al contrario, y los remite a la resolución del recurso de reforma y a las interlocutorias de archivo de los otros procesados que hacía meses que estaban fuera de la causa. En este marco, reprochan que en esl recursos no hagan ninguna referencia a pruebas o indicios que obliguen a replantearse la reapertura de la instrucción.
«Ante estas conclusiones del instructor, los recurrentes, al alegar la procedencia de continuar el procedimiento, no hacen referencia a ningún indicio, que se haya podido obtener durante la tramitación de la pieza separada, de conducta delictiva, de Oriol Pujol, único investigado en este momento después de los sobreseimientos del resto de imputados», argumentan los jueces. Es decir, que los togados consideran que ninguno de las dos acusaciones ha aportado nada ni ningún material indiciario ni incriminatorio que los hagan replantear la reapertura de esta pieza separada bautizada como «Caso Drago».
Un eterno caso procesal
El caso Drago se remonta a la participación de Oleguer Pujol en una operación inmobiliaria por la venta de 1.152 locales e inmuebles de Banco Santander en 2007. Un negocio del cual Oleguer Pujol y sus socios cobraron las correspondientes comisiones. El juez intuyó que había una operación de blanqueo y el caso hizo aumentar la factura mediática de la familia Pujol Ferrusola hasta los famosos “tres mil millones”. Una acusación que activó el equipo defensor del pequeño de los Pujol, formado por Albert Carrillo i Cristóbal Martell, que negaron desde el primer momento las acusaciones aportando una ingente prueba documental al caso que desmontaba la acusación de la fiscalía.
En una interlocutoria datada el 16 de septiembre de 2022 el juez anuló las imputaciones de todos los investigados levadura, curiosamente, de Oleguer Pujol y dos de los socios, los holandeses John Willekes y Jacob Broers. El magistrado exoneraba, entonces con la complicidad del fiscal Grinda el resto de socios del pequeño de los Pujol: José Maria de Villalonga Cardellà, su hijo José Maria de Villalonga Cabarrocas, Gabriela de la Rosa Misol y Javier de la Rosa Misol, ambos hijos del financiero Javier de la Rosa. Diez meses después, el juez cerró definitivamente el caso, pero fiscalía y abogacía del Estado quisieron continuar.
